Abel Pérez Zamorano
El artículo cuarto constitucional ordena que, para consumo personal y doméstico, todo mexicano tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento suficiente de agua. Según la ONU, cada persona debe disponer de entre 50 y 100 litros diarios para cubrir sus necesidades. Así dice el papel, pero no ocurre. Los gobiernos niegan a pueblos y colonias populares este derecho al oponerse a introducir sistemas de agua potable. Debe cambiar el modelo económico para hacer válido este derecho, pues en el marco del neoliberalismo el agua se ha convertido en una mercancía, accesible solo a quien pueda pagarla.
(Fotografía El Sol de Toluca)
El problema, ciertamente, es complejo: involucra factores atribuibles al cambio climático, fenómeno global que, obviamente, exige soluciones también globales: al aumentar las temperaturas aumenta la evapotranspiración y las pérdidas en cuerpos de agua y canales de distribución; aumentan las sequías (En México, 85% del territorio sufre sequías anormales). Pero esto solo viene a agravar problemas subyacentes. Agréguese a ello la geografía, física y humana: señalan expertos que en México la distribución de la población y la del agua no coinciden: más población y menos agua en el norte, y lo opuesto en el sureste.
Según la UNAM (“Problemáticas económicas del agua en México”, 31 de agosto de 2018, con intervención de la Dra. Margarita Ferat Toscano, profesora de la Facultad de Economía) al analizar el problema del agua destacan cuatro grandes temas: sobreexplotación de los mantos acuíferos, ineficiencia en la red de distribución, contaminación y falta de control sobre las concesiones, incluyendo las destinadas a agricultura. Agréguese la apropiación y los derechos sobre el líquido. Para agricultura se usa el 76% del total del agua, para abasto público 14.4, industria 4.9 y generación de electricidad 4.7% (Consejo Consultivo del Agua, CNN, 12 de octubre de 2021). México es el quinto país con mayor consumo de agua per cápita (ONU, Ibid.), pero no es que cada mexicano la consuma en realidad. Las empresas, muchas de ellas transnacionales, absorben lo fundamental. Y aquí aparece el problema de la apropiación. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en su artículo “El acaparamiento del agua: un problema global” (4 de octubre de 2020), consigna la creciente privatización. Las ATGE (Adquisiciones de tierra de gran escala), dice, son una forma de apropiación del agua: “¿En el mundo globalizado, un mecanismo poco estudiado de apropiación de agua es el que está asociado justamente a las grandes inversiones de la agroindustria […] estimando la cantidad de agua apropiada a través de la producción de cultivos en tierras adquiridas, así como sus efectos potenciales en la seguridad alimentaria de los países que reciben la inversión económica […] Es por ello que este concepto puede ser utilizado para referirse a las apropiaciones y acaparamiento de agua que implican un uso consuntivo (p. ej., agricultura, minería, etc.)”. Y añade: el capital global no solo consume ingentes cantidades, sino que las regresa contaminadas.
Esta apropiación conlleva el despojo de comunidades y población en general. “[se define el acaparamiento] como una situación en la que actores poderosos son capaces de tomar control del agua y reasignar para su propio beneficio los derechos utilizados por comunidades locales […] el despojo de agua de las comunidades rurales o periurbanas en favor de grandes usuarios agrícolas o industriales…” (IMTA). Y es que el uso no es sustentable. Y viene la escasez.
En las zonas rurales la cobertura de agua potable apenas llega al 78.8%, y en alcantarillado, solo a dos de cada tres hogares (Consejo Consultivo del Agua, A.C.). En zonas urbanas, 10% de la población no tiene alcantarillado. “Más de 50 millones de personas enfrentaban escasez de agua perenne o estacional en zonas urbanas para 2016, según una investigación publicado en la revista Nature […] Su situación [de México] era, ya para ese año, la más comprometida de América Latina […] Ciudad de México […] era la tercera ciudad con más habitantes que enfrentaban este problema, solo superada por Delhi y Shangái […] para 2050 […] México será uno de los 10 países donde aumente más la escasez […] podría llegar a afectar a 74.8 millones de habitantes…” (CNN, 12 de octubre de 2021).
El sistema y sus medios culpan al pueblo por la escasez, por desperdiciarla, nos aleccionan, y aunque algo hay de ello, la causa fundamental no es esa, sino su acaparamiento y uso desmedido por grandes corporativos agrícolas, industriales, y mineros destacadamente. Nathalie Seguin Tovar (Red de Acción por el Agua), en conferencia ante la CNDH reportó: “70 por ciento del agua está concentrada en 2 por ciento de los usuarios, esto porque tenemos una Ley de Aguas Nacionales que lo permite y una autoridad que no vigila ni sanciona si se extrae más de los pozos y concesiones realizadas. Además […] la Ley Federal de Derechos subvenciona a la agroindustria y permite pagos ridículos de centavos por metro cúbico de agua a actividades de altos niveles lucrativos. También contamos con una Ley Minera que prioriza el agua para esa actividad…” (La Jornada, 18 de julio de 2021).
Otra manifestación del modelo neoliberal está en la industria del agua embotellada. Según Euromonitor International, BBC, 28 de julio de 2015, en el mundo, México es el principal país consumidor de agua en botellas y garrafones: 81% de la población; en ello se gasta entre 5 y 10% del ingreso de los hogares (entre los pobres el 20%) (BID). La mala calidad del agua induce su compra en botella. Tres empresas detentan 82% del mercado: Danone, Coca-Cola y PepsiCo (BBC, 28 de julio de 2015), con ganancias anuales de 13 mil millones de dólares. He aquí el neoliberalismo, donde todo se convierte en mercancía, se afecta el nivel de ingreso social, y donde el Estado abandona su obligación de proveer agua limpia para todos. Obviamente, al fomentar la privatización aumentan las ganancias empresariales y se ve afectado el ingreso popular. “Además, este mercado implica un altísimo desecho de plásticos (21 millones de botellas diarias, BBC).
Se ha privatizado también la operación de la distribución a los hogares. “La inversión privada en infraestructura hidráulica y en el suministro del servicio de agua es una de las rutas por las que optaron algunos gobiernos estatales para hacer frente al rezago en esta materia” (IMTA). Y a cambio el Estado desatiende las redes de distribución: las ciudades pierden 40% de su agua potable por fugas; en agua para uso agrícola la pérdida se estima en 50% (UNAM). Y es que se regatean recursos para este rubro: “Conagua tiene en realidad la mitad del presupuesto operativo y de inversión de hace diez años” (Jose Luis Luege, exdirector de Conagua, Forbes, 18 de octubre de 2021). Los municipios deben operar, dar mantenimiento y construir servicios públicos de agua, y tratar las aguas residuales (Consejo Consultivo del Agua, A.C.), pero quitándoles los recursos del Ramo 23, se les impide hacerlo; lo mismo que al suprimir el Fonden, haciendo imposible la recuperación de infraestructura de conducción o almacenamiento dañada por desastres naturales. A lo anterior agréguese la falta de respeto a la normatividad establecida.
(Primera de dos partes)
