Alfonso Dueñas González
¿Desde cuándo impugnar una decisión se considera un delito? Un llamado a la reflexión sobre el derecho a la transparencia y la denuncia ciudadana
En un estado de derecho, cuestionar procedimientos administrativos y promover la transparencia no solo es legítimo, sino que es una responsabilidad de quienes buscamos fortalecer nuestras instituciones. Sin embargo, recientemente he sido objeto de una tercera denuncia por parte del Dr. Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez, esta vez ante la Junta de Honor del Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud.
Entre sus numerosas quejas, se me atribuye erróneamente el haber impugnado su nombramiento como Director del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), cuando en realidad mi denuncia no se refiere a su designación en sí, sino a presuntas irregularidades en el proceso llevado a cabo para su selección.
Es necesario aclarar dos puntos fundamentales:
1. Ejercer el derecho a la denuncia no es un delito. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (anteriormente Secretaría de la Función Pública) cuenta con un portal precisamente para recibir reportes ciudadanos sobre posibles faltas a la normatividad. ¿Acaso se sugiere que denunciar irregularidades en estos procedimientos es motivo de represalia?
2. El objeto de mi denuncia no es el Dr. Arrieta ni la Dra. Erika Ruiz, a quienes respeto en lo personal y profesional. Lo que señalo es que el procedimiento no se apegó a lo establecido en la normativa vigente, y que las autoridades responsables deben responder por ello.
Folio de denuncia: 4730/2024/CDAC/SS/DE2301
Hechos denunciados:
• Nombramiento del Dr. Arrieta sin observar el debido procedimiento.
• Conformación del Comité de Auscultación con integrantes que no cumplían con los requisitos normativos, sin la presencia de miembros de la H. Junta de Gobierno.
• Participación de la Dra. Erika Betzabé Ruiz García, quien no cumplía con el requisito de contar con experiencia en un cargo de alto nivel decisorio.
La denuncia, enviada el 22 de agosto de 2024, sigue en etapa de investigación, con diligencias complementarias y requerimientos de información.
En este contexto, es preocupante que el ejercicio legítimo de denunciar irregularidades administrativas sea respondido con acusaciones personales y no con el análisis riguroso de los procedimientos cuestionados. Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por la legalidad actúen con imparcialidad y en apego a los principios de transparencia, equidad y justicia.
