Velando por los intereses de la comunidad y dándole la observancia jurídica necesaria a temas tan álgidos que atentan contra la economía familiar, la Asamblea Legislativa está proyectando presentar en breve una “tarifa social” con la finalidad de frenar el alza tan desmedida en el consumo de la electricidad.
Desde que estalló el conflicto referente a la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue consolidándose de ser una “paraestatal” que funciona como un ente privado, al aplicar tarifas engañosas que en lugar de advertirse como un organismo al Servicio del Estado, su estructura va más allá de lo anormal.
Pese a todo este esquema, la Asamblea Legislativa exigió a la CFE informe sobre el total de quejas y demandas recibidas por el mal servicio en la Ciudad de México, toda vez que existe un reclamo generalizado por los altos cobros, reiterando su proposición sobre el establecimiento de una tarifa social con cobros diferenciados para beneficiar a los sectores más desprotegidos.
Sin embargo, la CFE no le interesa en lo más mínimo de cumplir con un mandato legislativo, sino que reta a las instituciones republicanas a no adherirse a ningún pacto porque cree que todos son de su condición, es decir, incrementan las tarifas como si no hubiera un ente regulatorio para evitar una política de abusos “institucionales”, cuando el salario mínimo es considerado un salario de hambre.
Para ese propósito, el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa, aprobó un exhorto a la CFE, para que explique por qué incrementó las tarifas de los servicios.
Asimismo, le exige a la CFE informe sobre el impacto real de esta decisión a la capital de la República, porque es una “medida engañosa que afecta a todos los capitalinos, porque al pegarle a las empresas incide en toda la cadena productiva y se incrementarán servicios y productos’.
En el exhorto, promovido por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también se le exige a la CFE que designe un enlace permanente con capacidad de escuchar y dar soluciones expeditas a las quejas ciudadanas por cobros indebidos y excesivos.
Se le demanda de igual forma, informe sobre el número total de quejas y demandas recibas por el servicio que brinda en la CDMX desde 2012 a la fecha, ya que se ha observado que la Procuraduría del Consumidor se ha transformado en cómplice de ese fenómeno que le llaman “crimen organizado institucional”.
Además, la propuesta solicita que en cada uno de los módulos de atención de los diputados locales deberán recibir o retomar las peticiones de quejas de los ciudadanos, y dar seguimiento de los casos con el enlace designado por la CFE.
También, le exige a la CFE informar a la Asamblea Legislativa, sobre la cartera vencida de la CDMX por delegaciones y colonias con la finalidad de que, de manera conjunta, el Gobierno Local, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la CFE revisen la implementación de un programa dirigido a los usuarios de la tarifa 1 en las colonias con índice de pobreza y pobreza extrema, con el fin de abatir adeudos históricos comprendidos hasta el 31 de diciembre de 2015.
Dentro de ese margen de demandas, también se solicita a la CFE y a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía que realice una campaña, en coordinación con la Asamblea, que tenga como objetivo dar a conocer a los habitantes de la CDMX los beneficios, oportunidades y requisitos, tanto para la autogeneración de energía eléctrica, como del ahorro energético en los hogares.
Y como lo dicen los diputados locales, es que en la CDMX existen casi tres millones de usuarios que consumen al menos el seis por ciento de las ventas nacionales de energía eléctrica, además de que se trata de un reclamo generalizado por los altos cobros, lo que da origen a cortes y suspensión del servicio sin ser atendidos eficientemente.
Refiere la Asamblea Legislativa que la CFE anunció que durante julio subirán las tarifas para los sectores industrial, comercial y doméstico de alto consumo debido al precio del combustóleo y del gas natural al incrementar 8.4% y 18% respectivamente, “lo que demuestra un rotundo fracaso de la reforma energética”.
Expresa el recinto de Donceles, que los cambios de voltaje recurrentes en domicilios de las ciudadanos son muy conocidos y que el número de quejas ante la PROFECO ha provocado que la CFE encabece la lista de las 10 instituciones con más quejas en los últimos años, y sólo para el 2015 se estima que obtuvo más de un millón 360 mil quejas.
La facturación es otro problema, ya que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, indica que 4 de cada 10 facturas que se expidieron mediante la determinación de cantidades sin realizar la toma de lectura en medidores, es decir, fueron hechos sin ajustarse a criterios establecidos.
Desde la V Legislatura de la Asamblea, se aprobó la creación de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica; ahí se realizaron miles de denuncias por usuarios que se quejaron por cobros excesivos que pasaron de los 300 o 400 pesos a los 2 mil hasta 20 mil pesos, ellos se han visto forzados a pagar bajo amenaza de que se les cortaría el suministro eléctrico.
Realmente no es justo mantener ese tipo de políticas avasallantes en contra del colectivo social, sobre todo porque se requiere de una tarifa social que apoye con tarifas diferenciadas a la diversidad de sectores sociales; también debe operar un convenio de la Federación con la CDMX para la disminución de cantidades no pagas por el concepto de energía eléctrica para personas con discapacidad, pensionados, jubilados, adultos mayores, madres solteras, y demás personas en situación de vulnerabilidad para evitar que caigan en pobreza energética.
La ALDF sostiene finalmente que en este documento, se solicita que la PROFECO informe sobre todas las quejas recibidas, atendidas y no atendidas por colonia y delegación en contra de la CFE de 2010 a la fecha, es decir, menudita tarea le dejaron a estas instituciones, y conforme a su respuesta inmediata, se descifrará si realmente corresponden a ser entes para el beneficio social, o se han privatizado bajo esquemas de trampas sistematizadas.
De tal suerte que la CFE se ha transformado como una empresa enemiga de la solidaridad popular, que ahora se tiene que vencer, y no se duda -en nada- que detrás de esta problemática, sus funcionarios actúen como auténticos empresarios panistas, quienes todo lo que ven como negocio redituable, explotando o robando “legalmente”.
