Mirada Pública
Betty Astudillo
Seguridad sin derechos
El 1º de mayo conmemoramos en México el Día del Trabajo y por tal motivo, hablaré de quienes se emplean en la seguridad privada y la limpieza para mejorar la vida cotidiana de miles de personas.
Y lo hacen desde un terreno profundamente desigual ya que trabajan sin la seguridad que ellos mismos brindan. Esto va más allá de la ética. Debería ser política pública y contar con un verdadero respaldo legal.
Porque, aunque existe la Ley Federal del Trabajo, en la práctica hay un vacío de cumplimiento que se ha vuelto la norma.
Así, tenemos guardias de seguridad con jornadas que rompen el reloj humano, con turnos de 24 por 24 horas y personal de limpieza sin contrato formal. Salarios bajos, sin prestaciones y sin estabilidad, enmarcan no una falla aislada, sino un modelo tolerado.
Tras la reforma contra el outsourcing en 2021, muchas empresas simplemente cambiaron de nombre a la subcontratación, ahora se presentan como “servicios especializados”. En papel cumplen y en la realidad, precarizan. El problema es claro, la ley existe, pero no alcanza.
La regulación de la seguridad privada, por ejemplo, está fragmentada entre los estados y la federación. No hay un padrón único, no hay controles homogéneos, no hay supervisión efectiva.
El resultado son empresas que operan en la opacidad, sin garantizar derechos básicos. Y en el sector de la limpieza, la situación es aún más difusa.
Miles de trabajadores quedan atrapados en esquemas ambiguos donde nadie asume responsabilidad plena como patrón.
Aquí es donde el Estado entra o más bien, donde debería entrar. Porque lo que falta no es solo voluntad moral, sino arquitectura legal.
Primero, debe existir la inspección laboral real y constante, no simulaciones, no operativos esporádicos. Debe haber inspecciones que sancionen de verdad. Segundo, debe haber una responsabilidad solidaria obligatoria. Que los condominios, empresas o instituciones que contratan estos servicios también respondan legalmente por las condiciones laborales.
Porque hoy, el beneficiario del servicio puede mirar hacia otro lado. Tercero, regulación nacional de la seguridad privada, donde haya un sistema único de registro, certificación y supervisión.
Cuarto, límites claros a las jornadas laborales en estos sectores. Porque hay prácticas que, aunque normalizadas, contradicen el espíritu mismo de la ley.
Quinto, acceso garantizado a seguridad social desde el primer día. No semanas después, no “cuando se pueda”, sino desde el inicio.
Y hay algo más incómodo, pero necesario. La precariedad también se administra desde el presupuesto. Gobiernos que contratan servicios al menor costo posible, suelen estar financiando condiciones laborales indignas.
La austeridad, cuando se aplica sin criterios sociales, también precariza. El Estado no puede exigir legalidad, mientras compra ilegalidad.
Y aquí viene el fondo del asunto, no estamos hablando solo de trabajadores invisibles, estamos hablando de un modelo laboral que permite que la dignidad sea opcional.
Un modelo donde la ley existe, pero no protege. Donde el cumplimiento es la excepción y la simulación, la regla.
Si México quiere hablar en serio de seguridad, de bienestar, de justicia social, no puede seguir ignorando a quienes sostienen lo más básico.
Porque un país que descuida a quienes lo cuidan, no está fallando en los márgenes, está fallando en el centro.
Y usted ¿Qué piensa?
Dedico la Mirada Pública de hoy al personal de limpieza, quienes llegan antes que todos y se van cuando ya nadie mira, para mantener limpias nuestras ciudades, nuestras oficinas, nuestras casas.
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.