BALÓN CUADRADO
Jesús Yáñez Orozco
Ciudad de México.– Interminable drama. Dos de los presuntos cómplices de Billy Álvarez Cuevas –75 años de edad– en la administración fraudulenta de la Cooperativa Cruz Azul ofrecieron a la Fiscalía General de la República (FGR) acogerse al criterio de oportunidad. Esto es, delatar a quien fuera su director. a cambio de obtener una reducción en los cargos en su contra.
El principal asesor legal de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, así como el ex director jurídico de la cementera, delataron a Billy Álvarez en la FGR, señalándolo presunto autor intelectual de sobornos, extorsiones y fabricación de delitos.
Además del desvío millonario de recursos a través de empresas fantasmas. La cifra oficial ronda mil 300 millones de pesos. Pero podría ascender hasta los 43 mil millones. Billy, con orden de aprehensión, se encuentra prófugo de la justicia.
El abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, contra quienes hay órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentaron escritos.
En ellos solicitaron se les permita acceder a un criterio de oportunidad y se echen abajo las órdenes de captura, a cambio de entregar toda la información, la cual incluye videos.
La petición de acogerse al criterio de oportunidad fue presentada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR.
El diario Milenio tuvo acceso a los documentos que también delatan a Víctor Manuel Garcés Rojo y a José Alfredo Álvarez Cuevas, cuñado y hermano de Billy Álvarez, entre otros.
Los escritos están en poder de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la misma Seido.
Junquera Sepúlveda aseguró que sobornó a Eduardo Borell, a quien le entregó 54 millones 421 mil 500 pesos, desde 2014 a 2018; también entregó recursos a Omar Sánchez Romero y a Garcés Rojo.
Además, habló de una “red de cobros” realizados por otras personas relacionadas con la cooperativa, que permitieron el desvío de recursos y lavado de dinero.
De igual manera, aportó datos sobre el desvío de un fideicomiso que fue descapitalizado, el cual estaba destinado para el pago de pensiones a jubilados. Y cómo se generaron esquemas para crear empresas “fachada” o “fronting”, a las cuales se mandaban recursos bajo el pretexto de algún servicio inexistente, para luego extraer de dichas compañías el dinero.
Algunas de las empresas diseñadas para este esquema, apuntó, son:
Expertos en Asesoría Empresarial, K&C Consulting, Asesorías Profesionales Eicer, Plexival, Trans Nau, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales Baal, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina y Margen Asesores.
Fabricaban delitos
Por su parte, Eduardo Borell aseguró que se implementó una estrategia para “amedrentar y desactivar” a los socios disidentes, a través de la fabricación de acusaciones falsas, las cuales se crearon desde la dirección general de la Cooperativa:
“…aclarando que yo tuve conocimiento de esta estrategia y de estas acusaciones una vez que ya se habían implementado por lo que no las diseñé ni participé en su ejecución, pero sé que quienes idearon estas estrategias fueron Guillermo H. Álvarez”, junto con su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés.
Agregó que, en octubre de 2017, Billy Álvarez, su hermano y Garcés Rojo, citaron a Federico Sarabia Pozo, Ramsés Dolores Anguiano y Tomás Rivera Carrasco, “y en conjunto idearon presentar una denuncia contra disidentes para que se fueran a la cárcel”.
El caso guarda relación con una de las subsidiarias de la cooperativa que se denomina Azul Cerámica.
“Derivado de lo anterior, Federico Sarabia, Ramsés Dolores y Tomás Rivera, a sabiendas de que todo era falso, presentaron su denuncia”, la cual dio origen a la carpeta de investigación FDF/TUI-1S/D/01142/11-2017, en la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Financieros de la Ciudad de México, manifestó al MPF.
José Alfredo Álvarez, agregó Eduardo Borell, también “maquinó” denuncias falsas en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de su ahijada Patricia Negrete Aguirre.
