Blas A. Buendía

 

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., reclamó al Ejecutivo federal que tenga mesura en cada uno de sus enunciados que viene desarrollando desde antes, después y ahora más que nunca como Jefe del Ejecuto federal, por tener el máximo cargo de la función pública, utilizando como ornamento flagrantemente el estado de Derecho que aún gobierna a México.

¿En qué cerebro cabe “abrazar” y “besar” a la delincuencia?, es la interrogante que no solo desarrolla esta Academia del Derecho Penal, sino el conjunto de Barra de Abogados e investigadores universitarios que llegan a la conclusión que la política de la actual Presidencia de la República, vive una cruzada de credibilidad por sus sistémicas ocurrencias que dejan entrever el maltrato sicológico en contra de la sociedad, convirtiéndola en “sufrir”  faceras de presunta irremediable interdicción.

La postura de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., es congruente, por lo que establece criterios sumamente serios y notablemente delicados.

Confusión

El Señor Presidente de la República se confunde al aducir que para combatir a la delincuencia no existe mejor política que la de apapacharlos para con ello exterminar el cáncer que corroe, corrompe, trastoca la norma y denigra a toda la Nación.

El ahora coloquialmente llamado “Derecho de Gracia” que pretende su Señoría no es otra cosa que, en ésta Cuarta Transformación, traer al presente algo indecente e improcedente.

Al respecto, el prestigiado abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la citada Academia, explica el porqué de ello, en la antigüedad, en añejos tiempos en los cuales el soberano absoluto era máximo gobernante, máximo legislador y máximo juzgador, el ejercicio del combate a la delincuencia, el enjuiciamiento, el castigo y el perdón eran atributos exclusivos del Rey, que podía ejercerlos libremente, a su capricho, a su antojo y sin control jurídico alguno, para ello alcanzar, conseguir sus fines políticos o personales y por sobre todo recibir, percibir y festinar los abrazos con besos que absorbía del pueblo. Ello así lo dice la historia.

Es imposible e inadmisible concebir en México y por sobre todo en nuestro invaluable Derecho Patrio la contemplación o aceptación de tan senil ocurrencia. Ello no sólo representa un atentado en contra de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en contra del histórico principio de separación de poderes en cuanto se entromete, invade y nulifica al Poder Judicial. No en vano con esos abrazos y besos se pretende indultar y premiar a la delincuencia del poder, cabe aquí y ahora en éste gentil espacio recordar que indultar significa “entrometerse”.

En realidad ese pensar, ese decir, esa ocurrencia lo único que acarrea es el total rompimiento, el absoluto debilitamiento de nuestro Estado de Derecho, la actuación, en ese contexto del Primer Magistrado de la Nación afecta, nulifica, desaíra y molesta al Poder Judicial Federal, cuya misión queda vacía de contenido en virtud de la decisión de abrazar y besar a los infractores de la ley penal. Por tanto, esa ocurrencia de “abrazar y besar” carece de razonamiento jurídico, fundamentación y motivación legal, tal cual lo ordena el Pacto Federal.

Para todos los juristas seguidores de la Cuarta Transformación -más no aplaudidores de las ocurrencias del Ejecutivo-, nos parece que tal forma de pensar es única y exclusivamente una forma de arbitrariedad con el cual se pisotea el contenido de nuestra Carta Magna, pues los abrazos y besos no se encuentran sometidos a normas establecidas en nuestra Suprema Ley, esa “gracia” u “ocurrencia” sólo desgracia a nuestro Derecho y ello así se lo debieran hacer saber sus incompetentes e ignorantes asesores en materia de seguridad y justicia.

El criterio en estas líneas, hoy asentado y por ende combatido, carece de criterios de moralidad, equidad, oportunidad, congruencia, decencia, verticalidad y utilidad, los cuales no fueron ni tenidos, ni tomados en cuenta por la notoria incapacidad de sus asesores.

El conceder abrazos y besos a la proterva hermandad de la delincuencia del neoliberalismo a la cual pertenece Emilio Lozoya Austin, no solo es un gravísimo error jurídico-político, significa algo mucho más grave desde un punto de vista eminentemente legal. Va la explicación a ello: Seguir esa corriente significa un episodio gravísimo de impunidad, indecencia e inmoralidad en todas y las más variadas vertientes criminales.

Los estudiantes y estudiosos del Derecho en todas las Universidades de la República bien saben que aquellos delitos que no se persigan, se juzguen y se condenen crean impunidad e inseguridad.

También conocen que cuando la delincuencia actúa dentro de los parámetros del Estado, aprovechando su posición de poder, hace al Estado cómplice de los delitos perpetrados y ello resulta inadmisible e intolerable en cualquier Democracia y más aún si se trata de la Cuarta Transformación, dando génesis con ello a un clima inadmisible de impunidad que favorece en mucho y adensa y fortifica a la (delincuencia del poder) incompatible con una mínima lealtad constitucional.

Finalmente cabe expresar que con esa política de ósculos nuestro Primer Magistrado de la Nación ha alcanzado una triste celebridad internacional, que no es ni lo que pensamos ni deseamos al erigirlo como mandatario de esta gran Nación.

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