El gobierno federal viola 10 amparos con suspensión definitiva al mantener la construcción del Proyecto Integral Morelos, en detrimento de 60 comunidades, entre ellas poblaciones indígenas, y de la afectación del medio ambiente. Además, existen 9 amparos más en proceso sobre el gasoducto, el acueducto y las dos termoeléctricas.
La representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos, Tlaxcala y delegada del Consejo Nacional Indígena (CNI) en Morelos, Teresa Castellanos, aseguró que la continuación de este proceso por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, está por encima de la Ley sin tomar en cuenta a la población que habita la zona, quienes se mantienen en resistencia desde hace nueve años.
“Lo que pedimos es que se respeten los amparos, que AMLO escuche lo que los ejidatarios y las comunidades afectadas estamos denunciando y que se cancele el Proyecto Integral Morelos, que se retire la Guardia Nacional del campamento Zapatista de San Pedro Apatlaco”, dijo en su visita por la Ciudad de México a donde se reunió con organizaciones solidarias del movimiento.
El campamento Zapatista de San Pedro Apatlaco se encontraba resguardando para que no se conectara el ducto que va a la Planta Tratadora de Aguas “Rosales”, y llevarse el agua a la Termoeléctrica. Dicho campamento se instaló desde hace más de cuatro años.
Sin embargo, el lunes 23 de noviembre pasado, fue desmantelado por la Guardia Nacional, que instaló desde la madrugada de ese día hasta la fecha, con mallas metálicas. En ningún momento presentó documento alguno de desalojo o argumentos para la acción.
El Proyecto Integral Morelos, consiste en la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas, el cual abarcaría Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este proyecto inició en 2010, sin embargo, durante la administración de Enrique Peña Nieto se detuvo parcialmente.
No obstante, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se reactivó sin respetar los amparos existentes, violando la Ley y el derecho de las comunidades afectadas.
En la actualidad, hay ocho amparos que indican que cada ejido tiene su dotación de agua que tiene que se respetada; dos más, indican que el gasoducto no puede funcionar sin antes dar información del mismo; hay un amparo definitivo de Huesca, que indica que el agua de purga de la termoeléctrica no puede ser desechado al Río Cuautla; otros 9 amparos más que están en proceso.
Hasta el momento, hay 10 amparos con suspensión definitiva, lo que indica que no puede continuar la obra hasta que los requerimientos del Juez sean avalados.
