Comentario Político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Quién no ha utilizado el Viaducto Bicentenario y ha constatado lo que ya de por sí se conoce, en el sentido de que es la vía carretera más costosa para quienes la utilizan, que en la mayoría de los casos, son los habitantes de un buen número de municipios que unen con la capital del Estado de México.
El Viaducto Bicentenario fue construido en tiempos en los que el gobernador era Enrique Peña Nieto y tiene una extensión de aproximadamente 22 kilómetros; primero se llamó OHL y ahora Viaducto Bicentenario, pero la empresa es Aleatica.
Desde su construcción hasta ahora su uso ha sido un ejemplo de corrupción; ya que es un bien nacional de uso común, que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, debido a que carece de una concesión del Gobierno otorgada por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la institución facultada para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos federales.
El abogado Paulo Diez Gargari en su momento hizo una denuncia en la que afirma que tan solo en 2019, la empresa Aleatica tuvo un ingreso ilegal por cuotas de peaje del Viaducto Bicentenario, por casi 1.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares).
Después de exponer 107 datos de prueba, los abogados de la Fiscalía General de la República, solicitaron al juez de federal Daniel Ramírez Peña, la vinculación a proceso de los siete implicados en la presunta explotación del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México.
Se trata de Ernesto Nemer, ex secretario de Gobierno, Gilberto Limón, ex secretario de Movilidad; los ex titulares del Sistema de Autopistas, Alberto Angulo, y de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares, así como los representantes de la empresa Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., filial de Aleatica (antes OHL); Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y Rubén López Barrera; funcionarios que fueron acusados por el abogado Paulo Diez Gargari, quien promovió el juicio por el delito “explotación de un bien nacional sin concesión del Gobierno federal”.
Las acusaciones por las que deben responder los funcionarios señalados son:
Intervención en asociación delictuosa. La parte acusatoria sostuvo que los ex funcionarios del gobierno estatal, se asociaron para explotar un bien común y lo hicieron de forma dolosa, porque conocían el proceso legal para hacerlo
Usurpación de funciones públicas. Por este delito solo se le acusa al ex director de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares, ya que se argumenta que firmó un convenio para la explotación del Viaducto Bicentenario, cuando ya no ostentaba el cargo en mención.
Explotación de un bien de la nación. Los siete imputados son acusados de participar en este delito, unos como autores materiales (los ex funcionarios) y otros más por materializar la ejecución del delito (los empresarios).
Los actos presentados hablan de una conducta de explotación de un bien de la nación y afirmar lo contrario sería privilegiar la impunidad.
Queda claro que la única instancia que puede permitir concesionar un bien de la nación es la Secretara de Infraestructura y Comunicaciones, la cual a la fecha no ha emitido concesión alguna para el Viaducto Bicentenario.
Sería de Justicia que mientras se resuelve el caso no se siga afectando la economía de los usuarios, con los altos cobros que se le hacen por peaje.
