Pienso que para entender la inflexibilidad del gobierno de la república con relación a las llamadas reformas estructurales que se propuso sacar adelante desde el primer día de su ejercicio, hay que entender primero el modelo económico en cuyo marco se mueve y trabaja la economía del país. Me refiero, por supuesto, al modelo neoliberal (al que sus beneficiarios y propagandistas prefieren llamar economía de mercado o de libre empresa). Creo que es necesario, en primer lugar, darse cuenta que su implantación en los países económicamente rezagados como México, no es una opción libre y voluntariamente escogida por sus ciudadanos y gobiernos, sino una férrea imposición de las superpotencias que hoy por hoy rigen los destinos de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Esto implica que ni las masas trabajadoras (las cada día más empobrecidas masas populares del planeta), ni sus propios gobernantes (suponiendo que estos últimos quisieran hacerlo), tampoco tienen alternativa ni grandes márgenes de maniobra para escapar a la dictadura de las élites mundiales del dinero, a su temible poderío militar y a la influencia avasalladora de sus gigantescos medios de propaganda y difusión, y para escoger un camino más eficaz y menos doloroso en pos del crecimiento y desarrollo económicos que tanta falta les hace, sin incurrir en el enojo de los poderosos y sin desencadenar sobre ellos calamidades y plagas mayores y más mortíferas que las siete plagas de Egipto. Y si no, que lo digan Argentina, Brasil y sobre todo la República Bolivariana de Venezuela.
Hay que darse cuenta, creo yo, que estamos viviendo en la era posterior a la guerra fría, posterior al enfrentamiento histórico entre el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos, y el modelo socialista, encabezado por la extinta Unión Soviética, una guerra que los señores del capital creen haber ganado de modo absoluto e indiscutible, razón por la cual esgrimen ante la faz del mundo el derecho del vencedor sobre los vencidos, esto es, el derecho a disponer de todos los haberes, de todos los bienes e incluso de la vida misma de los derrotados, que para ellos son todos los pobres y débiles del planeta aunque muchos de ellos no hayan participado ni poco ni mucho en esa guerra. Como lo dijo en frase lapidaria alguno de los representantes conspicuos de los vencedores: Sí hay, sí hubo lucha de clases en el mundo; pero esa lucha, esa guerra, la hemos ganado nosotros. Es el capitalismo post-guerra fría el que exige a todos los países que no forman parte del club de los ricos y vencedores que derriben hasta el último vestigio de defensa económica frente a la invasión masiva de mercancías, capitales y propaganda que los poderosos quieran o necesiten enviarles; exige también las máximas concesiones y facilidades para que sus empresas funcionen con absoluta libertad, para que dispongan de tierras, insumos, energéticos, servicios y mano de obra suficiente y suficientemente cualificada, todos ellos a precios de regalo. Al mismo tiempo, exigen que se les exima de cualquier obligación hacia el fisco del país huésped, de cualquier obligación contractual, prestación, indemnización y de cualquier tipo de seguro para sus trabajadores, y de cualquier responsabilidad con el medio ambiente, todo ello con el argumento de que tales desembolsos les restarán competitividad y reducirían sus tasas de ganancia. Por último, exigen también que se les abran las puertas de acceso a la producción de bienes y servicios que antes se llamaban “no comerciables”, algunos de los cuales eran monopolio del Estado, como la salud, la educación, los hidrocarburos, la producción y distribución de la energía eléctrica, y los servicios como el agua, el drenaje y la recolección de basura. En resumen, exigen que se les entregue la economía entera sin faltar ni un clavo, y a los propios trabajadores y consumidores atados de pies y manos y debidamente amordazados para evitarse problemas.
Es a la luz de estas exigencias del modelo como se explican las reformas: la reforma energética, la de las telecomunicaciones, la laboral para “flexibilizar” el mercado del trabajo y, por supuesto, la reforma educativa. No entender el verdadero carácter, la necesidad insoslayable de la reforma educativa, es quizá el verdadero error de la CNTE y de sus asesores políticos, error que se ha traducido en un empecinamiento que no ha dejado al gobierno del país otra opción que endurecer su trato, puesto que derogar la reforma educativa es algo que queda fuera de sus posibilidades actuales. Sin embargo, es un deber elemental de cualquier conciencia libre demandar de los encargados de impartir justicia que se ajusten estrictamente a la ley y al espíritu de justicia que (de algún modo y en alguna medida) palpita en la legislación penal mexicana; es deber de cualquier hombre honrado que se identifique con las causas populares en lo hondo de su conciencia, reclamar imparcialidad, objetividad y recta aplicación del derecho a cualquier ciudadano que lo infrinja, y no actuar por consigna ni con espíritu de venganza contra nadie, por muy criticables e irritantes que resulten sus hechos para los medios informativos y para la opinión pública.
Todo el país ha visto, ha seguido y conoce más o menos bien la actuación de la CNTE (en particular la sección 22 de Oaxaca) y sus líderes en su lucha contra la reforma educativa. Los ha visto, los hemos visto tomar casetas de peaje, bloquear carreteras, aeropuertos, amenazar y maltratar a sus propios compañeros disidentes, tomar por asalto edificios públicos, incendiar muebles, papelería oficial (y a veces todo el edificio), gasolinerías, impedir el normal funcionamiento de oficinas de gobierno y varios etcéteras más. Precisamente por eso, resulta una sorpresa indigerible enterarnos de que a los líderes de la sección 22 de la CNTE, actualmente encarcelados, no se les detuvo por alguno o por todos estos hechos juntos, que son del dominio público y por tanto evidentes e innegables (me abstengo de calificarlos de delitos simplemente porque yo no soy juez de nadie), sino por robo de las cuotas sindicales y por lavado de dinero, acusaciones que exhiben más de una inconsistencia obvia y que hacen muy sospechoso el carácter legal y justo de su detención. En efecto, suponiendo que sea verdad el “robo” de las cuotas sindicales, lo primero que se antoja preguntar es: ¿no deberían ser los afectados, es decir, los maestros despojados de sus cuotas, quienes tendrían que formular la queja ante la autoridad competente? Y si, como se deja traslucir por el decidido apoyo que prestan a sus dirigentes, no son ellos quienes formulan la acusación, ¿quién y por qué lo hizo en su lugar? ¿Qué interés tiene en ello y qué tan válida es su acusación?
Respecto al lavado de dinero, creemos saber que la ley respectiva exige, para que tal delito se configure, que el acusado haya llevado a cabo operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (no que se haya apoderado ilícitamente de recursos cuyo origen es totalmente legítimo y transparente) con el fin doloso de ocultar su “origen” criminal. En el caso de los líderes de la CNTE, es más que claro que el dinero que supuestamente “lavaron” procede de las cuotas sindicales de sus compañeros, es decir, que tiene un origen totalmente legal, estatuido por ley, razón por la cual podrá haber desvío de fondos, peculado, abuso de confianza, etc., pero no lavado de dinero. Es inevitable preguntar: ¿qué necesidad hay de imputarles delitos de dudosa factura cuando sobran hechos bien documentados que pueden ser constitutivos de delito? ¿Hay que suponer que esos hechos, que a todos constan, no son un delito, o que no son lo suficientemente graves como para dar a los insumisos una lección ejemplar? No lo sabemos; pero, en cualquier caso, los antorchistas no estamos de acuerdo en que se tuerza la ley para adecuarla a un castigo preconcebido y no queremos quedarnos callados ante esa posibilidad. Aquí se aplica aquello de: si hoy callas ante la injusticia, mañana la víctima puedes ser tú. Aquiles Córdova Morán
