Tenebrosa historia de un asesinato sin resolver

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·        El crimen en contra del notario José Ortiz Girón ha quedado en la impunidad

·        En las cúpulas del Notariado Mexicano existe una red de complicidades

Blas A. Buendía

 

En la esfera del poder legislativo, se condenó que las cúpulas del Notariado Mexicano existe una red de complicidades que al inicio se hizo gran alharaca por esclarecer el asesinato de su distinguido miembro José Ortiz Girón, y siete meses después, rehúyen en seguir hablando de este sangriento suceso ocurrido el 18 de julio del 2023, en el marco de las festividades tradicionales de la Guelaguetza en Oaxaca.

Entre sus actores, pareciera que esta “tenebrosa historia de un asesinato sin resolver” pudiera quedar en los anales de la impunidad, toda vez que en el marco de esta maraña de confabulaciones, existe un tráfico de influencias de alto relieve, donde se ven involucradas autoridades judiciales oaxaqueñas, en connivencia con la Fiscalía General de la República, para proteger al criminal intelectual que obedece al nombre de Allan de Jesús Corona Romero, hoy prófugo de la justicia.

Sin embargo, existe un doble discurso por parte de los postulantes notariales quienes apuestan por “servir al pueblo con moralidad y con verdadera vocación”, lo que viene a retumbar en su credibilidad ya que si no han podido exigir y estar al pendiente de las actuaciones judiciales para atrapar al “joven Allan” —de quien se estima que pudo haber huido al otro lado del Río Bravo, gracias a que su padre es un notario potentado que opera en la Unión Americana—, menos lo harán por el pronto esclarecimiento del asesinato en contra de José Ortiz Girón.

Entre Notarios se vean, reza un proverbio, a través del cual se enfatiza la importancia de la fe pública notarial en el sistema jurídico mexicano, es decir, la Real Academia Española destaca que “La fe pública notarial se refiere a la certificación que un notario otorga a un documento o acto jurídico, dándole presunción de veracidad y legalidad”.

Hay dos tipos de fe pública notarial: Fe pública originaria: El notario está presente en el acto y es testigo directo de lo que sucede. Por ejemplo, cuando está presente en la firma de un contrato y es testigo de todo lo que se habla y acuerda, puede dar fe pública notarial originaria de ese contrato; y la otra faceta, la Fe pública derivada: El notario certifica documentos preexistentes que le son presentados. Por ejemplo, si alguien quiere vender una propiedad, el notario puede dar fe pública notarial derivada de la escritura de compraventa que le es presentada.

Bajo ese esquema de ejemplos, en la víspera del año 2024, un ejército de Notarios se comprometió a dar certidumbre y transparencia al proceso de las elecciones federales del dos de junio.

Prestarán sus servicios para brindar fe pública visualizando certidumbre y transparencia en la próxima jornada electoral, en la cual se elegirá al titular del Ejecutivo Federal, representantes legislativos y de gobiernos Estatales.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza, al señalar que la atención y el servicio público que ofrecen los Notarios durante los procesos electorales es de suma importancia, ya que contribuyen a garantizar la normalidad de los mismos, otorgando fe pública en caso necesario de actos, procedimientos o posibles irregularidades e incidencias.

El pasado 28 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó dos convenios de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la certidumbre jurídica y la fe pública en los actos previos, durante y posteriores a la Jornada Electoral de Junio.

En la firma de los convenios, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala hizo votos porque esta unión sea fructífera y “contribuya a la consolidación del Sistema Nacional Electoral, mediante un proceso electoral transparente, justo y ejemplar”.

Si bien existe el compromiso de trabajar juntos para salvaguardar la voluntad de los más de 90 millones de mexicanos que acudirán a las urnas el domingo dos de junio, según afirmaron que “así lograr fortalecer la democracia en nuestro país”.

Pero los buenos destellos y deseos que se suscriben en coadyuvar con la transparencia y el estricto apego a la ley en los comicios, contribuyendo así al sano ejercicio de la democracia, la cúpula notarial ya se le olvidó el asesinato que se cometió en contra de uno de sus más prestigiados agremiados, José Ortiz Girón, acción que se manifiesta en la excepción, soslayando no solo el Código Penal del país, sino el propio estado de Derecho, por la opacidad para capturar al responsable intelectual del asesinato de José Ortiz.

Lo cierto es que para el Notariado Mexicano le es más redituable ganar millones de pesos que andarse con preocupaciones del caso de Don José, porque según trascendió, son ahora las autoridades judiciales las que le deben dar seguimiento al crimen de su agremiado el cual ha quedado en “Dormir el sueño de los justos”.

Este reportero se ha dado a la tarea de darle seguimiento al asunto del notario  Ortiz Girón, solo que se ha topado que tanto el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio Montes de Oca, y Guadalupe Díaz Carranza, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, entre otros personajes, inicuamente se niegan a reabrir el carpetazo que desde hace siete meses le restaron importancia, debido a su parcialidad.

Los fedatarios, en la praxis, carecen de ética y calidad moral porque han caído en los tentáculos de corrupción al ser permisibles para, inexplicablemente, no presionar al Poder Judicial del estado de Oaxaca, en el esclarecimiento del crimen en contra de uno de sus reconocidos colegas del ramo, José Ortiz Girón, donde se involucra al otro Notario, Allan de Jesús Corona Romero. El delito está calificado como homicidio calificado con ventaja. Hasta hoy en día, sigue prófugo de la justicia, tras los sucesos registrados en el marco de las festividades de la Guelaguetza-2023.

 

Conspiración criminal

El Notariado independiente de México reiteró su condena que el Colegio de Notarios del Estado de México, haya asumido una actitud sospechosa de “dolo deliberado”, luego de que hace siete meses, fuera asesinado José Ortiz Girón, quien era una de las figuras más prominentes dentro de este sector profesional, a quien le arrebataran la vida en una conspiración criminal.

Lo anterior surge como una respuesta tendenciosamente morosa por parte de Juan Castañeda Salinas, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios mexiquense, quien a través de un “informe circular”, calificó como “atroz delito” el crimen cometido en contra de la persona de José Ortiz Girón, acuchillado por sicarios el 18 de julio, en el marco de las festividades de la Guelaguetza-2023, en Oaxaca.

En la escueta repercusión, se advierte que “por acuerdo unánime del Consejo Directivo, me dirijo a ustedes en torno a las publicaciones que ‘recientemente’ se han dado a conocer en medios de comunicación, respecto a los hechos que privaron de la vida a nuestro querido colega notario José Ortiz Girón…

“Y hago de su conocimiento que, el Consejo en su oportunidad, solicitó de manera formar al titular del Ejecutivo del estado de Oaxaca, que destinara los recursos necesarios para con la investigación del atroz delito y que se garantizara que en todo momento el estado de derecho prevalezca…

“Hemos sido respetuosos de las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales y reiteramos nuestra absoluta confianza en que habrán de realizarse con total apego a derecho…

“Estamos ciertos, que los sensibles acontecimientos en ningún momento demeritan el trabajo comprometido y sensible que cotidianamente realizamos en favor de la sociedad, garantizando en todo momento la seguridad jurídica”, finalizó lo que se considera la posición política-jurídica del Colegio de Notarios del Estado de México, a través de su “informe circular”.

En torno a este gravísimo acontecimiento se conjuga un aparente “complot diseñado” por el autor intelectual de nombre Allan de Jesús Corona Romero, quien fue titular de la Notaría 204 del municipio mexiquense de Chicoloapan, y que pese a que hoy es un prófugo de la justicia, todavía tuvo el cinismo de incurrir en el delito de abuso de confianza en contra de quienes contrataban sus servicios para dar fe a casos relevantes.

La rectitud notarial, cabe señalar, es un principio ético y profesional que guía la conducta de los notarios. Se refiere a la obligación moral y legal de los notarios de actuar con honestidad, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones, lo que para Allan de Jesús, quebrantó el espíritu en defensa del derecho ético.

En este contexto, el Notariado independiente demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, reitere su instrucción a la Fiscalía General de la República que, conforme a los protocolos correspondientes en geopolítica de colaboración internacional contra el crimen organizado, solicite a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL-México), publique la “notificación roja” (ficha roja) para la pronta localización y detención provisional de dicho personaje, que hoy es perseguido por la ley con carácter de extradición.

Si bien la ficha roja contiene información relacionada a delitos por los que ahora se le busca al C. Allan de Jesús Corona Romero, a menudo México solicita a la Policía Criminal Internacional, la captura de personas vinculadas en asesinatos, violaciones, abuso de menores o delitos de robo a mano armada, entre otros de lesa humanidad.

Este reportero también buscó sin éxito alguno, al presidente del Colegio de Notarios mexiquense, Juan Castañeda Salinas, a quien se le iba a consultar la afectación de la reputación del Notariado Mexicano, a pesar del posicionamiento de su “comunicado circular”, el cual no convenció debido a la crisis de credibilidad por la que atraviesan los notarios en el país.

Indudablemente, la Organización Internacional de Derechos Humanos, Artículo 19 —que promueve la protección y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en México y Centroamérica—, han sido asesinados más de 40 periodistas en lo que va del sexenio de López Obrador, creando paralelamente un Estado  de zozobras para los comunicadores y la sociedad en general, ya que las autoridades judiciales también han contribuido para no aclarar de forma inmediata el crimen del notario José Ortiz Girón.

Los notarios independientes reflejan el sentir de la sociedad, ya que cabe insistir, reprobaron al gobierno del Estado de México “haberse deslindado del crimen de Pepe”, pues acusaron, “a esos seres privilegiados les importa tener la patente para con ella, seguir haciéndose multimillonarios, configurarse como auténticas  transas porque —además— la sociedad percibe que el 99.9% de los notarios deshonestos, solo están al servicio de los potentados y al margen de la mayoría poblacional por los altos costos que representa conseguir ‘la honorable firma de fe notarial’ correspondiente en todo asunto legal”.

Referente al insólito “extravío” del ahora ex notario Allan de Jesús Corona Romero, el caso se radicó como otro fenómeno del “sospechosísmo” que prevalece entre la Mafia del Poder criminal notarial, ya que desde la cúpula del notariado mexiquense, el Colegio en referencia incurrió en un “dolo deliberado”, porque aparentemente pretendía seguir ocultando una de las más importantes líneas de investigación que podrían conducir cuál fue el verdadero móvil del crimen del licenciado José Ortiz Girón. “Solo con la detención de Allan, se despejarán las dudas”, urgieron.

Entre el gremio notarial independiente sigue existiendo un justificado malestar por la falta de probidad de las autoridades judiciales, no solo de los estados de México y Oaxaca, sino de todo el país.

A siete meses del asesinato de notario asesinado a plena luz del día, el autor material —que desapareció por arte de magia–, habrá que apuntalar que Allan de Jesús, como “hijo de papi potentado fifí”, huyó del país hacia Estados Unidos “porque la familia tienen notarías que operan con impresionante impunidad”.

La presión de la prensa independiente permitió que el Colegio de Notarios del Estado de México, “despertara de su cómplice aturdimiento” para fijar una posición política-jurídica, poco convincente, ante la gravedad que guarda este monstruoso crimen, cometido el 18 de julio en el marco de las festividades de la Guelaguetza.

Haciendo una recapitulación del caso, sin incurrir en la apología del delito, cabe destacar que las autoridades del Estado de México manifestaron su acuerdo para que las instancias correspondientes revocaran la funcionalidad de la Notaría Pública  204, con sede en Chicoloapan, Estado de México, a cargo de Allan de Jesús Corona Romero.

El presunto criminal intelectual tuvo el suficiente tiempo para huir del país después de ordenar que dos sicarios asesinaran a apuñaladas al Notario José Ortiz Girón, ejerciendo una suplencia por falta temporal indefinida. Los matones (1. José Jairo J. M.; 2.  Andrés M. L.; y 3. V. L. M.), habían recibido de manos del presunto asesino intelectual, Allan de Jesús, la cantidad de cien mil pesos.

Fuentes fidedignas de la Fiscalía de Justicia mexiquense describieron un bosquejo de cómo pudo haberse preparado el asesinato para aparentar que Allan de Jesús, no pudiera estar involucrado, pero las evidencias de las investigaciones ministeriales hacen suponer que fraguó una “perfecta coartada”, semanas antes que sicarios asesinaran al notario José Ortiz Girón. Allan dejó de ejercer funciones como Notario semanas antes de haberse consumado esta dramática conspiración criminal, para aparentar “no saber nada…”

El que se dice y presume ser “Doctor en Derecho” por la Universidad Anáhuac, al joven  Allan no se le ha vuelto a ver por ningún lado, sobre todo en lo que fueron sus oficinas de su notaría, toda vez que el asesinato se cometió el martes 18 de julio del año 2023, quedando en evidencia que su “coartada” casi le iba a salir “perfecta” si no hubieran detenido a los criminales materiales.

En el garlito del “sospechosísmo” —como una práctica que presupone la confabulación de ciertos eventos entre delincuentes profesionales—, en los medios de comunicación del Estado de México prevalece el volumen de una tendenciosa acción mediática al tratar de engañar a la Opinión Pública en el sentido que “el Gobierno del Estado, carece de elementos para constatar que dicho fedatario público, esté vinculado en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, por el homicidio del Notario Público 113, José Ortiz Girón”.

El descaro de Allan rebasó los límites de la inteligencia humana, ya que por última vez cuando se le vio públicamente y en persona, fue el día en que eran velados los restos del notario acribillado.

Pese a ello, el gobierno mexiquense, encabezado por la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien tenía asuntos de índole notarial con el hoy occiso, insistió “carecer de elementos” para constatar que Allan, como fedatario público, estuviera vinculado a la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, por el homicidio del Notario Público 113.

A través de un escrito, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ilustró que el Notariado 204 a cargo del joven Allan, dio aviso de su separación temporal del desempeño de la función por “razones imprevistas”, sin especificar cuáles (…)

En los medios de comunicación y redes sociales, se detalla que debido a un convenio de suplencia publicado en la “Gaceta Publica del Gobierno”, el 26 de junio del año pasado, el titular de la Notaría Pública 79 del Estado de México, José Manuel Huerta Martínez, con residencia en el municipio de La Paz, ejerce la función en la Notaría Pública 204, en su carácter de Notario suplente, salvaguardando el trámite y atención de los asuntos en dicho bufete notarial.

El Gobierno del Estado, en cambio, como si se tratara de una “cortina de humo”, en tiempo y forma, reprobó totalmente el acto que privó de la vida al Notario Público 113, José Ortiz Girón, solicitando endeblemente a las autoridades competentes, “sancione a las personas responsables”, que ante la parsimonia del ministerio público, pareciera que el tiempo sigue convirtiéndose en “un cómplice fortuito para ir desvaneciendo la verdad de los hechos”.

Más aún, como otra aparente “pantalla de humo”, la actual administración estatal, resaltó, post mortem, la labor del Notario José Ortiz Girón, quien promovió la convivencia pacífica en su comunidad, defendió el estado de Derecho y protegió el patrimonio de los mexiquenses.

De forma global, el Gobierno del Estado de México reconoció el trabajo comprometido de los Notarios que diariamente cumplen con la tarea de dar fe pública a los hechos y actos promovidos por la sociedad, brindando certeza jurídica a los mexiquenses, bajo la fórmula consciente de que “los actos de una sola persona no deben empañar el buen trabajo del gremio notarial”. No obstante de ello, esos enunciados aún siguen sin convencer por parte de una sociedad que ha exigido “¡justicia!”, tras el homicidio contra el notario José Ortiz Girón.

Desde el inicio de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, —trascendió—, la Consejería Jurídica ha instruido a la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales reforzar las acciones de supervisión a la actuación de los fedatarios para que continúen con su desempeño en apego a la normatividad, para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Esta acción ha sido respaldada por el Colegio de Notarios del Estado de México, siendo sensible al reclamo de la sociedad de tener siempre un servicio notarial de alta calidad, según el reporte “circular”.

La Ley del Notariado del Estado de México establece que el nombramiento de Notario será cancelado por sentencia ejecutoriada que imponga una pena privativa de libertad por la comisión de delito patrimonial, por lo que Allan de Jesús levantó sospechas desde el mismo momento en que los matones —que presumiblemente contrató y a quienes adelantó un pago de cien mil pesos para consumar el infame asesinato—, parecería que quedaría bajo el paraguas de la impunidad.

Tres de los cinco que participaron en este crimen plagado en un conflicto de intereses (José Jairo L. M., Andrés M. L. y V. L. M.), ya están detenidos, solo restando las capturas de Abel “N” (alias “El Zorro”), y del autor material Allan de Jesús Corona Romero, de 37 años de edad, quien deberá clarificar cuáles fueron los verdaderos móviles de esta ejecución inhumana.

Aunado a lo anterior —ahora se conoce tras una investigación periodística— Allan de Jesús, en la esfera de sus acciones criminales, convenció a cuatro abogados (Israel Hernández Hernández, Jair González “N”, Marco Ávila “N” y Ramsés López “N”) abandonar al actuario asesinado, “porque iban a ganar más dinero”, pero en apariencia “Allan iba construyendo el escenario del crimen perfecto”.

El caso, calificado como el de una “novela de conspiraciones”, tiene diferentes lecturas, dos de ellas radican en que Allan asechó a la víctima a quien conoció meses antes de la muerte contra Pepe; hizo amistad con el hoy occiso al grado que lo invitó al estado de Oaxaca para estar presente en las conmemoraciones de la tradicional Guelaguetza de Oaxaca, que se celebra en el mes de julio, que forman parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen. José Ortiz era oriundo del estado oaxaqueño.

Otra de las vertientes judiciales se agrupa en que Allan sentía celos de su víctima porque pretendía apropiarse ilegalmente de la Notaría Pública 113 cuyo titular era José Ortiz Girón, quien ganaba buen dinero gracias a su pulcra profesión notarial.

En la espiral de este crimen, Allan utilizó a sicarios que actuaron criminalmente, arrebatándole la vida acuchillándolo cobardemente por la espalda, así como la de atentar contra la vida de su pareja sentimental Rocío Cuevas Maldonado, quien se debatió entre la vida y la muerte.

Otra línea de investigación, presumiblemente pudo haber sido un “crimen pasional”, toda vez que el José Ortiz Girón tenía muchos problemas con su esposa Patricia Palafox e hijas, mismas que lo maltrataban física y psicológicamente por despecho, debido a la nueva relación amorosa que sostenía con Rocío Cuevas Maldonado, que era la mujer que lo acompañaba el día de su trágica muerte.

Debido a lo aterrador del asunto, y por tratarse de un caso relevante que ha causado conmoción social a nivel nacional e internacional, Notarios independientes reiteraron su demanda para que el gobierno federal, dé cause a los trámites necesarios a fin de que las Fiscalías de justicia, con la asistencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, soliciten por la vía diplomática, se emitan la ficha roja a fin que INTERPOL-México, mundialmente rastree el paradero del C. Allan de Jesús Corona Romero, y cumplimentar los protocolos de ley que se continúan con este tipo de investigaciones policiacas que obran en su contra, y que en cualquier momento sería detenido por transformarse en el criminal intelectual del asesinato de José Ortiz Corona.

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

filtrodedatospoliticos@gmail.com

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