Miguel Ángel Casique Olivos
México entre lágrimas e injusticias
Tan fuerte es la crisis del Covid-19 en México, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene que recurrir a cualquier otro tema mediático para ocultar las cifras de contagios y muertes que al 31 de julio, ya dentro de la “nueva normalidad”, serán de al menos tres millones 250 mil y 360 mil, respectivamente, con datos del famoso programa Centinela.
Las cifras de la semana anterior son alarmantes; el martes 14 se informó que se registraron más de siete mil contagios en un solo día; que en una semana se contaron 340 mil contagios y que, al finalizar julio, éstos rebasarán los 400 mil. Si usted, estimado lector, recuerda que las cifras deben multiplicarse por ocho, como explicó el mismo Gobierno Federal respecto al uso del programa Centinela, entonces podemos calcular que el 31 de julio habrá, por lo menos, tres millones 250 mil infectados. Es decir, estaríamos hablando de un contagio cada segundo y medio; de 320 mil fallecidos y de ocho muertos cada dos minutos, aun- que la cifra, al cierre de la semana, rebasó las 40 mil defunciones.
Estas estimaciones no son oficiales, por supuesto, pero se sostienen tanto por el mismo programa Centinela como por la ausencia de una práctica sanitaria a la que el gobierno de AMLO ha renunciado: las pruebas para detectar el Covid-19, que no se han aplicado siquiera a la mitad de la población. Pero hay otro hecho que respalda los cálculos extraoficiales: muchos infectados no están muriendo en los hospitales, sino en sus casas; estas personas no tuvieron los tres o los cinco mil pesos para pagar una prueba, ni menos para recurrir a un médico o un hospital privado.
¿Hay alguna razón para dejar de preocuparse por todo esto? En la semana que terminó, el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López- Gatell, admitió que hay rebrotes e intentó responsabilizar a los gobiernos de los estados. Hizo esto luego de que el director ejecutivo para Emergencia Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, denunciara que muchos países, entre ellos el nuestro, iniciaron su desconfinamiento antes del periodo adecuado y con ello propiciaron la retransmisión del Covid-19. De manera cínica, no creo que exista otra palabra más apropiada, el funcionario de Salud declaró que siempre se habló del riesgo de rebrotes como consecuencia de la reanudación de las actividades o la vuelta a la “normalidad”.
La lupa de los organismos internacionales se enfoca hacia México. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha recomendado que los gobiernos Federal y estatales se pongan de acuerdo en el combate a la pandemia. Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, advirtió que el mundo enfrenta “el mayor desafío sanitario del siglo y un mensaje bien coordinado es una parte importante para darle respuesta; es importante una buena coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Pero no solo la desorganización gubernamental y el prematuro retorno a la “normalidad” –dictado cuando los contagios y las muertes no habían llegado al tope– han causado hasta ahora el avance imparable de la pandemia, sino también las erróneas y tardías decisiones que el gobierno de AMLO ha tomado desde que ésta inició. Entre ellas cabe citar su negativa a entregar apoyo monetario o en especie a la población que perdió sus empleos y tuvo que permanecer en casa, así como a su grosera indiferencia hacia los pequeños y medianos empresarios que le solicitaron respaldo financiero y prórrogas fiscales para superar la crisis. Por eso, millones de mexicanos enfrentan hoy una gravísima crisis alimentaria y económica, además de la sanitaria.
La pandemia sigue repuntando en la Ciudad de México, en el Estado de México y en prácticamente todas las entidades. Hay varios estados donde la situación se ha salido de control porque los hospitales están llenos y las muertes y los contagios se incrementan. Al gobierno mexicano le urgía activar la economía, aun al costo de una mayor pérdida de vidas humanas, porque ésta había entrado en crisis el dos de julio de 2018 y porque, en 2019, se profundizó. El Covid-19 solo agravó la crisis económica y precipitó en la miseria y marginación a millones de mexicanos.
Hoy tenemos un México lleno de lágrimas e injusticias. Y para evitar los reclamos sociales e intentar ocultar esta tragedia, el Gobierno Federal impulsa cortinas de humo como los procesos judiciales contra Emilio Lozoya y César Duarte, que se anuncian como una amenaza directa contra la administración anterior. ¿Qué viene? No tardaremos mucho en saberlo.
El clímax no político…
Puebla está en crisis política gracias a que Morena y Barbosa están atentando contra la democracia rumbo al 2021, así lo advirtió hace unos días, Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, quien denunció que el gobernador poblano Miguel Barbosa, viola la ley al aprobar reformas que atentan contra el voto y prepara una ofensiva contra la democracia rumbo a las eleciones del próximo año y para eso se quiere debilitar a partidos políticos de oposición y favorecer a los candidatos de Morena.
Y es que el gobernador poblano envió al Congreso poblano una propuesta de reforma para modificar fracciones del Código de Procesos Electorales, con el que busca eliminar que otros partidos puedan publicitarse y convencer a la opinión pública que son una opción electoral. El diputado local y coordinador de Morena, Gabriel Biestro, solicitó la eliminación de las diputaciones plurinominales, conocidas como del “gran perdedor”, el cual se otorgaba una curul a los candidatos que perdieran una elección, pero sus partidos lograban más votos, lo que garantizaba que las minorías tuvieran una representación legislativa.
Además, el morenista Barbosa ha desatado una persecución política contra líderes políticos y ciudadanos que han solicitado al gobierno estatal que ayude con alimento a miles de familias que han sido afectadas por la pandemia del Covid-19 y que ahora sufren pues no tienen comida en sus hogares. “Miguel Barbosa quiere encarcelarme por ser líder social en la zona norte de la capital. Mi delito es ser opositora política al gobierno de Morena y ser parte de una organización que ha reclamado a Barbosa soluciones para los poblanos” nos comentó Rosario Sánchez Hernández, quien enfrenta una orden de aprehensión por supuestamente robar unas despensas, acusación desmentida por cientos de testimonios y evidencias fotográficas. Por el momento, querido lector, es todo.
