El Estado contra el meme

Betty Astudillo
Mirada Pública
El Estado contra el meme

Internet se ha convertido en una plaza pública en la que conviven la información, el conocimiento, el comercio, la denuncia y, también, la burla. En ese espacio, un meme puede resumir en segundos lo que un discurso político intenta ocultar durante horas; una caricatura puede exhibir una contradicción que ningún comunicado oficial reconoce, y una sátira puede dar voz a quienes no tienen acceso a los grandes medios de comunicación.

Por eso, cuando el Estado modifica las reglas del espacio digital, la discusión no debería reducirse a si se pueden hacer memes o no. Hay cuestiones de fondo que son más importantes, por ejemplo, ¿cómo garantizar que internet sea un lugar seguro para la ciudadanía sin convertir su regulación en un mecanismo que termine por inhibir la crítica al poder?

En México, el debate ha cobrado fuerza a raíz de las reformas conocidas popularmente como la ley antimemes. No existe una prohibición general y expresa de los memes políticos. Sin embargo, algunas disposiciones merecen un análisis cuidadoso por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

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El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación. Entre otros supuestos, se plantea sancionar el uso comercial de elementos gráficos, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando se empleen para engañar con la intención de cometer un ilícito. La controversia no está en perseguir el fraude, sino en los alcances de estas disposiciones y en las garantías necesarias para impedir que se interpreten de una forma que afecte expresiones legítimas de crítica política. Ya lo hemos visto con el abuso hacia ciudadanos y periodistas con la aplicación de la figura de violencia política de género y un poder judicial comprometido con el partido gobernante.

Al mismo tiempo, otra reforma relacionada con la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet ante infracciones de derechos de autor avanzó en la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado. La propuesta establece obligaciones para los proveedores, entre ellas adoptar políticas para interrumpir el servicio a usuarios reincidentes. Aunque no se trata de la misma reforma, ambas discusiones se han mezclado bajo la etiqueta de ley antimemes.

Proteger los derechos de autor es legítimo. También lo es combatir las estafas cometidas mediante inteligencia artificial, la suplantación de identidad y el uso fraudulento de logotipos oficiales. La libertad de expresión no convierte el fraude en una conducta aceptable.

Sin embargo, una cosa es combatir los delitos y otra muy distinta establecer reglas ambiguas que, por miedo a una sanción, terminen provocando el retiro de contenidos legítimos.

La interpretación equivocada puede traer consecuencias graves, esto debido a que las plataformas tienen incentivos para eliminar primero y preguntar después. Así, una caricatura podría desaparecer no porque un juez haya determinado que es ilícita, sino porque una empresa prefiere evitarse problemas. El resultado sería la autocensura: el ciudadano deja de publicar, el periodista mide cada palabra y el creador renuncia a la crítica por temor a las consecuencias.

Y usted, ¿qué piensa?

Porque, al final, quedan interrogantes que son inevitables ¿quién vigila a quienes vigilan el contenido?  ¿Y qué ocurre con los abusos que sí padecemos en internet? De eso le hablaré en la próxima Mirada Pública. Hasta entonces.

(Imagen tomada de Pulso)

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