Betty Astudillo
MIRADA PÚBLICA
Patriotismo, obediencia y poder: ¿cómo se prepara el terreno para una dictadura?
Una democracia no se pierde sólo cuando los tanques salen a las calles. También puede debilitarse en silencio cuando el poder concentra recursos, reduce los contrapesos, premia la lealtad personal y convierte a las instituciones del Estado en soportes de su permanencia.
Por eso debemos preguntar: ¿dónde termina la disciplina militar y dónde comienza la subordinación política? El honor de un soldado no consiste en obedecer a una persona, sino en servir a la nación dentro de la Constitución y la ley. Porque el autoritarismo no siempre llega desde fuera de la democracia. A veces se construye desde dentro.
Las Fuerzas Armadas cumplen tareas esenciales. Pero su obediencia debe tener un límite claro: una orden ilegal no se vuelve legítima porque provenga de un superior. Tlatelolco nos recuerda el costo de borrar ese límite. En 2024, el Gobierno federal reconoció políticamente la represión del 2 de octubre de 1968 como crimen de lesa humanidad y ofreció una disculpa pública.
Hoy la preocupación no se limita al uso de la fuerza. En México, la participación militar se ha extendido hacia la seguridad pública, la infraestructura y la administración de empresas estatales. Un estudio académico de 2025 advirtió sus consecuencias para la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía económica militar.
Cuando una institución administra obras, negocios y presupuestos estratégicos, acumula recursos e influencia. Si recibe funciones y protección gracias a su cercanía con el gobierno, cuestionarlo puede volverse costoso. La dependencia no necesita una orden escrita, puede construirse con recompensas, silencios y privilegios.
Cuba muestra hasta dónde puede llegar esa lógica. Allí, GAESA, vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, controla actividades económicas estratégicas con limitada supervisión pública. México no es Cuba. Pero la autonomía económica puede convertirse en poder de veto y en resistencia a la rendición de cuentas.
A esto se suma la impunidad. Human Rights Watch ha señalado abusos militares y obstáculos en investigaciones de derechos humanos, incluido el caso Ayotzinapa. Una denuncia no es una sentencia, pero exige una investigación independiente.
La militarización no conduce inevitablemente a una dictadura. Pero debe preocuparnos cuando coincide con decisiones concentradas, controles civiles débiles, opacidad, privilegios y descalificación de la disidencia. La opacidad oculta beneficios, los beneficios producen dependencia, la dependencia desalienta la crítica y la falta de crítica facilita todavía más poder.
Así puede vaciarse una democracia sin cancelar sus ceremonias. Puede conservar elecciones y discursos patrióticos mientras pierde la capacidad de limitar a quienes gobiernan. Ese es el riesgo más difícil de reconocer, el deterioro gradual termina pareciendo normal.
El patriotismo no consiste en defender a un gobernante de toda crítica. Consiste en defender a la Nación, a su Constitución y a los valores que nos hacen humanos. Fiscalizar a las Fuerzas Armadas no significa debilitarlas; significa impedir que intereses particulares comprometan su misión. Tenemos una institución que merece confianza, pero no tenemos un sistema que puede corregirla cuando falla.
Una dictadura no se construye sólo con armas. También necesita instituciones que dejen de cuestionar, élites que confundan sus privilegios con el interés nacional y ciudadanos que acepten la obediencia como sustituto del patriotismo.
Y usted, ¿qué piensa?
La patria no pertenece a un presidente, no pertenece a un partido ni a los altos mandos militares: pertenece a la gente, al pueblo. Defenderla exige impedir que cualquier poder uniformado o elegido en las urnas, se coloque por encima de la ley.
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública

