Mirada Pública
El costo de defender la tierra
Por: Beatriz Astudillo
Hay lugares en este planeta donde defender un río, un bosque o una montaña es, trágicamente, una sentencia de muerte.
Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness revela un dato que debería estremecernos: durante el año 2025, al menos 124 defensores de la tierra fueron asesinados en todo el mundo. Pero el panorama se vuelve todavía más alarmante cuando miramos a nuestra propia región. De ese total, 105 homicidios ocurrieron en América Latina. Estamos hablando del 85 por ciento de los casos globales. Nuestra región se consolida, una vez más, como la más peligrosa del planeta para quienes cuidan la naturaleza.
En esta geografía de la violencia, México vuelve a ocupar un deshonroso lugar. A primera vista, las cifras de Global Witness podrían hacernos pensar en una mejora, ya que documentaron 10 asesinatos en 2025, frente a los 19 del año anterior. Pero cuidado con los números: que haya menos homicidios no significa que haya más seguridad. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) aporta una radiografía mucho más completa y preocupante del mismo periodo: en solo un año, los eventos de agresión general subieron un 43 por ciento, pasando de 94 a 135; y las agresiones específicas aumentaron un 33 por ciento, escalando de 236 a 314.
¿Dónde se concentra este mapa de riesgo? Los diez asesinatos ocurrieron en seis estados: Jalisco concentró tres; Oaxaca y Guerrero registraron dos cada uno; mientras que Morelos, Michoacán y Puebla sumaron uno respectivamente. Sin embargo, cuando dejamos de ver solo los homicidios y revisamos todas las agresiones, el mapa cambia drásticamente. La Ciudad de México registró 39 eventos de agresión, Puebla 20 y Oaxaca 17. Estos tres territorios concentraron el 56.2 por ciento de toda la violencia en el país. Jalisco, por su parte, sumó ocho agresiones, además de sus tres asesinatos y una de las tres desapariciones forzadas del año.
Hay algo que debemos entender con urgencia: las agresiones no empiezan con una bala. Existe una ruta de violencia silenciosa que va escalando. El 28 por ciento de los casos empieza con la estigmatización; el 13 por ciento con la intimidación, y el 11 por ciento con la difamación. Juntas, estas tres prácticas representan casi el 54 por ciento de los ataques. El camino es claro y destructivo: primero se desacredita públicamente al defensor, luego se le intimida, después se utiliza al aparato legal para criminalizarlo y al final, en los casos más extremos, lo asesinan.
¿Y a quiénes estamos llamando “defensores”? La palabra puede ser engañosa si imaginamos a un activista con una pancarta en una gran ciudad. Estamos hablando de campesinos, de integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes que protegen el bosque de su comunidad, que se oponen a la contaminación del río del que beben o que denuncian la explotación ilegal de su territorio. De hecho, Global Witness señala que casi el 80% de las víctimas de 2025 pertenecían a estos grupos vulnerables, y que los conflictos territoriales provocaron más de la mitad de los homicidios. En el país, las causas más golpeadas fueron la defensa del agua con 29 eventos, la biodiversidad con 22, las vías de comunicación con 18, y la energía con 16.
Detrás de cada estadística hay un nombre y una comunidad rota. En Guerrero se documentó un caso particularmente doloroso: un defensor ambiental fue asesinado mientras continuaba buscando a su propio hermano, también defensor, desaparecido desde el año 2021. La herida a largo plazo es profunda: entre 2015 y 2025, el CEMDA ha documentado al menos 199 asesinatos de defensores ambientales en México.
Pero el dato más preocupante de todo el informe es este: de los 135 eventos de agresión en el país, en 76 participaron autoridades gubernamentales. Sí, el Estado mexicano apareció como el agresor en el 56.2 por ciento de los casos, superando por mucho a la delincuencia organizada, que participó en 13 casos, y a las empresas privadas, involucradas en 12.
Ante este panorama, la pregunta es obligada: ¿Quién protege a quienes nos protegen? No debería corresponderle a un campesino o a un indígena arriesgar la vida para hacer el trabajo que las instituciones del Estado tienen la obligación legal de cumplir. Los recursos naturales no son mercancía; son patrimonio de todos. Cuando una autoridad no previene, no protege y no investiga, el mensaje de impunidad es devastador. Defender el ambiente no debería ser una actividad heroica ni de alto riesgo. Debería ser una tarea compartida por la sociedad y, sobre todo, una obligación de las instituciones que tienen el mandato de proteger la vida, el territorio y el patrimonio natural de México.
Y usted, ¿qué hará? Porque cuando asesinan a un defensor, no solo se apaga una vida; también comienza a desaparecer el territorio que intentaba proteger. Y ahí, perdemos todos.
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.