Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
28 de septiembre de 2026.
Se ha publicado en algunos medios de comunicación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, investiga al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hasta el momento no se lleva a cabo dicha investigación, lo que si existe es un análisis jurídico, listo para presentarse ante la mencionada Corte.
Recordemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente, encargado de juzgar a personas responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.
Esta Corte se estableció mediante el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en Roma por 120 Estados, y entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002, su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y sus idiomas oficiales incluyen el español, inglés, francés, árabe, chino y ruso. La Corte no sustituye a los tribunales nacionales; sólo interviene cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y juzgar a los responsables de crímenes internacionales, como podría ser el caso de Andrés Manuel López Obrador.
El análisis jurídico existente que mencioné al principio es un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, liderado por la investigadora Lindsay Freeman.
El estudio concluye que la Corte Penal Internacional, “cuenta con pruebas suficientes para evaluar la apertura de una investigación formal”, por una presunta campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal, contra periodistas y defensores de derechos humanos entre 2018 y 2024.
De acuerdo con el argumento del informe, los hechos podrían encuadrarse en el crimen de lesa humanidad de persecución del Artículo 7 del Estatuto de Roma, usando la nueva política de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos.
Considerando que el Estado mexicano, representado por Andrés Manuel López obrador, habría articulado un ataque sistemático con cinco mecanismos: primero por estigmatización diaria desde las mañaneras en 2,827 fragmentos de 1,437 conferencias, donde se usaron términos como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”. Segunda por ciberacoso coordinado con redes de bots. Tercera, por vigilancia ilegal con spyware militar Pegasus y Geomatrix, operado por un Centro de Inteligencia Militar, según filtraciones de Guacamaya Leaks, e investigaciones de R3D y Citizen Lab. Cuarta, por el uso punitivo del aparato judicial, lo que llaman lawfare y la quinta por la impunidad de entre 93% y 99% en esos casos.
El informe también documenta que en ese periodo fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, 337 víctimas en total, aunque subraya que el daño central no es sólo la letalidad, sino la sistematización del ataque.
La Corte Penal Internacional antes de actuar directamente primero abre un “examen preliminar”, porque la Corte sólo interviene por complementariedad, o sea, cuando los Estados no investigan genuinamente crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o agresión, y el umbral probatorio es muy alto.
La propuesta académica para solicitar ese “examen preliminar”, ya está en manos de la Corte Penal Internacional de La Haya, quizá pronto mediante un comunicado oficial de la Fiscalía de la Corte, se esté anunciando oficialmente la investigación respectiva.