Vladimir Galeana

Mucho se ha criticado al presidente de la República la forma en que ha enfrentado la desaparición de los 43 normalistas. Quizá el gobierno federal haya cometido errores de apreciación en torno a las consecuencias de este hecho que se ha convertido en tragedia de resonancia mundial porque así conviene al poder económico. Que no les hayan gustado las reformas fiscal y de

telecomunicaciones no quiere decir que lo urdido en Iguala no sea grave, pero hay otras cosas más graves que no tienen la atención que le hemos dado a este asunto. Esto no quiere decir que haya que minimizar la segura muerte de los normalistas, pero también es importante señalar que se debió a una confrontación entre delincuentes y miembros del crimen organizado, aunque a muchos no les guste esta afirmación.

El viernes pasado durante la celebración de la 37 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto reclamo a los gobernadores responsabilidad para enfrentar las obligaciones de seguridad pública, y afirmó que las fuerzas armadas no deben ni pueden relevarlos en las tareas que son propias de los estados de la Federación. “Aquí no pueden caber excusas ni disculpas, ni suponer que alguien venga al relevo de la responsabilidad que cada orden de gobierno puntualmente tiene”, fueron quizá las palabras más importantes del discurso, y el posicionamiento en torno al problema social que se ha generado en el estado de Guerrero con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Mucho se ha criticado al presidente Peña su poco involucramiento para combatir en labores de desestabilización que han realizado la CETEG y los normalistas, a quienes así se los dictan esos directivos que desde años han tratado de incubar un movimiento guerrillero en las zonas más pobres del país, sobre todo en Guerrero. El problema ha escalado a niveles internacionales porque así conviene a ciertos grupos económicos a quienes no gustaron las reformas, pero también por la falta de atención de los dos últimos gobernadores: Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega. Lo peor es que este ultimo prácticamente abdicó de su responsabilidad a causa de sus vínculos con la guerrilla sudamericana, y antes que combatir los brotes de insurgencia civil ha concedido a los maestros y alumnos permisibilidad para cometer delitos.

Es cierto que Guerrero se ha convertido en un polvorín que puede trasladarse a otras partes del país, y también que corresponde al gobierno del estado plantear y replantear la estrategia para combatir la desestabilización y la violencia. El problema es que el señor Ortega no tiene ganas de hacer mucho por evitarlo, por el contrario, pareciera que ha dado complacencia a quienes ahora se dedican a provocar a las Fuerzas Armadas buscando una respuesta violenta para incendiar no tan solo Guerrero, sino al país mismo. Con todo y el llamado del presidente Peña a la responsabilidad, me parece que tendrá que asumir la suya si no quiere que el dolor de cabeza escale y tengamos que lamentar la separación de una porción del territorio nacional. Si bien el gobernador tiene que responder por la seguridad, el presidente de la República tiene que velar por la integridad de la Federación. Al tiempo. [email protected]

 

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