Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro”, de Radio Expresión México que conduce Manuel Aparicio.
-Licenciada, en este juzgado están dejando insubsistentes las notificaciones de juicios de usucapión.
-…Y usted quién es?
-Soy el licenciado…
-Ni usted ni nadie tiene que venir a decirme lo que tengo qué hacer.
-Licenciada es obligación de que su juzgado, se someta a los tiempos legales para los casos jurídicos que se llevan.
La funcionaria judicial se dio media vuelta y dejó con la palabra en la boca a aquel abogado.
Palabras más palabras menos, el anterior fue el diálogo entre un abogado y la jueza Lorena Roldán Rodríguez, adscrita al Juzgado Primero Civil de Nezahualcóyotl.
Aquel abogado y otros más que lo acompañaban se acercaron al doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Santos Montes Leal, para comentarle el caso sucedido, Montes Leal les dijo que eso debe denunciarse; ya eran muchos más abogados quienes rodeaban a Santos Montes, quienes le hacían patente el apoyo para hacer la denuncia respectiva.
Dicen que no se debe generalizar y que algunos casos sean representativos de las condiciones en que se imparte justicia en el estado de México, sin embargo y lamentablemente, creo que son garbanzos de a libra los buenos funcionarios, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a cuyo frente se encuentra un individuo de nombre Héctor Macedo García.
Quienes conocen al doctor Santos Montes Leal saben que es un hombre que conoce los entretelones del Derecho, saben también que es un hombre que además de ser el dirigente moral del Movimiento de Ciudadanos Organizados, tiene más de 50 años litigando en juzgados civiles y penales; por lo mismo, no podía pasar inadvertido el hecho sucedido.
Montes Leal denunció los hechos ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, ante el Poder Legislativo y ante el gobierno del Estado de México, a cuyo frente se encuentra la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el cuerpo de la denuncia se acusó a funcionarios del Poder Judicial de ineptitud, negligencia y corrupción y se incluyó a la secretaria de acuerdos Rosa Isela Sosa Vázquez.
Muchos son los casos de la inoperancia que se suceden en los juzgados de Nezahualcóyotl, gran cantidad de abogados que tienen la necesidad de llevar los asuntos a estos juzgadores, se abstienen de protestar y esperan que las cosas cambien, no fue el caso del doctor Montes Leal, quien denunció los hechos y espera que el presidente del Tribunal Superior de Justicia tome cartas en el asunto, ya que dijo que de lo contrario la protesta sería cerrando avenidas, ya que afirmó que es la manera de que los funcionarios volteen la vista hacia denuncias de corrupción y negligencia.
Como decíamos al principio los casos no son aislados, en Ecatepec también padres de familia y sus representantes legales, cuestionan el actuar de la jueza del Juzgado Primero de lo familiar, Ivette Anguiano Aguilar.
Los denunciantes solicitan revisión de algunas resoluciones emitidas por dicho Juzgado, mismo que está a cargo de la jueza Anguiano Aguilar, los quejosos consideran que en algunos procedimientos de guarda y custodia, no se han ponderado adecuadamente los elementos probatorios presentados por los padres, por lo que demandan que las instancias competentes verifiquen que las determinaciones judiciales estén apegadas a la legalidad, la imparcialidad y, sobre todo, al interés superior de la niñez, libre de cualquier influencia externa o presión de carácter político.
Los denunciantes indicaron que su exigencia no busca privilegios para ninguna de las partes, sino que cada asunto reciba un análisis objetivo, con evaluaciones psicológicas, estudios especializados, antecedentes familiares y demás evidencias que permitan garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Los denunciantes hicieron un llamado a los órganos de vigilancia del Poder Judicial, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; ya que afirman que en que las resoluciones en materia de custodia, deben sustentarse exclusivamente en pruebas y en la protección de los menores.
Hay que entender que la corrupción judicial viola el principio de igualdad ante la ley; el artículo 17 constitucional y tratados internacionales exigen justicia “pronta, completa e imparcial”. Un soborno hace que 2 personas con el mismo caso tengan sentencias distintas. Eso destruye la legitimidad del Estado. La inoperancia de los juzgadores genera impunidad y más violencia, porque cuando se corrompe a los jueces, los delitos se disparan. ¿Por qué? Porque delinquir sale barato si sabes que el juez te va a liberar.
Transparencia Mexicana estimó que en 2022 los sobornos en juicios civiles y mercantiles costaron a empresas $9,500 MDP. Poque sin certeza jurídica, baja la inversión extranjera.
Finalmente, la corrupción en el Poder Judicial afecta más a los pobres, quienes no tiene para pagar soborno, “mordida” o abogado influyente.
La corrupción judicial profundiza la desigualdad.
Estaremos pendientes de la respuesta que den tanto por parte del Poder Judicial, como del Congreso mexiquense y la gubernatura.