Blas A. Buendía

El Congreso de la Ciudad de México consideró que es congruente que quien ocupe la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, tenga una duración de tres años porque si se sujeta a solo doce meses, realmente no tendría ninguna consolidación en materia de impartición de justicia, incluso se advierte que se crearían grupúsculos antagonistas por alcanzar el poder ante evidentes vacíos jurídicos que entre la lucha de dimes y diretes, se han suscitado una serie de controversias constitucionales.

De entrada, el Constituyente que le dio vida a la Carta Magna para la Ciudad de México, si bien tiene infinidad de lagunas, el grupo que aglutinó los embates de este proyecto, seguramente han de estar sobre encismados, toda vez que no previeron incurrir en futuras controversias como se establece en la futura Ley Orgánica del TSJCDMX, que precisa la duración de un año.

Desde el mismo hecho en que el Grupo Parlamentario de Morena propone ampliar el periodo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de uno a tres años, respetando el principio de la no reelección a fin de no propiciar cargos vitalicios, 12 meses son insuficientes para consolidar los cambios administrativos y normativos necesarios en la transformación del Poder Judicial capitalino.

En la tribuna del Congreso capitalino, el ex priista, ex perredista, ex independiente y ahora diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó un proyecto de decreto para modificar el Artículo 35, apartado B, numeral 9, de la Constitución de la Ciudad de México, en los términos siguientes:

Del Poder Judicial

B. De su integración y funcionamiento

9. Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos, en sesión pública y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo tres años sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado.

Al respecto, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas reconoce que el cambio es indispensable por existir un conflicto normativo. La Constitución local establece que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia durará un año, mientras que la actual Ley Orgánica de ese órgano de gobierno dispone que ese periodo, todavía contempla un periodo de tres años.

La laguna jurídica se establece en lo anterior, pero se observa que el Poder Legislativo local claramente está incurriendo en violentar la Trilogía Funcional Primaria que es la División de Poderes en México, es decir, los legisladores tienen una aversión en contra de quienes integran el Poder Judicial, donde laboran abogados altamente capacitados.

La citada Comisión legislativa, de mantenerse como está, comenta que el próximo presidente del TSJ tendría solamente un año para reestructurar administrativamente y adecuar el marco normativo de esa instancia de gobierno, a los nuevos preceptos constitucionales y legales, solo que el legislativo pretende imponer criterios que violentan la autonomía de los poderes.

La reforma del Poder Judicial capitalino inició el 1 de octubre con la entrada en vigor de las disposiciones legales relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura y deberá concluir a más tardar el 1 de enero de 2020, con la instalación de los juzgados de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México.

En el marco de este proceso de cambio, deberá realizarse la elección del primer presidente del TSJ, constituido como uno de los poderes de la Ciudad, es decir, quien encabece los trabajos del TSJ llevará a cabo el complejo proceso administrativo y normativo de transformación del Poder Judicial de la Ciudad de México.

No obstante de ello, la falta de pericia y experiencia de los nuevos legisladores, hay quien se atreve incluso a poner en duda el litigio de intereses que el Legislativo tiene en contra del Judicial, dado que en el primero de ellos, varios de sus integrantes no reúnen los requisitos de haber cumplido con una carrera judicial y que erróneamente, andan emitiendo juicios a priori o que dejaron pasar ciegamente ciertos ángulos inherentes a los procesos de reforma judicial.

Pese a ello, los legisladores de Morena señalan que el proceso de transformación del Poder Judicial local contempla la Integración del Consejo Judicial Ciudadano, que será el encargado de nombrar a las y los Consejeros de la Judicatura; designar a los integrantes de la Sala Constitucional, que será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución de la Ciudad; la entrada en vigor, el 1 de junio de 2019 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial local, y también la designación de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes elegirán a la nueva camada de jueces y juezas.

Si bien la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su análisis y dictamen, lo cierto es que se establecerá un precedente de intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, el cual es garante de la paz social y que dentro de sus funciones es la de impartir justicia hasta en contra de aquellos malos funcionarios que pudieran surgir del nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.

Por lo mientras, este jueves en reunión de Consejo de Magistrados, los cinco aspirantes que entrarán en la justa democráticamente electoral de la Casa de Justicia de la ciudad, presentarán sus programas de trabajo, toda vez que para el viernes 9 de noviembre (2018), a puerta abierta, se desarrollará este proceso electoral donde el mexiquense Álvaro Augusto Pérez Juárez, se prepara para ampliar su mandato presidencial el cual ocupó de forma interina ante la renuncia del Doctor Édgar Elías Azar, ya que tiene una mayoría que lo apoya para dicho efecto.

El proceso electoral de magistrados cumple con las reglas de la paridad de género, ya que por primera vez en toda la historia del TSJCDMX, participarán dos mujeres (Celia Marín Sasaki y Rosalba Guerrero Rodríguez), así como los magistrados Rafael Guerra Álvarez, el político priista y jurista Manuel Díaz Infante, y obviamente el magistrado Pérez Juárez quien en la víspera, hubo un consenso de apoyo por 46 magistrados para su ampliación, contra 33, de un total de 80 togados.

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Álvaro Augusto Pérez Juárez, dijo que es importante darle continuidad a los proyectos de mejora que ha impulsado durante su gestión para dar certeza jurisdiccional.

“Existen todavía proyectos por consolidar, existen proyectos que hemos venido trabajando como la consolidación de la oralidad y la implementación de nuevas tecnologías que hagan más accesible la justicia a las personas”.

A su vez, el magistrado aseguró que es importante que se utilicen las nuevas tecnologías para la impartición de justicia, pues esto también significa que sea accesible a la ciudadanía.

Finalmente, Álvaro Augusto Pérez Juárez, recalcó la importancia de tener mentalidad de largo plazo en lo que se refiere a proyectos de mejora profundos. [email protected]

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