Mirada Pública
Betty Astudillo
¿Cuántos recién nacidos más tienen que morir para que el Estado actúe?
Hay preguntas que una sociedad nunca debería verse obligada a formular: ¿cuántos bebés tienen que morir en un hospital para que una infección asociada a la atención médica deje de tratarse como un asunto administrativo y se investigue hasta sus últimas consecuencias?
En Durango murieron cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS. El Instituto confirmó que cuatro tenían Klebsiella pneumoniae, bacteria presente en la microbiota normal del intestino y las vías respiratorias, pero también un patógeno oportunista de gran relevancia médica. Investiga si fue causa directa de las muertes o contribuyó a ellas.
En Jalisco, el IMSS reconoció seis fallecimientos de recién nacidos en los que una infección asociada a la atención hospitalaria figura entre las causas de muerte. En la Ciudad de México, una madre denunció que hasta siete recién nacidos habrían muerto en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, presuntamente en casos relacionados con Klebsiella pneumoniae.
Esos siete fallecimientos no han sido confirmados oficialmente: se trata de una denuncia que debe investigarse y corroborarse. Sin embargo, la falta de información de la Secretaría de la Defensa Nacional agrava la incertidumbre. Hasta ahora no conocemos un comunicado de la SEDENA que confirme las muertes o reconozca oficialmente un brote en ese hospital. El silencio no prueba la denuncia, pero tampoco despeja las dudas. El Ejército debe informar de la situación.
La gravedad es mayor porque hablamos de recién nacidos, que dependen por completo de otros para respirar, alimentarse, mantener su temperatura y sobrevivir. Un bebé prematuro o enfermo puede tener un sistema inmunológico inmaduro y requerir ventilación, catéteres u otros procedimientos invasivos; una infección puede convertirse rápidamente en una amenaza mortal.
Por eso, la higiene hospitalaria, el lavado de manos y la desinfección de equipos no son asuntos menores. El aislamiento, la vigilancia microbiológica, la detección temprana de brotes y el uso adecuado de antibióticos son esenciales para la seguridad del paciente; pero ¿Qué está fallando?
Destituir a un funcionario puede ser una medida administrativa, pero no equivale a rendir cuentas. En Durango, el IMSS destituyó a su delegada tras la muerte de los cinco recién nacidos y anunció investigaciones. En Jalisco realizará una auditoría clínica colegiada e independiente para determinar si hubo infecciones asociadas a la atención, si contribuyeron a las muertes y si existieron fallas prevenibles.
No podemos afirmar que no existan investigaciones o posibles responsabilidades penales. Sí debemos exigir que, si se acreditan negligencia, omisiones o incumplimiento de protocolos, haya consecuencias legales proporcionales. Una muerte no puede reducirse a un número dentro de un informe administrativo.
México tiene antecedentes. Entre 2014 y 2015, un brote de Klebsiella pneumoniae que afectó principalmente el área de cuneros y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Culiacán estuvo relacionado con la muerte de 23 recién nacidos. La CNDH de ese entonces, documentó deficiencias y el IMSS reconoció negligencia. Años después seguimos hablando de infecciones hospitalarias y posibles fallas prevenibles. ¿Cuánto necesita el sistema de salud para aprender de sus tragedias?
Hay otra consecuencia de la que nadie quiere hablar: la pérdida de confianza. Una familia que lleva a su hijo a un hospital público espera atención segura, no tener que preguntarse si ese lugar puede convertirse en una fuente de infección o en la tumba de su bebé.
Cuando la confianza se rompe, quienes tienen recursos buscan alternativas. Pero la medicina privada cuesta: consulta, estudios, medicamentos, hospitalización neonatal y traslado. La desigualdad es brutal: quien puede pagar busca otra opción; quien no, depende por completo del sistema público. La salud no debería depender de la capacidad de compra.
Necesitamos recuperar la vigilancia epidemiológica como prioridad nacional: detectar brotes a tiempo, investigar, aislar, prevenir, informar y actuar antes de que la mortalidad obligue a reaccionar. Las bacterias no esperan comunicados, los brotes no esperan conferencias y los recién nacidos no pueden esperar.
No se trata de encontrar apresuradamente a un culpable para cerrar un expediente, sino de conocer la verdad, reparar a las familias, establecer responsabilidades cuando correspondan y evitar que vuelva a suceder.
Un hospital puede enfrentar carencias administrativas o presupuestales; pero, cuando un recién nacido muere posiblemente por una infección asociada a la atención hospitalaria, no es importante saber cuánto cuesta atenderlo, sino cuánto nos está costando, como sociedad, haber dejado de prevenir.
Y usted, ¿qué piensa? ¿Cuántos bebés más tienen que morir para que la seguridad hospitalaria vuelva a ser una prioridad de Estado?
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.