Servicio a La Patria

TIZAYUCA, HIDALGO, 06OCTUBRE2024.- Ingenieros militares que participarán en los trabajos preliminares para la construcción del Tren AIFA - Pachuca, asistieron al banderazo de inauguración de la obra encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Betty Astudillo

Mirada Pública

Servicio a La Patria

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El honor, la disciplina, la lealtad y el servicio a la patria son valores que históricamente se asocian con las Fuerzas Armadas y Navales. Pero ¿qué ocurre cuando las instituciones encargadas de proteger a la Nación también administran aerolíneas, trenes, aeropuertos y hoteles que necesitan recursos públicos para mantenerse en operación?

Esta pregunta no pretende cuestionar el compromiso de miles de mujeres y hombres que sirven al país. Busca algo más elemental: que la administración del dinero de los mexicanos esté a la altura de los valores que las instituciones militares dicen representar.

En mayo de 2025, el periódico El Financiero, reportó que seis empresas controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) registraron pérdidas operativas por más de 5 mil 612 millones de pesos durante su primer año de operación completa, con base en sus estados financieros. Ese año también recibieron transferencias y subsidios públicos por 20 mil 998 millones de pesos.

Y las cifras no quedaron en el pasado. En septiembre de 2026, el mismo medio informó que el Gobierno proyectaba pérdidas por 2 mil 422 millones de pesos para las empresas estatales administradas por militares y marinos en 2027.

Es cierto que una empresa pública no tiene que perseguir ganancias a cualquier precio. El transporte, la conectividad y el desarrollo regional pueden justificar subsidios cuando existe un beneficio social comprobable. El problema es que cuando las pérdidas se prolongan, los recursos adicionales se convierten en una necesidad permanente y la ciudadanía no dispone de información suficientemente clara para evaluar los resultados.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estos proyectos como inversiones estratégicas cuyos beneficios y rentabilidad deben consolidarse con el tiempo. Esa explicación merece ser evaluada con indicadores verificables, presupuestos, estados financieros y plazos concretos. Su palabra no puede sustituir a la rendición de cuentas.

Porque cada peso destinado a cubrir déficits tiene un costo de oportunidad. Es dinero que también podría contribuir a hospitales, medicamentos, escuelas, infraestructura de prevención de desastres o programas para personas con discapacidad. No significa que esos recursos deban trasladarse automáticamente de un sector a otro, sino que el Estado tiene la obligación de justificar sus prioridades frente a necesidades públicas que compiten por un presupuesto limitado.

Aquí entra en juego el servicio. No como una consigna ceremonial ni como una palabra reservada para los desfiles, sino como una conducta cotidiana: reconocer errores, explicar decisiones, cuidar los recursos ajenos y aceptar la fiscalización. La disciplina institucional también debe expresarse en metas financieras, controles internos y consecuencias cuando se incumplen las obligaciones.

Si una empresa pública necesita subsidios para cumplir una función social, que se explique cuánto cuesta esa función, quiénes se benefician y qué resultados produce. Si sus pérdidas obedecen a una etapa inicial de operación, que se establezcan plazos y metas para comprobar si el modelo funciona. Y si los resultados no corresponden con lo prometido, que se corrija el rumbo.

La patria no es una empresa y sus ciudadanos no son accionistas obligados a cubrir indefinidamente cualquier déficit. Son quienes financian al Estado mediante sus impuestos y quienes tienen derecho a conocer el destino de su dinero.

Por eso, ¿los militares deben administrar empresas públicas? No. No si no nos dicen bajo qué controles, con qué resultados y con qué responsabilidad frente a la sociedad.

Y usted, ¿qué piensa?

El uniforme merece respeto por el servicio que representa. La administración pública merece escrutinio por el dinero que maneja. Y el verdadero honor institucional exige que ambas cosas puedan coexistir sin privilegios ni zonas de opacidad.

Porque servir a México también significa rendir cuentas a los mexicanos, nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.

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