Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
En Japón no hay una ley que obligue a un funcionario a suicidarse por corrupción, pero culturalmente es un hecho que ha ocurrido en varios casos, a menudo motivado por la presión política, la humillación pública y la intención de evitar que el escándalo se extienda más allá de su vida.
No existe una norma legal que obligue a un funcionario público a suicidarse al ser sorprendido en actos de corrupción, sí es un fenómeno documentado y con tradición cultural. En la sociedad japonesa, el suicidio ha sido históricamente visto como una forma de “escapar” de la humillación pública, o de evitar la vergüenza política, especialmente en casos de corrupción o malversación de fondos.
Toshikatsu Matsuoka, ministro de Agricultura, se ahorcó en su casa en Tokio, horas antes de comparecer ante el Parlamento, acusado de recibir donaciones de hasta 107.000 dólares durante tres años de 14 constructoras vinculadas a proyectos públicos, Matsuoka dejó notas explicando su decisión y expresando disculpas.
No es de esperarse un caso similar en México, pero ante las evidencias que hay, Guadalupe Tadei debería irse de la institución que, dentro de la democracia, debe inspirar transparencia, honestidad y buena imagen.
Desde que llega la Instituto Electoral de Sonora ya estaba señalada, su llegada más bien responde a los tiempos actuales en que las negociaciones determinan el camino a seguir, y bueno, en medio de las sospechas de corrupción que hay la funcionaria mínimamente debería tomar la determinación seria de presentar su renuncia con carácter de irrevocable, pero no, seguramente será protegida por el sistema en el gobierno denominado 4T.
Pero vayamos al “caso Tadei”.
Jonathan Navarrete Torres, registrado oficialmente como “Chofer de Presidencia del Consejo”, adscrito a la oficina de Taddei desde el 15 de abril de 2025, cobra 45,765 pesos mensuales con nivel LC4 de jefe de departamento. Un chofer normal en el INE gana alrededor de 30 mil pesos.
En la declaración patrimonial de Jonathan Navarrete dice que su función es “transporte de manera segura y eficiente” de la presidenta, sin embargo, funcionarios y personal de seguridad aseguran que no acude al INE, que nadie lo conoce. Incluso el secretario ejecutivo, Roberto Félix, dijo desconocerlo y pidió informe a Administración.
La camioneta que debe manejar Jonathan Navarrete está sola en el estacionamiento. Quien acompaña a Guadalupe Taddei siempre es otro colaborador llamado “Luis”.
Desde el 28 de junio de 2023, Navarrete tiene poder general para pleitos y cobranzas del Corporativo Zeg, según el Registro Público de Comercio. No lo declaró en su patrimonial de junio de 2026, donde dijo no tener participación en empresas en los últimos 2 años. Esto podría llevarnos a pensar que hay conflicto de interés.
La relación de Taddei con empresas proveedoras: Corporativo Zeg y Cajas Graf, de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, son hoy las principales proveedoras de material electoral del INE, las dos empresas aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia en abril de ese año; el representante legal era Jesús Octavio García González, a quien Taddei nombró director de Administración del INE en septiembre de 2025, pero renunció en abril de 2026 tras denuncia por conflicto de interés.
Las empresas fueron investigadas por la UIF, quien les congeló cuentas en 2024 por presunto lavado y vínculos con crimen organizado, por su parte la Auditoria Superior de la Federación detectó prácticas ilícitas, y por la Cofece se abrió expediente en mayo 2024 por prácticas monopólicas. Aun así, en febrero de 2025 el INE les adjudicó 197 millones de pesos para la elección judicial.
Cuando Taddei presidía el Instituto Electoral de Sonora, Cajas Graf obtuvo un contrato por 46.9 millones en 2021. El mismo patrón se repite en Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez dio 32 mdp a Zeg, cuando era secretaria ejecutiva local; luego Taddei la hizo titular de la Unidad de Género del INE. En Chihuahua, Claudia Arlett Espino dio 33.9 mdp a Cajas Graf; luego fue secretaria ejecutiva del INE impulsada por Taddei.
Además, la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2024 detectó otro caso: Comercializadora JVLY y Formas Finas recibieron 216 mdp, de institutos encabezados por Taddei y colaboradoras, con probable daño de 63.2 mdp por no acreditar entrega.
…Y que no venga Guadalupe Taddei en que las preguntas incomodas son “majaderías” contra su persona, porque quien debe cuidar que no se roben los votos, ahora está bajo sospecha de robarse millones de pesos en contratos y licitaciones.
Ante lo anterior, si el gobierno de Claudia tiene un poco de dignidad y de vergüenza, Guadalupe Taddei debería irse.