Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México que conduce Manuel Aparicio.
En días recientes hemos visto en los espacios informativos de la televisión, el drama que viven las niñas que son vendidas por sus padres, en algunos casos, son cambiadas por una botella de mezcal y bueno, la absurda justificación a estas atrocidades son los “usos y costumbres”.
En México, donde para los gobernantes es más importante realizar una costosísima consulta para ver si el presidente se va o se queda a terminar su periodo, no existen políticas públicas orientadas hacia la protección de los derechos de las y los niños, ni en garantizar una educación, acceso a salud, oportunidades de desarrollo e independencia económica, reconocer la autonomía, eliminar los estereotipos de género, promover la planificación familiar o de vida. Todo ello impulsa a que las “uniones forzadas” sean una solución a la supervivencia económica.
(Fotografía Semana.com)
La organización internacional “Girls Not Brides” condenó los matrimonios forzados en niñas menores de edad y consideró, que esta es una problemática y no una “tradición de los pueblos indígenas”, y es una forma de violencia que limita que las menores de edad, ejerzan su autonomía corporal, libertad de expresión, vida sexual, y demás Derechos Humanos.
En un comunicado refirieron que el matrimonio forzado en menores de edad no es una “cosmovisión” de la comunidad indígena, sino una problemática que tiene origen en la pobreza, la falta de acceso a servicios, oportunidades e información, y las desigualdades de género, las cuales se tratan de “resolver” al emplear a las menores de edad como una “mercancía”. que puede ser transferible por dinero, especies o animales. Acciones que violan sus derechos y las condenan a una vida que ellas no desean.
En su opinión, es preocupantes que la sociedad considere aún el matrimonio infantil como “algo natural”. porque contribuye a que las menores de edad sean más violentadas. “El respeto de los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, no debe estar limitado por la cultura, lengua, lugar de origen o nivel socioeconómico”.
Datos de “Girls Not Brides” visibilizan que en el mundo, 12 millones de niñas y adolescentes se unen o se casan antes de cumplir los 18 años de edad. Estas uniones conducen a embarazos en la infancia y adolescencia, que pueden tener un impacto negativo en la salud de estas menores de edad. Cada año, 21 millones de niñas y adolescentes se embarazan, 27 por ciento de ellas recurren a un aborto y 86 por ciento- sufren de fístulas obstétricas (una de las lesiones más graves que pueden ocurrir en el parto. Es un orificio entre el canal del parto y la vejiga).
A fin de terminar con esta problemática, es importante que la legislación sea más rigurosa, promover un cambio cultural, y generar políticas públicas que pongan en el centro a las menores de edad, en particular trabajar con las comunidades para cambiar las normas sociales y de género que permiten que esta práctica prevalezca bajo la impunidad.
Las organizaciones de la sociedad civil, a las que el actual gobierno les limito recursos económicos, serían de gran ayuda para llevar a cabo este plan, ya que conocen a la perfección las zonas en las que están operando y tener claro, que esto no puede cambiar por decreto, se trata de llevar educación a esas zonas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados de la república mexicana que no tienen acceso a la educación.
Seguramente con educación en dos generaciones más las cosas habrán cambiado.
