Mirada Pública
Por: Betty Astudillo
Profesionistas sin control y ciudadanos sin defensa.
Hoy quiero hablar de algo que parece técnico, pero que afecta la vida cotidiana de cientos de personas: la regulación del ejercicio profesional en México.
Porque todos, en algún momento, confiamos en un profesionista: un médico, un abogado, un arquitecto, un contador.
Confiamos en que sabe. En que está preparado. En que actuará con ética, pero, ¿qué pasa cuando eso no ocurre?
En México existe la cédula profesional, emitida por la Secretaría de Educación Pública.
En teoría, acredita que una persona concluyó estudios formales y está habilitada para ejercer.
Pero en la práctica, no siempre es un requisito exigido para ejercer en todos los ámbitos y en muchos casos, tampoco se verifica.
Eso abre una zona gris peligrosa, porque el ciudadano promedio no siempre sabe cómo comprobar credenciales, ni cómo evaluar la calidad de un servicio profesional.
Y cuando algo sale mal, las consecuencias son difusas. Demandar por mala práctica puede ser costoso, lento y complejo.
Muchas veces, el daño ya está hecho: una obra mal construida, un proceso legal mal llevado o una atención médica deficiente.
La indefensión no es solo jurídica, también es informativa. Aquí aparece una falla estructural.
El Estado debería garantizar que quien ofrece un servicio profesional cumpla estándares mínimos verificables.
Pero la supervisión es limitada, fragmentada o reactiva. En muchos casos, la autoridad interviene solo cuando el problema ya escaló y eso deja al ciudadano en una posición vulnerable.
¿Dónde quedan entonces los colegios de profesionistas?
En algunas disciplinas, los colegios funcionan como espacios de autorregulación: establecen códigos de ética, ofrecen certificaciones y promueven actualización constante.
Pero su afiliación no siempre es obligatoria y su capacidad sancionadora es, en muchos casos, limitada.
Es decir: existen, pero no necesariamente garantizan calidad generalizada.
El resultado es un sistema donde conviven profesionistas altamente capacitados y éticos, con otros que operan sin supervisión efectiva.
Y el ciudadano tiene que distinguir entre unos y otros, muchas veces sin herramientas suficientes.
Esto no es menor. La confianza en los servicios profesionales es parte del funcionamiento básico de una sociedad.
Sin ella, se encarecen los procesos, se multiplican los conflictos y se debilita el tejido institucional.
Regular no es obstaculizar es proteger. Proteger al paciente, al cliente, al usuario, pero también dignificar el ejercicio profesional.
Porque cuando cualquiera puede ejercer sin consecuencias claras por malas prácticas, no solo se afecta a quien contrata. Se devalúa toda una profesión.
Y la pregunta es inevitable: ¿quién protege hoy al ciudadano frente a la mala práctica profesional? ¿y quién garantiza que quien cobra como experto, realmente lo sea?
Usted, ¿qué piensa?
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.