Nezahualcóyotl, Méx.- Integrantes del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana iniciaron movilizaciones sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, para exigir al gobierno federal y estatal el cierre definitivo del molino y tortillería, con razón social “AKSI”, ubicado en la calle Oriente 21, en la colonia San Isidro, pues ésta forma parte de una red de tortillerías “pirata”, financiadas aparentemente de manera ilegal por organizaciones políticas afines a Morena, que hacen uso indebido de logotipos oficiales para su promoción y ofrecen el costo del kilogramo por debajo de los costos reales de producción.
El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana Sergio Jarquín Muñoz, denunció que, a pesar de que el gobierno municipal de Valle de Chalco había suspendido el negocio desde el pasado viernes, tras la denuncia que realizaron los integrantes de este sector sobre el inicio de operaciones de estos establecimientos, decidieron retirar nuevamente los sellos administrativos y les permitieron trabajar otra vez, únicamente con el blanqueamiento de los sellos oficiales que habían colocado para ampararse.
“El problema va más allá del retiro de estos sellos oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en sus fachadas, pues lo que queremos es que se revise quién los están financiando de manera ilegal y por qué ofrecen el precio de la tortilla a un bajo costo, cuando eso no es ni siquiera lo que cuesta la producción. Pedimos que haya una investigación de fondo, porque esto afecta el patrimonio de miles de familias que vivimos de esta industria desde hace varias generaciones”, destacó.
Los integrantes de la industria de la masa y la tortilla demandaron la intervención inmediata de las autoridades federales y estatales, pues, con la eliminación de los sellos, los responsables y apoderados legales pretenden “aparentar” que estos establecimientos pertenecen a un particular y no forman parte de una red que es financiada por organizaciones interesadas en cooptar votos a cambio de una política de bajo costo, con precios irreales, y que ponen en riesgo el futuro de muchas familias.
Asimismo, pidieron que se regule el mercado de las tortillerías y molinos para evitar que estos establecimientos funjan como “pantallas” para la comisión de delitos, además de que las dependencias estatales y federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Profeco), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), intervengan inmediatamente para clausurar e investigar cualquier negocio de este tipo que ofrezca una competencia desleal sobre el resto, al tener precios más bajos y con el fin de que justifiquen sus costos de producción.
Sergio Jarquín afirmó que el sector de la tortilla se mantiene dispuesto a mantener mesas de trabajo con las autoridades federales, como las secretarías de Economía y de Agricultura, así como con Profeco, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, para que, en conjunto, avancen en la regulación del mercado y que esto beneficie directamente a las familias mexicanas, quienes han resultado afectados por el comportamiento de estos grupos.
“Esperamos una pronta respuesta, nosotros seguimos en la mejor disposición de diálogo, con las autoridades federales y estatales como lo hemos hecho hasta hoy, pero necesitamos resultados urgentes, porque cada minuto que pasa está en riesgo nuestra vida, la de nuestras familias y el patrimonio que hemos construido a lo largo de los años. Esto implica la comisión de varios delitos que nadie está investigando”, destacó.
El líder del sector recordó que el modelo de negocio que emplean dichas tortillerías es ilegal desde su concepción, pues ofrecen el kilogramo a nueve pesos, mientras que, en el mercado alcanza los 16 pesos, derivado de los incrementos de hasta 30 por ciento que han tenido los insumos durante la pandemia y cuyos ajustes injustificados ha venido denunciando el sector desde hace un año, por lo que resulta irracional que se oferte en este precio.
Apuntó que este lunes 30 de agosto, los tortilleros del Valle de México acudieron a la Secretaría de Gobernación para exponer la situación al nuevo titular Adán Augusto López, a quien le solicitaron que el Gobierno de México se deslinde públicamente de la operación de esta red de tortillerías y que se investigue y esclarezca el origen de los subsidios y financiamientos que reciben estos negocios y que aparentemente son ilícitos.
Se estima que, en el país, existen alrededor de 111 mil tortillerías, las cuales generan poco más de 300 mil empleos directos; de éstas, 44 mil se encuentran en el Valle de México, de las cuales dependen cuatro familias por cada una, en promedio.
