A mediados de febrero de este año, 800 personas llegaron a habitar la Tercera Sección del Polígono 6 en el Ejido Ojo de Agua, de la delegación La Presa Este, una de las nueve que conforman el populoso municipio fronterizo de Tijuana, Baja California.
La tranquila vida de los nuevos inquilinos de la Tercera Sección se rompió completamente la madrugada del 29 de abril. Los intentos de desestabilizar y las amenazas llegaron unos días antes, el 26 de abril, cuando un impresionante equipo de maquinaria pesada que arrastraba 20 contenedores metálicos irrumpió sorpresivamente en el paraje.
La comitiva era liderada por una señora que se hizo llamar Juana Rodríguez García, quien con palabras altisonantes y con actitud agresiva exigió a los habitantes que salieran de su terreno o haría un “cagadero”.
“La señora Juana aseguró que ésta era su propiedad privada y exigía que nos saliéramos, que no podíamos estar aquí y que nos saliéramos de inmediato”, cuenta Carolina R. –se omite el nombre real de los testigos por temor a represalias–, representante de los vecinos de Polígono 6.
“Le pedimos que nos trajera los documentos en los que se le acreditaba esta propiedad, pero ella dijo que no traía nada. De antemano sabíamos que no podría acreditar la propiedad porque el dueño de estos terrenos es el Ejido Ojo de Agua, y los ejidatarios ya nos habían autorizado la posesión a nosotros, así que no estábamos incurriendo en ninguna ilegalidad”.
Luego de varias reuniones entre los ejidatarios dueños e integrantes del Movimiento Antorchista interesados en habitar este terreno, ambos acordaron que se seguirían los procedimientos legales para hacer de las 12 hectáreas que conforman las Tercera Sección, una nueva área habitacional para familias de escasos recursos económicos.
“El terreno ya está cedido desde hace casi cinco años a los integrantes del Movimiento Antorchista, está en proceso de regularización por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), y por medio de éste y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también se está llevando a cabo la expropiación del terreno para que se pueda fraccionar”, aseguró el secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido Ojo de Agua, Rogelio Vázquez.
Por su parte, el delegado del INSUS, Gilberto Covelli Gómez, aseguró: “el Polígono 6 es una propiedad ejidal. En 2014, la dirección de concentración social hizo un acuerdo con el ejido, la Sedatu y los posesionarios representados por Antorcha Campesina y llegaron a la determinación de que el ejido daba la anuencia de que se ejecutara una expropiación sobre el Polígono 6, 42.6 hectáreas aproximadamente, en donde se encuentran asentadas alrededor de mil 600 familias”.
Con la ejecución de la expropiación, ya acordada con el ejido, las mil 600 familias están en proceso de convertirse en propietarios de los terrenos del Polígono 6, lo que significa, según lo aseveró el delegado del INSUS, que aproximadamente seis mil 400 personas tendrán un hogar una vez que se concluya el proceso expropiatorio.
“Podríamos estar hablando de seis meses para el inicio de la expedición de los títulos de propiedad a cada uno de los posesionarios”, aseguró el funcionario.
Pero los procedimientos legales y las instituciones no lograron detener a quienes se ostentaban como legítimos dueños.
Primera amonestación
Al filo de la noche del miércoles 26, seis delincuentes, comúnmente denominados “cholos” en la entidad, se apostaron frente a la entrada principal de la Tercera Sección del Polígono 6, descargaron sus armas y exigieron a los guardianes del predio: “váyanse, no los queremos ver aquí”. Los vigilantes, atemorizados e indefensos, salieron corriendo.
La mañana siguiente, jueves 27 de abril, el señor Salvador Rivas, en compañía de su representante legal (Gustavo Álvarez Barroso) denunció (Número Único de Caso 0204-19386) ante el Ministerio Público (MP) que fue desalojado de su propiedad y agredidos sus familiares en Valle Redondo, predio contiguo al Polígono 6.
El viernes 28 de abril, a las 10 de la mañana, la ex jefa de campaña del candidato priista a la presidencia municipal de Tijuana (René Mendívil Acosta), Ana Érika Santana González, acusó sin pruebas al Movimiento Antorchista y a su ex líder, Ignacio Acosta Montes, actual encargado de despacho de La Presa Este, de presunto despojo. En la conferencia de prensa estuvo acompañada por Salvador Rivas, dueño de la recicladora “El Cimarrón” y representante de su hermano Arturo Rivas.
En carta dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, aseguró que “los nativos y fundadores de la ciudad de Tijuana: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El delito de despojo (quien va y ocupa el predio, además de quien lo instiga, promueve y lidere) se castiga con cárcel. Exigimos cárcel a estos delincuentes”.
Por la tarde del mismo día, Juana Rodríguez García se volvió a apersonar en el Polígono 6 junto con el abogado de Salvador Rivas. Descendió de una camioneta pick up blanca e intentó golpear a la señora Hortensia P.
Hortensia evadió los golpes y Juana ingresó al terreno; reconoció a una de sus empleadas, le reclamó qué hacía ahí y la instó a retirarse: “tú sabes que este terreno es mío, salte de aquí porque voy a hacer un cagadero. Voy a meter la máquina, voy a traer gente, les voy a meter sus balazos y los voy a sacar”.
Los solicitantes de vivienda y nuevos habitantes de la Tercera Sección no se retiraron del predio. Estaban amparados en la resolución presidencial de 1980 que terminó de ejecutarse en 2012 –tal como consta en la Carpeta básica original del ejido– además del común acuerdo con los 80 ejidatarios y el Gobierno del estado.
“Los contenedores los pusieron los supuestos dueños para que la gente no siguiera tomando posesión, pero esa sí es invasión a una propiedad privada. En principio de cuentas es nuestro y, para que se tomara posesión, autorizamos al Movimiento Antorchista”, aseguró el secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido Ojo de Agua, Rogelio Vázquez.
Amenaza cumplida
La guardia nocturna del 29 de abril había encendido una fogata a unos cuantos pasos del portón porque la noche era fría y corría bastante aire. Cuatro jóvenes conformaban el grupo. Tenían la tarea de resguardar la seguridad de las 247 familias que hacía solo unos meses habían llegado a habitar las 12 hectáreas de la Tercera Sección del Polígono 6.
El reloj marcaba la media noche. Durante el día se veían ir y venir a los niños corriendo detrás de desinfladas pelotas, a sus madres detrás de ellos, por los vericuetos del pedregoso terreno, y el carro del pan y del agua que ofrecían su mercancía. Pero a esta hora de la noche la oscuridad rodeaba todo el predio y la tranquilidad se había apoderado de la zona.
El más joven de la cuadrilla había comenzado a cabecear; mirándolo compasivamente sus compañeros lo disculparon y permitieron que se fuera a recostar dentro del carro que a estas alturas era considerado cama, instrumento de trabajo y medio de transporte, todo al mismo tiempo. Uno hacía rondín y la guardia se redujo a dos.
La manecilla del reloj había avanzado media hora cuando la guardia nocturna escuchó el ruido que producía una máquina demoledora. “Escuchamos la retroexcavadora, la vimos doblar la esquina y acercarse a la entrada de la colonia. Adivinamos sus intenciones cuando se colocó justo en frente del portón y amenazó con echársenos encima. Nosotros dos estábamos parados justo en la entrada para impedirle el paso, pero la máquina no dio señales de retroceder. Vimos entonces que detrás de ella venían dos patrullas y dos camiones llenos de malandros; los jóvenes se bajaron, todos venían uniformados con cascos amarrillos y chalecos verde fluorescente, en las manos portaban armas, cuchillos, machetes, varillas, tubos, bates, piedras y bombas molotov. Antes de que la máquina se nos echara encima nos aventamos a un lado del portón”, cuenta Teo J.
Una horda de 100 maleantes, cuyas edades iban de los 17 a los 24 años irrumpió en el lugar, iban drogados, según la policía ministerial. En unos segundos comenzaron a quemar casas, golpear coches y a cuanta persona se encontraban en su camino.
Marcos Z. iba camino a relevar al grupo de guardia cuando vio que la retroexcavadora arrasaba con el portón. “Comenzó a azotar a todos los vehículos que había en la entrada. Tratamos de bajar al que conducía la máquina pero la cabina del conductor estaba protegida con una malla metálica y venía con toda la intención de destruir todo. Intentamos huir por el otro lado, pero nos encontramos con 80 o más que traían bombas con mechas encendidas, varillas, garrotes y armas de fuego y gritaban: “sálganse, hijos de su puta madre, esto es una propiedad privada”.
Habían pasado pocos minutos para que el ejido pasara de la tranquilidad a la agitación de una zona de guerra. Niños llorando de incertidumbre, hombres golpeados, madres corriendo de un lado a otro tratando de rescatar a sus familias, casas incendiadas, gritos, sangre, humo y oscuridad.
“Fuimos por la parte trasera y nos encontramos con unas mujeres y una chiquillada. Tratamos de ayudarla. Un señor que vive en la Segunda Sección nos dijo que lo siguiéramos, que él conocía un camino. Y allá vamos, yo con un chiquillo a cada lado y una niña en la espalda, ella con otro pequeño, el señor con otro y… bueno, intentando salvarlos porque estaba seguro que los iban a matar; esos venían golpeando y quemando a diestra y siniestra a todo el que se les ponía en enfrente”, narra Marcos Z.
En veinte minutos, al menos 80 casas ardían y el olor a gasolina impregnaba la atmósfera. Algunos malandros habían pasado de incendiar carros y camionetas a golpear niños, hombres y mujeres. Uno de ellos arrastraba a una mujer embarazada que pudo liberarse gracias al auxilio de sus compañeros. Afuera varios vehículos ardían y la humareda alcanzaba los 10 metros.
“¿Y la policía?, eso es lo que yo me pregunto. Yo la vi afuerita. Luego luego había una patrulla, las señoras les pedían a los policías que se metieran, que hicieran algo, que detuvieran a los delincuentes, pero ellos contestaron que iban a esperar a que llegaran los refuerzos. Ya no supe más porque alguien me golpeó y me noqueó, no sé con qué. Desperté minutos después y me dolía la nuca. Estaba en la parte trasera de la pick up de mi hijo, con su esposa y mi nieto de siete meses. Él nos había sacado y se había regresado a ayudar…”, cuenta Pedro P.
En el otro extremo de la colonia, Lucio C. también se regresó a ayudar. Después de poner a salvo a su mujer volvió al predio a defender lo que llama su cachito de tierra. “Ya tengo muchos años aquí luchando para tener un terreno, para tener una vivienda para mis hijos y que no anden batallando. Regresé a detener a esos cuates, ni modos que dejara que nos vinieran a sacar nomás por capricho de alguien. Nadie se dejaría, ¿por qué?, porque son cosas que a uno le han costado con el sudor de su frente. Por eso pensé en defender, en ayudar, en no quedarme con los brazos cruzados”.
Carolina R. asegura que la policía nunca intervino en el atropello. “Ni siquiera intentaron detener a la máquina retroexcavadora cuando ésta trataba de huir, ¿cómo va a avanzar más rápido una máquina de ésas que una patrulla? Al final la alcanzaron, convenientemente para el agresor, fuera del lugar de los hechos”.
Al contrario de los elementos de seguridad, Lucio C., Marcos Z, el hijo de éste y algunos vecinos lograron detener a siete invasores que después entregaron a la policía para que iniciara la investigación.
Cerca de la una de la mañana varios vecinos escucharon una detonación. Una de los varios testigos del hecho, Gabriela N., cuenta: “yo estaba en la calle, afuera del predio, pero fui hacia la entrada porque mi hijo era uno de los que estaba haciendo guardia esa noche. Le marco al celular y me dice que está bien, que lo golpearon pero no es nada grave. Le digo que se suba a la camioneta y yo me meto al predio, veo que hay mucha gente gritando, niños llorando, los padres tratando de sacarlos y, detrás de ellos a los agresores de chaleco verde. Me salgo y me voy hacia la parte de los contenedores (la parte baja del predio), como estaba oscuro me escondo y es cuando veo un forcejeo. Era un compañero de nosotros y uno de los de chaleco verde. Escucho una detonación y cae nuestro compañero. El otro se echa a correr. Me acerco y me doy cuenta de que es José Corrales Almejo, un compañero muy querido por nosotros. Me apretaba fuertemente las manos y me hablaba muy bajito, pero no pude entender lo que decía. Yo le pedía: no te duermas José, no te duermas…”.
Veinte minutos después llegó la ambulancia. En ella iban dos heridos más de la trifulca, José era el tercero. Los paramédicos no permitieron que ningún familiar o amigo subiera para acompañar al herido de bala ni a los otros dos. “Pidieron expresamente que no los siguiéramos, que iban a llevar a José al Hospital General”, relata Gabriela N.
Dos compañeros de José Corrales se dirigieron al Hospital General para pedir informes sobre su estado, pero el herido no estaba ahí. Fueron hasta Tecate, pero tampoco se encontraba en ese municipio; en la Cruz Roja nadie les dio razón. Regresaron al Hospital General, donde por fin se les dio aviso de que José había sido trasladado a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tijuana. El reloj marcaba las ocho de la mañana.
En el predio los bomberos habían sofocado el fuego, la policía se encontraba dando parte del suceso, la ministerial recorría Ojo de Agua para realizar las pesquisas, pero de José Corrales aún no se sabía nada porque el personal de la Clínica 1 se encontraba en cambio de turno. A las 12:30 del día su hermano por fin obtuvo el pase de visita pero la cama del hospital estaba vacía y los intendentes limpiaban la habitación.
Juan Corrales salió inmediatamente y corrió hacia sus compañeros diciendo desesperadamente: “lo mataron, porque me dijeron que ya está en la morgue”.
Los vicios del proceso
Mientras el cuerpo del difunto se encontraba en la morgue, el plazo constitucional para poner a disposición a los detenidos había comenzado a correr desde las 00:25 horas del sábado y concluiría la madrugada del lunes. No había tiempo que perder.
Los siete detenidos puestos a disposición de la policía se sumaron al maquinista detenido por los agentes policiacos, quienes le habían permitido salir ileso del predio y lo custodiaron más allá de la colonia Terrazas, a dos kilómetros del Ejido Ojo de Agua.
El sábado, la policía ministerial llamó a cinco personas. En pleno Día del Niño, domingo 30 de abril, cuando los hijos y familiares de José sufrían por su muerte y las calles de Tijuana estaban casi vacías, los asesores jurídicos Luis Miguel Hernández Mejía, Gonzalo Iván Martínez Vera y Maribel Rodríguez Rodríguez arribaron alrededor de las dos de la tarde con más de 20 heridos al MP, tras percatarse de que los policías solo habían entrevistado a sus representados pero no les habían tomado ninguna declaración. Treinta y cuatro horas habían pasado del incidente, y las omisiones comenzaron a acumularse.
Cuando solo faltaban 12 horas para que se venciera el plazo, el asesor jurídico se entrevistó con la agente del MP, Hamelin Chalico Parra, para saber sobre el homicidio derivado de los hechos.
MP: Yo solo voy a estar viendo el asunto de los daños y las lesiones. Porque el homicidio es otra cosa. Además, él se disparó solo.
ASESOR: ¿Usted ya investigó y determinó que se disparó solo?
MP: Bueno, es que eso dice una entrevista. Además a mí no me toca ver eso. Yo lo único que estoy viendo es el asunto de las lesiones y los daños; y como en los partes informativos de la policía no hubo ningún herido de bala y no tengo conocimiento de eso, no puedo investigar ni recabar pruebas.
ASESOR: Le informamos que hubo un herido de bala y solicitamos la acumulación de carpetas porque derivan de los mismos hechos; además, que reciba a los que presenciaron y fueron víctimas de las agresiones, les tomen su declaración y que los revise el médico legista porque todos vienen lesionados.
MP: Vamos viendo. Primero páseme a los cinco lesionados que yo había citado…
Pasadas varias horas la ministerio público volvió y dijo: “voy a recibir solo a los cinco, a todos los demás no los puedo recibir porque ya se me está acabando el tiempo. Si el plazo se vence va a ser culpa de ustedes”.
Los lesionados con heridas físicas visibles nunca rindieron declaración ante el MP, nadie les tomó denuncia alguna ni fueron revisados por el médico legista que estaba frente a ellos.
No se realizaron las pruebas periciales, no se recogió evidencia científica ni en el momento ni después de los hechos, ni la policía dio parte al MP de que había un herido de bala. Nadie hizo nada.
A las 10 de la noche, cuatro horas antes de que se venciera el plazo constitucional, la ministerio salió unos segundos y pidió al grupo de agredidos que volviera a las 12 de la noche para informarle la razón por la que iba a poner a los detenidos a disposición del juez y el día que se celebraría la audiencia de control de detención.
Defensores y representados regresaron a las 11:30 de la noche y continuaron esperando. Se venció el plazo, los aporreados dormían afuera de las instalaciones del MP mientras aparecía de nuevo la ministerio. Hasta las 4:30 de la mañana salió e informó que pondría a disposición a los detenidos por lesiones, daños, con agravante por medios violentos.
Hasta ahí todos estuvieron de acuerdo, “porque pensamos: a lo mejor eso amerita que no les dé la libertad bajo caución ni de ninguna modalidad, sino que les dicten prisión preventiva oficiosa”, aseguró el asesor.
Los vecinos de Ojo de Agua regresaron a sus casas como llegaron, heridos y sin haber sido escuchados.
A las cinco de la tarde, del lunes 1º de mayo, los asesores fueron informados que se celebró la audiencia en la cual se dejaba en libertad al maquinista y a los otros siete agresores, el primero porque no se le detuvo en flagrancia y a los segundos porque el juez de control consideró que la ministerio público no acreditó que los hechos delictivos se hubiesen realizado por medios violentos, a pesar de los cientos de videos, fotografías y testimonios de los agredidos.
El cuerpo de José fue entregado hasta el dos de mayo.
“Los integrantes de la organización Movimiento Antorchista estaban en su derecho de tomar posesión de los terrenos que actualmente se hallan en el proceso administrativo de expropiación por parte del INSUS; no cometieron ninguna invasión. En cuanto termine el proceso pagarán al Gobierno el valor social del predio y nosotros pagaremos al Ejido Ojo de Agua”, aclaró el delegado del INSUS.
Cerbero R. tiene el pendiente de que esa señora “ya no contrate a esos cholos, sino a sicarios. Ellos no llegan apedreando ni con bombas molotov, llegan y barren con sus armas grandes”.
Tijuana, donde empieza la patria de la injusticia
Tijuana se ha convertido en el municipio más violento de Baja California en lo que va de 2017. El primer bimestre del año, el número de homicidios aumentó 64 por ciento con respecto a 2016.
En la entidad están inconformes con su gobernador choferes, maestros, jubilados, ciudadanos y funcionarios. Todos han sido víctimas de sus agresivas políticas económicas.
Más de 40 mil transportistas realizaron protestas permanentes durante más de tres meses por el incremento progresivo del diésel y por el reemplacamiento ordenado desde el Palacio de Gobierno de Mexicali; se decretó la nueva Ley del agua que obliga a los bajacalifornianos a pagar más y a atenerse a las medidas draconianas de no pagar puntualmente, sentando las bases para la privatización del servicio.
Maestros interinos (tres mil) y jubilados (tres mil 200) suspendieron labores y salieron a las calles a exigir que se les pague, pues desde hace seis meses no han recibido ningún tipo de bonificación; burócratas inconformes porque el gobernador se redujo el salario y ordenó que sus empleados también lo hicieran, pero ante la disparidad de ingresos, se molestaron y también protestaron.
Aunque el gobernador dio marcha atrás al cambio de placas y a la nueva Ley del agua, la justicia y la seguridad siguen pendientes. La entidad suma ya, de enero a abril, 729 víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin contar los asesinatos que no llevan ningún proceso.
Donde empieza la Patria se ha convertido en un polvorín incontrolable para Francisco Vega de Lamadrid y el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Al mediodía del viernes cinco de mayo, el secretario del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano, le pidió su renuncia como encargado de despacho a Ignacio Acosta (“si quieres que las cosas no pasen adelante”), pero éste no la aceptó: “firmar sería aceptar que cometí un delito y nunca lo he hecho. Esa gente está en regla y, en honor a la verdad, ella es la que fue invadida, lesionada y sufrió la pérdida de una vida humana. Si eso desea el presidente municipal, que me despida”.
Doce días después del incidente, Alfonso de Jesús Villagrán Contreras, víctima de la agresión y representante de los agremiados del MA de Baja California que se vieron perjudicados con los hechos ya narrados, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado “por las acciones, omisiones y abusos de autoridad cometidos por parte de las autoridades, al no cumplir con sus obligaciones como servidores públicos, pues propiciaron la impunidad de los responsables del caso que nos ocupa”.
Unos días después del mortal suceso, el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, aseguraba: “es un ataque orquestado desde el poder municipal como lo prueba la cronología de los hechos. ¿Es o no claro que el fondo del asunto es poner a Ignacio Acosta fuera de la administración municipal por el grave delito de ser antorchista? ¿Y no está claro el contubernio, el apoyo recíproco que se prestan ciertos funcionarios y los delincuentes para sacar adelante sus intereses comunes? Si antes de proceder a los ataques y a la agresión sangrienta se hubiera hablado con Ignacio Acosta cara a cara y de hombre a hombre es seguro que él hubiera cedido el cargo sin mayores problemas”.
Y continúa, “pero se prefirió el camino pérfido y tortuoso de los pretextos, el hostigamiento y el ninguneo y hoy, entre los agresores y el delegado antorchista media la sangre de una víctima inocente que hace imposible la simple renuncia”, aseveró el líder de la agrupación que se ha convertido en una fuerza política decisiva en los procesos electorales.
A la una de la mañana del 29 abril, mientras el predio ardía en llamas, volaban vidrios y trozos de madera, la gente se percató que en la calle de enfrente se encontraba la pick up blanca, la misma que días antes había arribado con Juana Rodríguez García a bordo, corrieron hacia ella, pero salió disparada, pasó de largo y con risa sardónica les gritó a los que corrían despavoridos: “Se los advertí, hijos de la chingada. Les dije que iba a pasar esto y no hicieron caso”.
