Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa “Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Ahora resulta.
Pablo Gómez Álvarez, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien hasta el momento ha desempeñado un gris papel al frente de esa dependencia, fuera de lo que debería tenerlo ocupado, que son las actividades derivadas de dicha Unidad, dijo que la participación ciudadana en la Revocación de Mandato era obligatoria y de acuerdo con la Constitución de México, así lo dijo, se plantean sanciones como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año, para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas.
Además de lo anterior, el ex líder del Movimiento Estudiantil de 1968, ha dicho que el INE no sufrió un recorte en su presupuesto y lo señaló, por instalar solo 57 mil 448 casillas para este ejercicio de Revocación.
(Fotografía Proceso)
Respecto a esta denuncia de Pablo Gómez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió que “si hubo un boicot, fue de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”.
En los comicios de 2018 en los que se eligió, entre otros, el cargo de Presidente de la República, el nivel del participación fue de 63.42% mientras que casi 30 millones se abstuvieron de acudir a las urnas a emitir su voto.
Recordemos que en la elección federal de 2021, se registró una participación de 48 millones 874 mil 040 ciudadanos, que representó el 52.66 % del padrón electoral, sin embargo, ningún partido o actor político, señaló las posibles sanciones contra los casi 45 millones de mexicanos que no cumplieron con la obligación de votar.
La Constitución señala que votar en las elecciones populares es un derecho y aunque en el artículo 38 se habla de posibles suspensiones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica, que es necesario que un juez determine la suspensión de los derechos electorales a un ciudadano, y posteriormente se debe dar aviso al INE, para retirar su nombre del padrón electoral por el tiempo que dure dicha medida.
Pablo Gómez debería saber que México es uno de los países de América Latina que observa en su Constitución federal, que el voto es una obligación de los ciudadanos (artículo 36) y en artículo 4º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que “votar en las elecciones constituye un derecho y obligación de ciudadano”.
Pero curiosamente, este es un caso en el que la nomenclatura no corresponde con la realidad de la institución, pues no se establecen sanciones en caso de incumplimiento, lo que configura la noción de mero deber “y no la de voto obligatorio”.
Pero bueno, Pablo Gómez no ha vivido precisamente del ejercicio del Derecho, y si ha vivido de manera holgada en lo económico, bajo la sombra del poder, pero esa actitud protagónica seguramente se debe a quedar bien con su jefe, quien lo nombró ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de paso, evitar que se vaya a afectar a sus familiares Elvira Concheiro, su sobrina Galia Borja Gómez,; su hijo Argel Gómez Concheiro, los dos hermanos de Elvira Concheiro, Luciano y Juan Concheiro Bórquez; finalmente, la prima de Elvira, prima política de Pablo, María de los Ángeles Rosario Comesaña y Concheiro, todos ellos con jugosos sueldos del erario público.
Es de entender la actitud de Pablo Gómez, quien seguramente tiene bien aprendida aquella frase de César Garizurieta Vega, también conocido como “El Tlacuache”, quien es el autor de: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, la cual en México se ha repetido por generaciones y figura aún en el código de conducta de muchos oportunistas políticos, como Pablo Gómez.
