Urge asfixiar a los autogobiernos que manipulan las normas carcelarias en México

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·        El Sistema Penitenciario-CDMX sigue dominado por funcionarios que poseen “conductas disruptivas”

·        Por ser un trabajo de Alto Riesgo, demandan custodios que sus salarios sean homologados a los que perciben los custodios federales, que asciende a 25 mil pesos mensuales

·        Radiografía de las cárceles de la República Mexicana

Blas A. Buendía

La Comisión de Justicia del Congreso local iniciará una serie de investigaciones en torno a que los directivos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al verse todavía envueltos en presuntos actos de corrupción —que superan tácticas y logísticas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que entró en operatividad hace exactamente diez años—, presuntamente “están coludidos con criminales” desde la administración de Antonio Hazael Ruiz Ortega, hoy flamante titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada del gobierno federal.

La política laboral penitenciaria es manipulada por uno de los fundadores del Partido Morena, el doctor Francisco Garduño Yáñez, quien fuera designado por el gobierno federal como Alto Comisionado del Instituto Nacional de Migración, que gracias a su poder, asigna sus criterios unipersonales para beneficiar a los suyos, como es el caso de Pablo López Jaramillo, recién ratificado como director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, tras la renuncia de Hazael Ruiz.

El cuerpo de custodios alertó al gobierno tanto local como federal, mientras Garduño Yáñez siga metiendo las manos en el sistema penitenciario local, las fugas y desórdenes en las prisiones seguirán presentándose en todo este Sistema que cada día muestra signos de obsolescencia.

Aun con esos cambios, el fenómeno de la corrupción sigue imperando debido a que el gobierno local no se le ha prestado la debida importancia que tiene el papel de ser custodio, cuyo salario mensual ascienden a $17,426.60, pero con descuentos del impuesto sobre la renta y prestaciones del ISSSTE por $3,962.85 mensuales con un total neto de $13,463.75.

Debido a los Altos Riesgos que representa su trabajo, el salario de estos custodios debería ser homologado con el que perciben los custodios federales, que asciende a más de 25 mil pesos. “Es la simetría del mismo trabajo, pero con diferentes escenarios”, indicaron.

Pese a ello, las “conductas disruptivas” de los actuales directivos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo una política penitenciaria “impecable”, no ha sido efectiva, sino que se han “glorificado” como rectores de auténticas universidades del crimen.

Desde que ese Sistema se instrumentó que pasara a ser administrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar Hamid García Harfuch, su situación está peor que nunca, porque ahora está blindado por el prodigio de la oclocracia, que los dota de un infinito poder omnímodo.

En investigación periodística, este reportero halló la existencia de una inhumana caterva de delincuentes de cuello blanco que se secuestró la Subsecretaría de este sector al grado de re-seleccionar a los propios autogobiernos integrado por presos sanguinarios.

Los subalternos del comisario Pablo López Jaramillo siguen estando por igual;  el subdirector de seguridad del Reclusorio Sur es Alberto Esparza Mosqueda, quien goza de una patente de corso ya que sigue siendo el mismo patán, altanero, grosero y maltratando al personal.

Lo mismo ocurre con el subdirector de Seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, base ORO, Francisco Javier Puente Corona, quien no deja de jugar poleana, sobajando al personal de seguridad.

Su nueva moda, es dejar pasar toda clase de enervantes, actuando con extraordinaria prepotencia porque lo han escuchado decir que “aquí no me va a pasar nada mientras tenga a mi padrino Pablo López Jaramillo, que al fin y al cabo, puedo meter lo que yo quiera para seguir envenenando a la población”.

En esta lista de malos funcionarios, sobresale a quien consideran un “inepto comprador de grados a base de chismes”, el subdirector de Seguridad del Centro Varonil de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte, Enrique Núñez, quien hace su “agosto” dando “avionazos” (dejar presente a la gente sin venir a trabajar), por una cantidad irrisoria de $500. Su nueva modalidad consiste en que nada más vengan a checar entrada y salida,  cambios al grupo que deseen por la “módica” cantidad de $500.

Un nuevo funcionario que llegó como jefe de los Servicios de Apoyo de nombre Johnnatán Rodríguez, relegado del Reclusorio Norte por pasar enervantes desde el túnel de Juzgados a través del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte, donde le entregaban la “mercancía” para pasarlo al Reclusorio Norte, hasta que fue sorprendido recibiendo un soborno de 50 mil pesos para que se comprara un automóvil, razones por las cuales lo cambiaron de centro.

Es decir, en esta triada de delincuentes vestidos de negro, también figura Fernando Cornejo que es otro de los encargados de meter droga y alcohol a los centros de reclusión.

Los quejosos han cuestionado al comisario Pablo López Jaramillo de ser un funcionario de alto rango por estar coludido con el subdirector de Seguridad del Reclusorio Norte, Agustín Hormigo, quien se encarga de los negocios turbios que tiene el actual subsecretario Enrique Serrano Flores, ya que antes de ser Subsecretario era el director del Reclusorio Norte.

El objetivo principal de los mandos que compran los lugares entre ellos, es el  Subdirector de Seguridad del Reclusorio Oriente, Alberto Peralta Martínez, su mero chamaco del comisario Pablo López Jaramillo (Rodolfo Chávez alias el Famoso RENO), el que hace unas semanas llegó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, presumiendo una camioneta de lujo para ver al Comisario Pablo López Jaramillo, y preguntarle dónde le dejaba el ostentoso vehículo que ya era de s propiedad.

Otro jefe del grupo de los altos mandos, Tomás Atilano (el que toda su vida ha comprado los lugares penitenciarios), tuvo el desatino de su función ya que el domingo 22 de mayo, un PPL de escasos recursos, se les perdió en la lista tantas horas desde la mañana hasta en la tarde que apareció, provocando una movilización de más de 300 elementos de la policía y Guardia Nacional, cuando el sujeto se hallaba escondido en un área poco común, las caleras en servicios generales.

Los custodios hicieron un llamado al Ejecutivo federal para hacer una limpia total de los Altos Mandos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, designar a gente nueva para remover al Subsecretario Enrique Serrano Flores, al Comisario Pablo López Jaramillo, y poner a disposición de Personal con vista al ministerio público, a todos los mandos del Reclusorio Oriente, así como desarticular todas las bandas de ese centro penitenciario con traslados a penales de Alta  Seguridad, “porque si no hace, será peor la situación cada día”.

“Señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabe usted cuánto se llevan el Subsecretario Enrique Serrano Flores y el Comisario Pablo López Jaramillo solamente de la renta semanal de celulares del Reclusorio Oriente? —Alrededor de 2,500 a 3,000 celulares de $300 a $400 la renta semanal. ¿Cuánto es? Obviamente es repartido entre mandos del Reclusorio Oriente, y para ellos dos, cada uno más de $100,000 cada semana. ¡Ya ordene su cambio, por favor!”, demandaron los custodios.

Y remarcaron: “Señor presidente, debemos recordarle que el 26 de febrero del 2019, hicimos una marcha de familiares de los custodios de este Sistema Penitenciario para pedir la destitución del actual comisario Pablo López Jaramillo, por la muerte de 18 custodios de este sector, haciendo caso omiso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Tendremos que hacer otra marcha ante estos graves hechos para demandar la destitución de este mal funcionarios?”

La radiografía

En esta radiografía, ciertamente la polarización del autogobierno es uno de los males que azotan y someten al sistema penitenciario. Es bien sabido que los centros penitenciarios en México están controlados parcial o totalmente por miembros de cárteles de la droga, los cuales, al enterarse del ingreso de un nuevo interno, deciden su ubicación a fin de beneficiarlo o perjudicarlo, bajo la mirada de los altos mandos penitenciarios.

La correcta aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, inicialmente ayudaba a erradicar algunas situaciones negativas que aquejan a las cárceles mexicanas, pero hay otras como el autogobierno, la corrupción y los problemas de infraestructura, que no podrán mejorar, a menos que las autoridades competentes intervengan de manera efectiva y contundente.

Al presentar cuadros de sobresaturación con una población de Personas Privadas de la Libertad (los famosos PPL), superior a los 26 mil internos distribuidos en 13 prisiones de la capital de la República, tiene un profundo significado para seguir hinchando las arcar de los soberbios jefes carcelarios al muy estilo del Rey Midas. A nivel federal, según estadísticas del Estado, revelan que la población carcelaria alcanza los 285 mil detenidos, traducida en teoría económica, toda una mina de oro.

En cárceles de la Ciudad de México comulgan penas al menos 300 extranjeros sobresaliendo un centenar de colombianos, siguiéndole Venezuela, con 29; Estados Unidos, 26; Perú, 24; Honduras, 18; Guatemala, 9; Cuba 8; así como personas aprendidas por delitos diversos, originarias de Afganistán, Argentina, Beirut, Bolivia, Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Haití, Hungría, Italia, Japón, Mónaco, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Dominicana, República Checa, Rusia, Taiwan y Uruguay.

Si bien se podrá catalogar que la conducta disruptiva de funcionarios penitenciarios, es un término que alude a un comportamiento de tipo antisocial de una o varias personas “que se caracterizan por una ruptura muy marcada respecto a las pautas de conducta y valores”, los internos acusan, a través de sus familiares, ser víctimas de tortura, cobros indebidos, corrupción y el autogobierno en los centros de “readaptación social”, cometiéndose además impunemente asesinatos por consigna “para ir depurando a una población que ha sido imposible corregir”.

Cuando “el rio suena es porque su cauce está bravo con aguas turbulentas”, es cosa similar a lo que está sucediendo detrás de las grandes estructuras  penitenciarias que evitan, en apariencia, cualquier fuga. Familiares de personas que fortuitamente viven su desgracia tras las rejas, son quienes tienen el mayor conocimiento de lo que acontece todos los días ante la custodia de inviolables mallas serpentinas de origen israelita que brillan en las alturas de sus murallones.

El tráfico de drogas, alcohol, venta de celulares, productos perecederos carísimos, y hasta prostitución de ambos sexos, son parte de este cáncer que mueve y corroe al sistema carcelario de la gran ciudad, donde no ha habido autoridad ni ética ni moral que ponga fin a esta problemática que se transforma en un peligroso sistema que en lugar de regenerar, degenera a las personas privadas de su libertad.

Sin duda alguna, el amplio abanico de prisiones que existe a nivel federal, representan para el gobierno federal y los locales, baúles con auténticas riquezas para explotar, ya que jefes de custodios que tienen bajo su mando hasta los autogobiernos de los presos, logran obtener millonarias ganancias al permitir el uso prohibido de celulares que a través de su tecnología, son útiles para el crimen organizado a fin de martirizar a la sociedad bajo el engaño de eventuales amenazas de secuestros.

Cuando fue subsecretario del Sistema Penitenciario de la capital del país por más de 25 años, Antonio Hazael Ruiz Ortega, éste dejó “una herencia maldita” que hoy en día se mantiene vigente, como es el pase de renta de todo lo que se desenvuelve dentro y fuera de los penales.

Hoy, en manos del comisariado Enrique Serrano Flores, este sistema huele mucho más a putrefacción por la colusión de funcionarios que mantiene con el director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Pablo López Jaramillo, quien cotidianamente incurre en omisiones que podrían merecer no solo su inhabilitación por diez años —penalidad suscrita en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982—, sino hasta para iniciarle un procedimiento penal.

Los custodios han demandado continuamente que se acabe la corrupción que se da desde los escritorios de los Altos Mandos, pero advierten que Serrano Flores, desde cuando fue ratificado en su nuevo cargo, actúa con una singular prepotencia que pareciera que estuviera filmando la extensión de la película Alcatraz.

Llega, grita y mangonea con base a un lenguaje carretonero a la clase de trabajadores que tienen la consigna de ser custodios, quienes  temerosos, ya se están organizando para realizar otra marcha como la registrada el 27 de febrero de 2019, cuando se manifestaron por la muerte de su compañero Alfredo Velarde, quien fuera asesinado de ocho balazos por parte de un grupo delictivo.

En la actual administración penitenciaria se tiene registrado una serie de anormalidades que van desde las amenazas cumplidas que se dan en actos de confusión y zozobra cuando se registran motines, muy característicos para asesinar a enemigos penitenciarios.

Ante esta realidad, en los últimos años cuando menos 18 custodios han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, como parte de un sistema corrupto donde los índices de inseguridad también surgen en todo momento, en cuyos atentados los sicarios dejan mensajes dirigidos al Consejo Directivo de Seguridad, pero lamentablemente el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha actuado incurriendo también, en el delito de omisión agravada, para esclarecer todas las muertes de esos guardianes que poseen sueldos de hambre.

En manifestaciones pacíficas, los custodios acusan la falta de capacitación, bajos sueldos y jornadas laborales de hasta de 12 horas, lo que ha llevado a exigir la destitución de algunos mandos. Justificaron que el Sindicato de Trabajadores Públicos capitalinos sostiene que las muertes forman parte de una vulnerabilidad laboral de los custodios, al no acceder a un mejor nivel de vida.

Pese a que algunos decesos estuvieron vinculados a grupos delictivos —según despachos periodísticos—, los custodios han asegurado que el penal que se ha convertido en un foco rojo es el Reclusorio Oriente, en tanto que el Consejo de Honor y Justicia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, no ha hecho pronunciamiento alguno, toda vez que los mismos elementos refieren que sus jefes “están coludidos con criminales” desde la administración de Hazael Ruiz, quien hizo y deshizo a su antojo todo este Sistema.

Es decir, el Sistema Penitenciario de México ya no cumple con las expectativas programadas —en teoría y en la praxis— para alcanzar una “pulcra” reinserción social, pese al multimillonario presupuesto que el Congreso de la Unión aprobó para el Ejercicio Fiscal 2022, que asciende a más de 17,370 millones de pesos a nivel federal.

Explosión demográfica

Es de resaltar que la sobrepoblación penitenciaria ha ocasionado una explosión demográfica en la mayoría de los centros penitenciarios del país, cuando su capacidad es para 206,379 PPL. Es claro que las prisiones están por encima de sus capacidades lo que originan mayores problemas, dejando en evidencia el nivel de abandono que se vive en el sistema penitenciario mexicano.

Según estudiosos en la materia, la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como de los medios alternos de justicia, tienen el potencial de disminuir la población penitenciaria progresivamente en los próximos años.

Sin embargo, existe un problema cultural que detiene la eficacia de este sistema. La cultura mexicana, una cultura penalizadora, ha provocado en la población y particularmente en aquellos que son víctimas de un delito, que sientan que la única manera de reparar el daño o lo perdido por los delitos, sea viendo a los infractores tras las rejas; es decir, ver encerrado a aquél que le ocasionó un menoscabo generando automáticamente un sentido de venganza o satisfacción.

Este deseo de venganza se relaciona con el miedo colectivo de las y los ciudadanos, que propician los medios de comunicación. Rossana Reguillo, investigadora de Ciencias Sociales y activista mexicana, argumenta que la obsesión de los medios por la delincuencia ha propiciado la evolución del miedo, de una emoción producida por amenazas concretas a una “omnipresencia” imposible de contener.

Por eso, cada vez es más necesario poner una cara al origen del miedo o la amenaza. Los medios de comunicación le ponen la cara: comúnmente la de un joven, pobre, de tez morena; los mismos rasgos que se encuentran en gran parte de la población de PPL en el país. En otras palabras, la violencia reportada por los medios de comunicación “patologiza a los pobres como ‘otros’ peligrosos, legitimando la represión carcelaria de tolerancia-cero a nombre de la seguridad pública y retribución moral”.

El identificar la amenaza como “el otro” ha servido como una estrategia política para asegurar votos; sirven como caras causantes de la inseguridad, y el sentido de miedo forjado por estas caras fácilmente se convierte en odio.

Paralelamente a ese rencor, sentimos una solidaridad con las víctimas de los supuestos agresores. Como explica Reguillo, este sentido de solidaridad comunitaria rompe la dicotomía víctima-victimario y genera una relación terciaria: La auto-identidad como “posibles víctimas”, dominada por el sentido de miedo y la repulsa por el “otro”, entrelaza a la población aún más en el tejido social de la delincuencia.

Es decir, se puede argumentar que las cárceles mexicanas están llenas de pobres, mientras la mayoría de los criminales peligrosos sigue en la calle, toda vez que se asocia con el sorprendente criterio de Andrés Manuel López Obrador, quien el 20 de febrero de 2020 consideró que “los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto, y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”.

Sus dichos han sido objeto de permanentes impugnaciones de tipo ético, moral y judicial, ya que de forma descarada, la sociedad vincula al presidente con el crimen organizado desde aquel épico antecedente de haber saludado a la madre de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, “El Chapo” Guzmán.

Desde hace años, los centros penitenciarios de México están rebasados en su capacidad, una situación que parece preocupar poco al Estado, por lo que las soluciones a este problema se ven aún lejanas.

La sobrepoblación ocasiona grandes hacinamientos en los centros penitenciarios mexicanos, ya que las celdas pueden llegar a tener una población hasta diez veces mayor de su cupo máximo, generando condiciones insalubres, peleas por los espacios privilegiados, el cobro por acceder a un mejor espacio para dormir, que los internos en su afán por conseguir un mejor lugar para su estancia se adhieran a grupos delictivos dentro de la prisión, además de que todas estas condiciones sirven de freno para una correcta reinserción.

El grado de degradación es tal, que existe la práctica del auto-apando, cuando los internos duermen prácticamente de pie amarrados a los barrotes de cada espacio carcelario para no ser robados por la “población”.

La falta en la debida división de las PPL —según el crimen cometido—, es decir, en una misma población, y hasta en un mismo dormitorio, se da el caso de que se encuentren personas en proceso penal y personas ya sentenciadas, personas que cometieron homicidio y otras que cometieron robo.

De esta forma pueden convivir diariamente personas que de manera clara están involucradas en el crimen organizado con personas que cometieron delitos culposos. Es  ahí cuando se da el hecho que las prisiones son las universidades del crimen.

Esta situación propicia muchas veces que aquellos que cometieron delitos leves, a través de esta convivencia, frenen y hasta imposibiliten su reinserción ya que comienzan a aprender nuevos delitos y cómo cometerlos.

Como estrategia de sobrevivencia, las personas privadas de su libertad por delitos menores comúnmente se asocian con miembros del cártel al frente del autogobierno del centro y otros líderes dentro de la población recluida. Tales relaciones tienden a resultar en compromisos vinculatorios para su involucramiento en el crimen organizado cuando recobran su libertad, o en el caso grave, la tan esperada fuga por parte de los internos.

Esta problemática se puede dar por varios motivos: en menor medida se debe a la falta de capacitación del personal penitenciario, que no logra determinar correctamente la peligrosidad del individuo para su debida clasificación; de mayor relevancia es la falta de espacios para recluir a las personas, pues es difícil hacer la separación adecuada de las PPL debido a que la asignación del centro penitenciario, del módulo y la celda obedecen más al espacio disponible que a la clasificación del delincuente.

La sociedad aún recuenta el escándalo de nota roja que generó un video que llegó al rotativo Milenio Diario, revelando de una “narco-fiesta” del autogobierno en la Penitenciaría de Puente Grande, donde se ve la presencia de tres grupos musicales externos, bebidas alcohólicas, un banquete y la total ausencia de custodios.

El poder de los cárteles continúa al rebasar las capacidades del gobierno no solo en el sistema penitenciario sino, en general, en temas de seguridad pública y justicia.

Parece no haber forma de erradicar los autogobiernos ya que los cárteles se nutren de los negocios fuera de las prisiones. Primero sería necesario lograr cierto control sobre las actividades del crimen organizado fuera de las prisiones, para después asfixiar a los autogobiernos que controlan gran parte de las normas penitenciarias en el país.

La problemática de la corrupción está íntimamente ligada al autogobierno y a los cárteles de la droga, ya que son estos los que someten el sistema a su manera de dirigir los centros.

Sin incurrir en apologías del delito, aunque en la praxis es una alarmante realidad, el personal penitenciario se encuentra en un predicamento ya que en ocasiones las organizaciones criminales amenazan su vida o la de sus familiares para infundir el terror y obtener los beneficios económicos y financieros y el poder que desean.

Para un custodio, permitir un acto prohibido puede llevarle a ganarse un beneficio económico o a perder la vida, por lo que es evidente la manera en que responderá a la solicitud. Ejemplos sobran, tan solo en los dos últimos años, en cárceles de la Ciudad de México se han contabilizado 18 muertes.

Estos sucesos ilustran la profundidad de la corrupción en la cultura penitenciaria en el interior de los reclusorios, pero también con alcances más allá de las prisiones, en los juzgados, las fiscalías y los tribunales.

Otro de muchos ejemplos, con la carencia de insumos básicos para las PPL, la corrupción y falta de transparencia en los gastos de estos fondos, no es difícil darse cuenta que nuestros centros penitenciarios están en riesgo de colapsar económicamente, o bien caer sometidos completamente al control de los cárteles, los cuales aportan gran cantidad de dinero en la economía de los reclusorios para su sustento. De tal suerte que deja inmovilizado al Estado para tener un pleno control de las cárceles porque el poder económico y financiero del narcotráfico, supera en mucho los presupuestos que el Congreso asigna en la materia.

La educación en el sistema 

Si bien el Artículo 18 constitucional, párrafo segundo, señala a la educación como uno de los ejes primordiales para la reinserción, por lo cual debería de ser accesible para toda la población penitenciaria, sin embargo, hoy en día la educación en los centros penitenciarios parece ser más un privilegio para algunos que un derecho.

El acceso a la educación es limitado debido a la escasez de programas y recursos en la mayoría de los centros, así como por la sobrepoblación de PPL. Es importante destacar, como la normatividad nacional señala, las PPL solamente pierden dos derechos al entrar al sistema penitenciario: el derecho a libre tránsito y el derecho al voto. Por ende, falta promover la comprensión de la educación “como derecho, no como un ‘beneficio’ y haga de la cárcel un espacio social que dañe menos a quienes la habitan”.

En México solo existe un programa de educación superior presencial en el sistema penitenciario, mismo que opera exclusivamente en cárceles de la Ciudad de México.

El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, nació de un convenio entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Gobierno local, firmado en diciembre de 2004. El PESCER es el primer y único programa a nivel nacional que ofrece a la población penitenciaria clases presenciales de Educación Superior así como actividades de difusión cultural y extensión universitaria.

El proyecto inició con dos grupos piloto en 2005 (uno en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla y el otro en la Penitenciaría de la capital de la República) y ahora opera en varios centros penitenciarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ofreciendo tres licenciaturas: Derecho, Ciencia Política y Administración Urbana y Creación Literaria, siendo Derecho, la de mayor demanda, representando 84 por ciento. La situación legal de los estudiantes explica por sí misma estos porcentajes.

En este aspecto, el Sistema en la Ciudad de México cuenta con 13 centros de readaptación, pero los más riesgosos han sido los Reclusorios del Oriente y el del Norte, superando a otras sedes carcelarias de la capital. Entre sus inquilinos notablemente peligrosos figura José Sánchez Villalobos, “El Maestro de los Narco Túneles”, cercano a “El Chapo Guzmán”.

En 2015 la población de las cárceles a nivel general comenzó a disminuir progresivamente. En ese año se registraron 247,488 presos; para 2016 bajó a 217,868 puestos; en 2017 hubo 204,617 personas; y en 2018 alcanzó su nivel más bajo en esta década con 197,988. Sin embargo, el número de población sigue siendo hondamente riesgosa.

Tras la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal Acusatorio —que incluye la polémica “puerta giratoria”—, las cifras carcelarias se han visto modificadas. En 2014 sumaban 107,295 presos en espera de una sentencia, pero desde 2015 se ha presentado una baja sostenida hasta llegar a las 76,832 personas encarceladas registradas en 2019. Las personas que siguen un proceso judicial tras las rejas por delitos del fuero federal representan el 17.1%, y las que cometieron crímenes del fuero común, 82.9%.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que de los 43,766 delitos cometidos, el crimen más frecuente correspondió a delitos en materia de armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos con 29.2%, seguido de delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos, con 17.2% y delincuencia organizada con 13.8%.

¿Universidades del crimen?

Si bien la sociedad asimila que en la mayoría de las cárceles de México operan células delictivas que influyen en la toma de decisiones respecto a lo que sucede en el interior de los centros, reconoce que el poder de estos grupos también contribuye a que los centros penitenciarios se vuelvan escuelas y universidades del crimen.

Frecuentemente, aquellos que están por primera vez en reclusión, llamados primo-delincuentes, con cargos de delitos menores, son reclutados por los miembros de los cárteles para que trabajen para ellos ya sea dentro o fuera de prisión, aprovechando que estos saldrán pronto.

Para el primo-delincuente, aceptar esta oferta representa tener una buena estancia en prisión, beneficios económicos, protección, pero en ocasiones se ven sin alternativa al ser amenazados con hacerles daño a ellos o a sus familias.

Como argumentó un alumno interno de alto mando en el principal cártel del estado, en uno de sus ensayos de reflexión para el primer seminario de Inside-Out en un reclusorio metropolitano, “La vida en la prisión es como si te fueras a un retiro”, la frase con la que se le llama a la prisión como la “Universidad del Crimen”, lo dice muy bien. Es como un internamiento fuera de tu lugar de origen, vas a aprender más acerca de lo que sabes y a perfeccionar otras características personales y negocios que no sabías”.

En el marco de todo este contexto, las personas que están en las cárceles purgando una condena son sujetas de derechos, pero que en la actualidad hay “una ausencia grave de programas para la reinserción a la sociedad”.

Se reconoce que el tema del autogobierno es un problema alentado por las mismas autoridades por su indiscutible incapacidad, ya que alguien gana por esto y ha sido una lucha muy fuerte el erradicar este problema, subrayan expertos en materia penitenciaria.

Por lo pronto, las redes sociales están saturadas de mensajes en contra del subsecretario penitenciario Enrique Serrano Flores, a quien acusan de tener nexos con el crimen organizado ya que su nombre aparece en la nómina de la Unión, y lo inaudito, dentro de los mismos penales capitalinos han aparecido lonas dirigidas a un mando que pretende desestabilizar los penales de la Ciudad de México.

*Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

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