Jesús Yáñez Orozco
Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Declinó contender para la gubernatura de Sonora, Ana Guevara, diputada por el Partido del Trabajo –con licencia para dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes–, según el portal La Posta de esa entidad.
Guevara Espinoza no se registró como candidata del PT para las elecciones de 2021, porque no renunció a su cargo en la Conade, informó Ramón Flores, líder de ese partido en la entidad.
A principios de octubre, Flores aseguró que Ana Guevara, titular de la mencionada Comisión, se lanzaría para la gubernatura de su estado natal.
Sin embargo, se confirmó que la exdeportista no contenderá. Según Flores, la exatleta olímpica estaría informando sobre su caso próximamente. Adelantó que, próximamente, la medallista de plata en Atenas 2004 estará en Sonora, donde tocará el tema.
Cuando el dirigente del PT anunció a Ana Gabriela Guevara como su supuesta candidata, también aseguró que ella formalizaría su aspiración. Sin embargo, nunca lo hizo. Aunque sí circuló un spot de ella pidiendo a los sonorenses su voto.
De acuerdo con versiones periodísticas, su desistimiento por competir para la gubernatura de su estado natal, obedeció al compromiso que tiene de cara a la participación de México en la Olimpiada de Tokio 2021, pospuesta el año pasado.
A mediados de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación tenían como límite el sábado 31 de octubre para declinar a sus encomiendas y postularse a cargos de elección popular.
Desde que la exatleta asumió el cargo en diciembre de 2018, su gestión ha navegado en un mar de polémica. Por ejemplo, tiene abiertas cuatro carpetas de investigación desde la Secretaría de la Función Pública por presunta corrupción.
Además carga con una querella judicial por su supuesta participación en un chantaje que sufrieron empresarios veracruzanos que prestaban servicio a la Conade. Por este hecho hay tres personas encarceladas.
Una de ellas, presunta operadora de la funcionaria.
“!Corre, Ana, Corre!”
Desde 2010, Guevara Espinoza tiene un largo historial de opacidad como funcionaria y legisladora. Investigada durante el gobierno de Felipe Calderón por defraudación fiscal, fue perdonada por este delito en agosto de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un mes después de que la exvelocista declinara a ser la candidata de Morena a la gubernatura de Sonora.
El 14 de marzo de 2014, en una gira por Sonora, el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los candidatos a postular para la elección de gobernador en 2015 serían Guevara Espinoza o Alfonso Durazo Montaño –quien en días pasados declinó a su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública para contender como mandatario estatal por esa entidad–.
Justo en esos meses cuando se definía internamente el candidato de Morena en Sonora, la entonces senadora intentaba librarse de una acusación penal que se encontraba congelada en un juzgado federal, pero que una vez que dejara el cargo se reactivaría.
La investigación en contra de la exmedallista olímpica venía desde el sexenio de Calderón Hinojosa, cuando en mayo de 2010 los contadores de Hacienda detectaron que había omitido el pago de impuestos en 2005, ocasionando un daño al erario por 699 mil 681 pesos con 35 centavos.
El 11 de agosto de 2014, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces dirigida por Luis Videgaray –hace unas horas acusado de traición a la patria–, elaboraron un escrito para otorgarle el perdón fiscal y solicitar el sobreseimiento del proceso penal seguido en un juzgado federal.
El perdón fiscal es una figura prevista en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que en los últimos tres sexenios ha sido muy controvertida porque se realiza de forma discrecional y selectiva.
Además, la SHCP no está obligada a fundar y motivar su decisión y se resiste a dar a conocer la lista de los perdonados.
Ahora se sabe que la actual titular de Conade, fue una de las que se benefició con esta figura y justo en un contexto político, en el que declinó aceptar la propuesta de López Obrador para competir por la gubernatura de Sonora y después apoyó a la entonces candidata del PRI, Claudia Pavlovich Arellano.
Ominoso pasado fiscal
El 16 de agosto de 2010, tres meses después de que los auditores descubrieron que Guevara Espinoza había consignado ingresos menores a los realmente obtenidos, había omitido el pago de ISR y conseguido deducciones sin documentación, la Dirección General de Delitos Fiscales de la SHCP formuló una querella ante la entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión de un delito fiscal.
Incluso, la desaparecida PGR inició una averiguación previa y el 2 de agosto de 2011 finalmente logró consignarla ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde quedó registrada como causa penal 106/2011, según se lee en los expedientes judiciales.
El 27 de enero de 2012, en una gira por Sonora, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, anunció que la exatleta sería postulada al Senado. El 5 de marzo de 2012 se le dictó a Guevara Espinoza el auto de formal prisión, pero debido a que el delito no fue considerado grave, consiguió quedar en libertad.
El Ministerio Público se inconformó porque el juez no suspendió los derechos políticos de Ana Guevara, lo que le hubiera impedido ser candidata al Senado. El abogado de la acusada alegó que su defendida estaba en libertad bajo caución.
El 29 de agosto de 2012, Ana Gabriela Guevara tomó protesta como legisladora y dos días después el juzgado recibió una notificación sobre el nuevo cargo de la acusada, por lo que canceló el proceso en su contra.
“Se suspende el procedimiento en la presente causa hasta en tanto no sea removida la inmunidad procesal [fuero constitucional], por virtud de la cual tiene protección constitucional”, se lee en el documento judicial.
La PGR se inconformó ante un tribunal unitario porque la exatleta no era servidora pública al momento de cometer los delitos imputados y porque la acción penal había sido ejercida antes de tomar protesta al cargo.
Sin embargo, la apelación no prosperó.
La investigación quedó congelada por casi dos años hasta que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se solicitó el sobreseimiento.
(Con información del diario El Universal)
