Fernando González Mejía
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
Por ley, esta larga frase debe aparecer en toda la propaganda de cualquier programa que utiliza recursos públicos y que generalmente están destinados al apoyo social hacia los más desfavorecidos, a sectores con alguna vulnerabilidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 41 y 134 distingue entre dos tipos fundamentales de actos de expresión: el que conocemos como propaganda gubernamental que se define como aquella que difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y por otro lado la propaganda política que va dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.
Pues bien, conozcamos con el ejemplo del programa de Abasto Social de Leche Liconsa, como interpreta esta obligación la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).
El Programa del subsidio a la leche cumplió recientemente 75 años de existencia, Liconsa cuenta con varias plantas de producción en todo el país: la primera, se construyó hace 65 años en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. Actualmente, Liconsa atiende un “suculento”, electoralmente hablando, padrón de beneficiarios mayor a 5.8 millones de mexicanos, aproximadamente son 2.7 millones de familias, casi el 10% del total de hogares mexicanos.
Las lecherías o puntos de venta de Liconsa se extienden por todo nuestro territorio, en algunos casos se ubican en las comunidades más aisladas, con mayor rezago y marginación social. Las lecherías han sido utilizadas durante los procesos de campaña para promover el voto, la gran mayoría de candidatos en las primeras horas del día, durante la venta de leche acudían a promocionarse, incluso los partidos de oposición lograron limitar o impedir la presencia de los candidatos dentro de los locales de las lecherías.
En numerosas ocasiones, los gobiernos federales del PRI y PAN pretendieron hacer cambios “sustanciales“ al subsidio de leche; para ello involucraron a varias instituciones académicas de nuestro país, por ejemplo: la UNAM e ITAM, o incluso organismos internacionales como CEPAL o UNESCO, las cuales instrumentaron estudios científicos en todo el proceso para entregar el subsidio a los beneficiarios, desde la producción del lácteo hasta su entrega en los diferentes puntos de venta, pero sin intervenir en la operación, pues lo que buscaban esos gobiernos era mejorar, disminuir o desaparecer el programa.
Con la instrumentación de esos estudios, la empresa cambió los mecanismos de registro de los beneficiarios, impuso la cantidad de lácteo necesario según el tipo de población, adicionó vitaminas y nutrientes para mejorar el producto, transparentó la entrega del subsidio, quitó el apoyo, argumentando la duplicidad de subsidios, comprobó a los organismos internacionales la inversión contra el combate a la pobreza y argumentó la disminución en el déficit alimentario, etc., etc.
Ahora, la autollamada 4T incorporó en las lecherías la figura de “verificadores“, dotó a este improvisado personal, no capacitado, de un gafete con la leyenda de “verificación del funcionamiento de puntos de venta de leche liquida“; en la parte superior aparece los nombres de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) y Liconsa. Pero ¿quiénes son y qué hacen estos improvisados verificadores? Resulta que varios de ellos son los también autonombrados “siervos de la Nación“, algunos declaran ser voluntarios y la mayoría –dicen ellos- reciben un pago “simbólico“; su actividad principal es hablar con los beneficiarios para recordar que el señor presidente López Obrador es quien otorga el beneficio del programa. ¿Dónde quedó aquello de que “el programa es público, ajeno a cualquier partido político y que está prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa?
También hablan de las “bondades“ del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); supervisan y restringen al personal operativo de Liconsa, determinan quién recibe, cuánto subsidio reciben los beneficiarios, sin importar la famosa tarjeta de leche que por años ha identificado y facultado al portador para recibir el subsidio; incorporan a nuevas personas al programa, con o sin revisión de los documentos que establecen los lineamientos de la empresa y que son obligatorios para ser evaluado como probable población objetivo. Es decir, estos “verificadores“ se han convertido en los amos y señores de las lecherías.
Un último y no menor detalle, Liconsa, en sus lineamientos oficiales, prevé que el personal que representa a la institución en las diferentes comunidades tengan el perfil social, trabajadores sociales o con licenciatura afín; pero, los “verificadores” de Morena carecen totalmente de este perfil, son personas sin experiencia laboral o en atención comunitaria. Seguramente la autollamada 4T piensa que interviniendo a Liconsa con militantes de MORENA podrá controlar la preferencia electoral de esta importante masa de beneficiarios. Pero acaso, esta intromisión ¿no es corrupción? ¿no es usar el programa con fines políticos? ¿Qué nos faltará por ver, a Yeidckol Polevncky realizando el canje de tarjetas en las lecherías? O, ¿escuchar al presidente López Obrador anunciar la entrega de dinero de manera directa para que cada familia compre su leche en las tiendas Walt Mart? ¡Ah no, esto no es posible, pues en nuestro país, según el presidente, ya no hay más política neoliberal!
Es evidente que la mal llamada 4T violenta flagrantemente la ley: respeta normatividades, lineamientos, leyes, ¡nada!
Un último dato. El responsable de operar todo esta estrategia partidaria, es un veterano operador del priismo, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, quien ocupó varios cargos dentro de los gobiernos federales priistas: fue secretario particular del presidente Luis Echeverría Álvarez, director de la extinta CONASUPO –por cierto a él le tocó liquidar a la CONASUPO- y de otros programas sociales, como el tan famoso “Torti-vale“ que regalaba kilos de tortilla a las familias; es decir, el señor Ovalle Fernández es un buen operador del mentado “clientelismo electoral” tan repudiado por Morena, por lo menos de palabra, pero que son prácticas cotidianas de los gobiernos de la mafia del poder, a la que ahora se acerca la 4T. ¿Casualidad o causalidad? Usted que opina.
