Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro”, de Radio Expresión Méxicom que conduce Manuel Aparicio.
23 de septiembre de 2026.
Dice Raymundo Riva Palacio en su colaboración del 22 de septiembre en el periódico El Financiero que: “la Fiscalía volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fabrica de mentiras”, Y claro, se refiere a la Fiscalía General de la República de la que es titular Ernestina Godoy Ramos.
Ernestina Godoy es la fiscal general de la República desde el 3 de diciembre de 2025, anteriormente fue procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y fiscal general de Justicia, también de la Ciudad de México, además es miembro fundador del partido Morena.
Señalamientos de aplicación inconsistente de la ley, es el punto más debatido desde que era Fiscal de la Ciudad de México y ahora en la Fiscalía General de la República, desde diciembre 2024; entre otras cosas lo que critica la oposición y algunos columnistas, es el uso político de la Fiscalía en la ciudad de México, primero por el caso del “Cártel Inmobiliario” en Benito Juárez, persiguiendo sólo a funcionarios del Partido Acción Nacional, mientras no hubo imputaciones por casos como el colapso de la Línea 12 del Metro y el Colegio Rébsamen.
En 2023 el NYT hizo señalamientos de espionaje, se indicaba que la Fiscalía habría solicitado registros telefónicos de políticos opositores como Santiago Taboada. La fiscal Ernestina Godoy dijo que los documentos eran apócrifos.
Como fiscal general, el 16 de septiembre de 2026, fue cuestionada en video en el Zócalo sobre si hay orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio y contra Andrés Manuel López Beltrán. Respondió “No, no hay nada”, y al preguntarle por el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán se retiró. Eso alimentó la crítica de encubrimiento y se confirmó el cómo defiende al oficialismo.
El expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. han definido a Ernestina Godoy como “incorruptible” y le asignan resultados en baja de delitos de alto impacto en la ciudad de México.
El asunto del empresario Amílcar Olán, señalado en reportajes como amigo y contratista vinculado a los hijos de López Obrdor, la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy no ha informado de investigación o citatorio en su contra; otro es el tema del huachicol fiscal, reportes de prensa han mencionado a Pemex Logística y a ex-mandos de Marina en la trama de importación ilegal de combustibles. La Fiscalía General de la República no ha anunciado imputaciones contra exsecretarios del gabinete de López Obrador.
Ernestina Godoy sostiene que no actúa por consigna y que requiere pruebas para judicializar.
El decomiso de Guanajuato de 59 millones de litros de combustible, esta perfilándose como “el gran oso” de la administración de Claudia Sheinbaum, ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en San José Iturbide, Guanajuato; la Fiscalía General de la República anunció el aseguramiento de 59 millones de litros de huachicol en una terminal de Grupo SIMSA / Gas Natural del Noroeste, en la carretera 57. Fue presentado por el gobierno estatal como un golpe histórico al huachicol fiscal. No hubo detenidos porque el predio estaba vacío.
La polémica vino después: la empresa dueña dijo que opera legalmente desde 2017, que sólo almacena combustible de sus clientes -incluyendo Pemex, Valero, Mobil- y que tiene permisos. Expertos en energía como Gonzalo Monroy señalaron que no es una instalación clandestina, sino una terminal de almacenamiento y reparto con espuela de tren.
La Fiscalía, ante eso, informó que “no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud” del combustible, y la Fiscal Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, encargada de investigar y perseguir delitos de delincuencia organizada a nivel federal en México, atrajera la investigación.
La presidenta Sheinbaum pidió públicamente a la propia FGR aclarar qué actividad ilegal motivó el aseguramiento.
En resumen: está asegurado, no decomisado de forma definitiva, y sigue en investigación para acreditar origen, manejo y destino. No se ha probado hasta ahora que sean 59 millones de litros de huachicol, ni tampoco se ha acreditado públicamente la legalidad total del lote.
Urge imparcialidad en la Fiscalía General de la República.