· El Estado Mexicano está mimetizado a través de una impunidad execrable impulsada por aristócratas que mueven hilos oscuros a través de los barones de las drogas, hoy comprometidos con el fenómeno de la kakistocrática Cuarta Transformación
· La narco-política y su razón de “Estado”
· Soberanía y ejercicio de ley, estructura del Estado
Blas A. Buendía
A los inicios de la era del narco-neoliberalismo las luces de alerta fueron encendidas, no solo en México sino a nivel globalizador, reveló la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
Alerta que “la narco-política estaba en franca apertura. El Estado instituía una alianza con el narcotráfico. En la entonces y hasta hoy en día con otra nomenklatura, la Procuraduría General de la República, togas de poder e indignidad, se levantaron de sus sitiales y se convirtieron en protectores y socios de la delincuencia. El incipiente fenómeno producía gananciales de millones de dólares. La corrupción en el medio de procuración de justicia surgía”.
El grado de descomposición social es imperante, y en boca de todas las sociedades, se preguntan “¿cuánto facturan los cárteles del narcotráfico al año”, que comparativamente, hasta superan los Productos Internos Brutos (PIB) de todo país. Es decir, con estas grotescas ganancias, el crimen organizado no solo compra arsenal y casas de seguridad, sino también corrompen policías, políticos y jueces. ¡Vaya histórica tosquedad!
En esta Cuarta Transformación de la República —analizó el Ateneo— no se puede ni se debe obviar la realidad, por dolorosa que sea. “Si durante el neoliberalismo se decidió la creación, organización, sometimiento y sostenimiento de la narco-política desde la Representación Social Federal, fue porque se contó con la permisibilidad y complicidad de esas togas de poder e insalubridad. Fue también porque se confiaba —porque se podía confiar— en recibir impunidad y en la inhibición para indagar tan execrable fenómeno”.
Y cita: “La convivencia jurídica contra la razón, cimentó profundas raíces en el órgano encargado de procurar justicia, tan abismales que aún persisten en esta Cuarta Transformación de la Nación.
“Desde que la Procuraduría General de la República dio inicio a esas desagradables alianzas, comenzó una muy larga sucesión de indignidades, complicidades y justificaciones, con argumentos ilegales y delictivos. Con Alejandro Gertz Manero todavía persisten, incluso acentuados para brindar impunidad al organizador de la narco-política. ¡Vaya infamia de Estado!”, pronunció.
Rememora: “Desde los hechos acontecidos en un lejano mes de noviembre, se empezaron a descalificar las denuncias de corrupción presentadas por la abogacía independiente de la República, justificando el no indagar ellas por una supuesta “razón de Estado”, enarbolando con esos conceptos una triste —ética de complicidad—, para pasar por alto el contenido del Código Penal Federal, un epítome que a pesar de las circunstancias, se sustenta con los preceptos de sus articulados, que aterriza con el intrínseco 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tiempos de disuasión.
El Artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona (como actualmente ocurre), tan pronto como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, así como los que hubieren cooperado a ésta, serán juzgados con arreglo a la Constitución y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.
Si bien México ha enfrentado desde tiempos del pasado la vergüenza nacional e internacional —arrastres anticonstitucionales—, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ha exigido desde hace mucho tiempo, con la inseparable expresión del ¡basta ya!, para que el Estado será un verdadero Estado, trace los límites y darle plena validez al pensamiento de los próceres del México del pasado, que nos dieron paz y libertad.
Es decir, bajo la efigie del presidente Benito Juárez García, México se transformó en una nación más justa y libre del opresor, en las conciencias de los hombres y de los pueblos libres proclaman el pensamiento juarista: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, histórica frase que se promueve permanentemente en la parte superior del frontispicio del Congreso de la Unión.
Bajo esa línea que el narcotráfico debe detenerse de forma enérgica, es otra de las fórmulas jurídicas que “no se tolerará más una situación o comportamiento específico. En otras palabras, es un llamado a poner fin a algo que se considera inaceptable o excesivo”, que conjuntamente y pese a ese laberinto pecaminoso, la corrupción y la narco-política siguen atacando la legitimidad del Estado de Derecho, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y sus titulares que necesariamente deben defender ante el acoso de los enemigos internos y externos, hoy más en día cuando México lo asecha el comunismo.
El ejercicio constitucional que se debió haber cumplido pero no lo hizo por la maraña de connivencias que tuvo el procurador Jorge Carpizo McGregor, al lado del Ejecutivo federal en turno, se adentró a un plano de repugnancias. “Tan repugnantes, ignorantes y viles fueron los procuradores que olvidaron el magisterio ético y filosófico de Luis Cabrera, contenidos en su inolvidable obra La Misión Constitucional del Ministerio Público.
El político conservador Ernesto Ruffo Appel, de extracción panista, quien se desempeñó en la transición de las décadas de los 80-90 como el primer gobernador de la oposición en México (Baja California), fue el iniciador de las narco-acusaciones que surgieron durante la época salinista. Estas acusaciones tuvieron un impacto significativo en el panorama político y social de ese momento, que hoy, lastimosamente, se observan ya sin asombro.
Es importante recordar que la relación entre la política y el narcotráfico ha sido un tema complejo y controvertido en la historia de México, pero muy entendido ahora que el poder presidencial llegó a manos de una fuerza de desalmados que ni siquiera tiene las cualidades de ser de izquierda, sino un conjunto de indolentes kakistocráticos y ladronzuelos de cuarta calaña.
La abogada Teresa Jardí, cabe hacer hincapié, en 1989 presentó valientemente una denuncia solitaria contra el verdugo veracruzano Miguel Nazar Haro por delitos de lesa humanidad, y salió airosa de los juzgados en materia penal federal.
Nazar —hoy físicamente desaparecido— fue jefe de la Brigada Blanca, quien se ganó la fama de torturador de guerrilleros; cayó de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría General de Protección y Vialidad del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, tras los escándalos políticos-policiacos que se le atribuían.
Defensora de comunidades indígenas y activista de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua, Tere Jardí conoció los sótanos de la administración de justicia, cuando fungió fugazmente como asesora del procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, revelando que la Unidad Regional de la PGR en Chihuahua, “estaba infestada de narcotraficantes”.
Pese a todo este panorama, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que preside el abogado Alberto Woolrich Ortiz, afirma que “aún se espera y se desea que aquellas indignidades, complicidades y convivencias con la delincuencia sean investigadas.
“Tanto recurrir a una supuesta Razón de Estado para envilecer a la justicia, tanta ignorancia en la interpretación de la ley en el hoy aún sigue exasperando. ¿Hasta cuándo habrá que esperar para investigar esa verdad?”, lanzó este reto aun cuando el Estado mexicano tenga todos los elementos jurídicos para que México deje de ser la “industria colonial del narcotráfico”, en todos sus niveles, desde el doméstico como el de escala internacional.
“¡Es cuánto!”, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
Una institución infiltrada
La Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía (FGR), se inició siendo una dependencia del gobierno federal mexicano que con la misma jerarquía que las Secretarías de Estado, su formación se integró como parte del Gabinete legal del presidente de México en turno. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal con funciones de fiscalía, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Su titular, el procurador y/o fiscal general de la República, es quien sigue presidiendo al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, como son la Agencia de Investigación Criminal, las fiscalías especializadas, la policía investigadora y los peritos, solo que aquí existe una falla jurídica: su actuar ha dejado mucho qué desear…
Su poder es totalmente amplio. No hay ente que obstruya o sea “vigilante” del “policía mayor”, porque es el ente gubernamental encargado de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de investigación criminal de los hechos que revisten los caracteres de delito; de garantizar la protección y asistencia a las víctimas, testigos, y el resto de los sujetos que integran el proceso judicial; de tal manera, es víctima y victimario…
Aun así, asume la titularidad y sustento de la acción penal pública en representación del Estado y la sociedad en general ante el Poder Judicial de la Federación; intervenir en los procesos de extradición; colaborar en las acciones de combate al delito, encabezando a los elementos del ministerio público federal, esto en apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en manos de una funcionaria ignorante de nombre Rosa Icela Rodríguez, quien tiene un turbio pasado, que de ser una incipiente reportera de bajo nivel intelectual del periódico La Jornada, a través del tiempo fue “tan inteligente” al explorar y explotar su plena identificación con lo que es el desastroso gobierno de la Cuarta Transformación.
Entre otras de las funciones de la ahora FGR, es la de intervenir en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad de acuerdo a lo que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que a lo largo del siglo XIX, sus facultades siguen estando contempladas en la Secretaría de Justicia en cualquiera de sus denominaciones.
La PGR se fundó el 22 de mayo de 1900 por decreto del presidente Porfirio Díaz Mori como una dependencia dirigida por el secretario de Justicia. Desde el 30 de abril de 1917 se subió su rango al mismo que una Secretaría de Estado y quedó como parte del Gabinete presidencial.
Una reforma constitucional del artículo 102 publicada el 29 de enero de 2016 y la posterior promulgación de una nueva Ley Orgánica, le dotaron de plena autonomía del presidente de la República, pero nunca ha dejado de ser un operador de consigna para amedrentar a los enemigos del sistema.
La institución fue reemplazada el 20 de diciembre del 2018 por la Fiscalía General de la República, “un órgano constitucional autónomo ajeno a cualquiera de los Poderes de la Unión”, que para los críticos del “sistema”, se ha convertido en una institución que bajo las órdenes que emanan del escritorio presidencial de Palacio Nacional, se ve impedida en mover meñique alguno en contra del crimen organizado, sino que a éste le ha permitido actuar como un poder de facto.
Porque la actual política del Ejecutivo Federal “es proteger a los criminales, ya que también los considera ser “seres humanos”, sellando su aberrante y descerebrada resolución con la histórica frase “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, sostenida con alfileres por otra desavenencia jurídica, “abrazos, no balazos”, cuando México lo ha crispado e incendiado, convirtiéndolo en el gigantesco panteón de América Latina.
De país soberano a una colonia
De tal suerte que México se ha transformado en una industria colonial del narcotráfico, en álgido momento en que el Estado Mexicano está mimetizado a través de una impunidad execrable impulsada por aristócratas que mueven hilos oscuros a través de los barones de las drogas, hoy comprometidos con el fenómeno de la kakistocrática Cuarta Transformación. Esa es, en parte, “la narco-política y su razón de Estado”, pese a que de forma globalizadora, se puede apostar que en tanto perdure el engañoso modelo de la 4T, México seguirá viviendo un Estado de terror. ¿Por qué?
Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad.
Dicho de otro modo, un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones el término es usado también para referirse a la nación como un todo: el Estado argentino, el Estado palestino, etcétera. Para que un colectivo humano organizado sea reconocido como un Estado, deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares.
Todos los Estados, entonces, deben poder contar con capacidad de:
Exteriorizar su poder. Es decir, lograr el reconocimiento de sus congéneres por la fuerza si fuera necesario.
Institucionalizar su poder. Esto significa poseer instituciones coercitivas que mantengan el orden y que consoliden los métodos de sucesión en el poder político, sean los que sean.
Administrar una identidad colectiva. Los pobladores de un Estado deben sentirse parte de un todo organizado y mayor que sus propias individualidades o familias, y deben compartir una tradición, un relato fundacional, una serie de símbolos patrios, y demás…
Los elementos comunes a todo Estado son:
Población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos Estados plurinacionales (varias naciones organizadas en un mismo Estado), ya que lo importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un destino político afín.
Territorio. Todos los Estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley, de la de los Estados vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no ponga en jaque los territorios vecinos.
Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población.
Soberanía. Ningún Estado existe si otro toma por él sus decisiones, así que todo Estado requiere de autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De no poseerlo podremos estar frente a una colonia, un Estado asociado u otras formas de dominación de un Estado sobre otro, que es lo que ocurre internamente en territorio mexicano, azotado y agobiado por el poder de facto del narcotráfico.
Se denomina Estado de derecho a un ordenamiento particular de un país, en el cual todo tipo de conflicto y de procedimiento social, jurídico o político se resuelve atendiendo a lo explicitado en una Carta Magna, es decir, una Constitución que, para los estudiosos constitucionalistas, la de 1917, es que la sigue rigiendo los destinos de México.
En la Constitución se contemplan las reglas de juego para el funcionamiento de un Estado en particular, entre ellas las potestades y limitaciones de las fuerzas del Estado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y por ende todos los que hagan vida en dicho país deben someterse voluntariamente a la ley consagrada en dicho texto, solo que en México, no puede gozarse de esta cualidad, porque de antemano, el mundo a calificado a su presidente como el #PresidenteNarcoAMLO.
Es condición indispensable para que exista un Estado de derecho que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, gocen de los mismos derechos y deberes, sean evaluados jurídicamente con el mismo baremo y que las instituciones operen de conformidad con la ley.
Soberanía y ejercicio de ley, estructura del Estado
Suelen confundirse términos como Estado, nación y gobierno. La distinción entre un Estado, tal y como lo hemos definido en este artículo, y una nación o un gobierno radica en:
Los gobiernos son gestiones de los recursos e instituciones del Estado, que varían conforme a las reglas políticas y jurídicas de un país, y que luego ceden el turno a otros actores políticos para ejercer su propio gobierno, sin que ello implique normalmente cambios drásticos en la estructura del Estado. Los gobiernos pasan y están constituidos por una clase política electa o dominante; los Estados, en cambio, son duraderos y abarcan al total de la población de un país. La suma de todo el patrimonio público por ende equivale al Estado, no al gobierno.
Las naciones, por su parte, son conjuntos de personas que comparten vínculos históricos, culturales, a veces étnicos, por lo general lingüísticos, y que se reconocen como una colectividad, ya sea que tengan o no un Estado propio para administrar.
El concepto de nación es similar al de “pueblo”: en un mismo Estado pueden existir diversas naciones o pueblos, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, compuesto por una población mixta de diversas etnias o naciones indígenas.
Pero en México, solo para puntualizar, el principal enemigo es su presidente a quien voluntariamente se ha ganado que le falte el respeto, toda vez que desde fuera de las fronteras siguen considerando que “¡López Obrador es un Peligro para México!”
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
