Alberto Woolrich Ortíz*
Un escándalo a nivel nacional e internacional se ha suscitado por la sospechosa e infundada impunidad que se le concede al asesino del notario público del Estado de México de nombre José Ortíz Girón, quién fuera cobardemente apuñalado por la espalda en las fiestas recientes de la Guelaguetza, celebradas en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El responsable aún impune de tan cobarde acto, resulta ser también otro fedatario de la referida Entidad Federativa y, cuyo nombre lo es Allan de Jesús Corona Romero.
El despreciable homicida, aún libre, al parecer, hasta la fecha está siendo protegido por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y por el propio Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que, a sabiendas de la elevada peligrosidad, falta de ética y nula probidad, guardan silencio y complicidad por tan artero atentado.
En los medios policiacos ahora se sabe que el notario asesino, no tuvo empacho en abrir las generosas arcas de sus caudales, para hacer posible con la ayuda de sicarios y policías del Estado de México que hoy gobierna Delfina Gómez Álvarez, para encontrar el medio fácil a fin de que se designe en esa notaría a una persona de su confianza y dar inicio con ello a un cartel de fedatarios cuyo objetivo será primordialmente lavar dinero en la jurisdicción del notario que fue privado de la vida.
Ésta es la historia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, en cabal investigación del crimen perpetrado en contra del Notario Público José Ortiz Girón, detuvo en breves horas a los homicidas materiales, los cuales previamente ya andaban a la caza de la víctima y de su pareja sentimental y uno de los criminales confeso haber recibido cien mil pesos de Allan de Jesús Corona Romero para llevar a cabo el homicidio. Valga hacer notar que dicha confesión la efectuó con previo respeto a sus derechos humanos, según lo ordenan los cánones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El notario público propiciador de éste acto abominable no merece consideración alguna por parte de las autoridades del Estado de México para que se siga manteniendo su patente de fedatario.
Los sicarios autores materiales de ese oprobio, actualmente se encuentran privados de su libertad y confesos de haber participado directamente en el crimen por el cual recibieron cien mil pesos pagados por el asesino intelectual.
La falta de probidad que deviene por ese acto cometido por un fedatario público, presupone una severa gravedad relacionada con la honestidad notarial, ya que distorsiona los elementos que integran la adecuación de la buena conducta de aquellos que dan fe en sus protocolos.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, eleva su voz de protesta ante las instancias gubernamentales correspondientes a fin de que se le revoque al criminal de marras la patente que lo faculta para dar fe.
Es cuanto.
*Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
