Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Por fin el gobierno de la 4T está logrando unificar al país; en apoyo de trabajadores del IMSS se solidarizan trabajadores del Metro del Metro, Pemex, ISSSTE y CNTE, pero ya comentaremos este tema.
Vamos al tema de hoy.
La CNDH documentó en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria más reciente, que hay autogobierno y cogobierno en reclusorios de la CDMX, se señaló a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur. Ahí están 21,021 internos, 79% de la población penitenciaria de la Ciudad.
El cogobierno significa que internos ejercen funciones que corresponden a la autoridad; cobran por celda, por protección, por acceso a agua, teléfono, droga. El periódico 24 Horas ha publicado que de 3 penales estatales del país, sale 56% de las llamadas de extorsión, y que incluso con bloqueadores, siguen apareciendo módems y chips.
Este es de última hora y muy grave. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó: riña al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, con saldo de 10 muertos: 9 personas privadas de la libertad, 1 visita familiar, y 16 internos heridos.
Entre las víctimas hay un menor que estaba de visita.
El secretario de Seguridad general, Sinuhé Téllez López, descartó el ingreso de un comando externo y lo atribuyó a riña interna entre grupos antagónicos. Es el segundo motín mortal en ese penal en 15 días: el 24 de septiembre ya habían muerto 2 internos con arma punzocortante. Con esto, El Castillo suma 16 muertes en lo que va de 2026. Tiene sobrepoblación de casi el cien por ciento: 2,217 internos para capacidad de 1,800.
El caso de la corrupción en el Penal Neza Bordo es una muy especial muestra de la corrupción tolerada por el gobierno; hasta abril 2025 la directora era Verónica Jiménez Moreno, quien fue destituida el 28 de abril de 2025, por el subsecretario Víctor Manuel Martínez Mendoza, tras denuncias de una red de extorsión, tortura grabada en video para exigir transferencias a familiares, cobros de 30-50 pesos por ingresar alimentos y venta de agua a 20 pesos el bote, con ganancias estimadas de 500 mil pesos semanales.
De abril a mayo 2025 entró Merly Ingrid Cuéllar Romero, que venía de Texcoco, llegó con política de “cero corrupciones” y equipo nuevo.
Después de mayo 2025 volvieron las denuncias; colectivos y familiares en medios locales acusaron que la nueva administración, también “revendió la plaza” a grupos internos, como el de alias “El Adrián”, que opera desde Texcoco, cobrando derecho de piso y extorsiones.
Lo que sí es constante, tanto en Neza-Bordo como en muchos penales mexiquenses, es que aparecen los mismos nombres de internos controladores, contra quienes aparecen en denuncias desde 2017, 2020 y 2025, señal de que cambian directores, pero no la estructura de poder interna.
¿Cómo acabar con esa condición? ¿Por qué parece que ponen a los más corruptos?
No es que se busque a los más corruptos para ponerlos al frente de los penales mexiquenses y de la mayor parte del país, es que el sistema está diseñado para generar corrupción:
Incentivo económico perverso; tener más internos es igual a más cuotas. Un director sin controles puede recaudar cientos de miles por semana sin auditoría. El informe del penal decía que cobrar por agua, por comida, por no golpear, es el modelo de negocio.
En México hace falta carrera penitenciaria, no hay servicio profesional; se nombra a directores de los penales por lealtad política, no por examen de control de confianza. Un director dura en promedio 11 meses; el autogobierno es tolerado, lo que causa la faltan custodios, considerando que en el Estado de México hay 1 custodio por cada 15-20 internos cuando la norma es 1 por cada 10 reos, por lo que se delega el orden del penal a los propios reos.
Lo ideal sería control externo real con cámaras conectadas al C5, no al director; auditorías de la CNDH y sociedad civil con acceso sorpresa; que el dinero de tiendas y servicios no lo maneje el penal sino un fideicomiso auditado.
Bloqueo total de señal telefónica y revisión de personar ya que el 56% de extorsiones salen de penales. Sin celular y sin custodios coludidos, se cae la caja chica.
Rotación y certificación: Que directores y custodios pasen control de confianza cada año y no puedan repetir penal en la misma región.
Neza-Bordo tiene sobrepoblación y mezcla primodelincuentes con líderes de bandas. Separarlos reduce la extorsión.
Denuncia protegida para familias, ya que en la actualidad las familias que denuncian son las que sufren represalias. Se necesita canal anónimo en la Comisión de Derechos Humanos estatal y en la Fiscalía Anticorrupción, con carpeta por enriquecimiento ilícito, no sólo cambio de adscripción.
En resumen, tal parece que el estado mexicano no quiere cambiar el sistema penitenciario, por así convenir al enriquecimiento ilícito de funcionarios corruptos.