MIRADA PÚBLICA
Betty Astudillo
¿Salud universal o saturación universal?
Hay anuncios que suenan tan bien que cuesta trabajo cuestionarlos. Uno de ellos, es la promesa de universalizar los servicios de salud. El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que, a partir de enero de 2027, comenzarán a operar 12 mil 750 consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud en los 24 estados donde funciona el IMSS-Bienestar.
La propuesta parece incuestionable, que cualquier persona pueda acudir a un consultorio público, aunque no sea derechohabiente del IMSS o del ISSSTE. Según el Gobierno, la red sumará alrededor de 50 millones de consultas al año. El objetivo es valioso, pero abrir la puerta de un consultorio no equivale, por sí mismo, a ampliar la capacidad de todo el sistema.
La atención primaria puede resolver padecimientos frecuentes y evitar que un problema sencillo termine en el hospital. Sin embargo, cuando un paciente necesita estudios, especialista, cirugía, hospitalización o un tratamiento complejo, esa puerta de entrada se conecta inevitablemente con una red que ya enfrenta carencias.
El desafío es evidente, si crece el número de personas que ingresan al sistema, también deben crecer las camas, los quirófanos, los laboratorios, los medicamentos y el personal. De otro modo, la universalización del acceso puede convertirse en universalización de la espera.
El Gobierno afirma que aprovechará espacios existentes y que los nuevos consultorios tendrán equipo, personal médico y de enfermería, medicamentos básicos y mecanismos de referencia hacia centros de salud u hospitales. Ahí se juega la viabilidad del proyecto, no basta con instalar puntos de consulta; hace falta garantizar que cada referencia encuentre capacidad real de respuesta.
También importa quién atenderá esos espacios y en qué condiciones. La convocatoria prevé apoyos mensuales de hasta 19 mil 200 pesos para médicos, 13 mil 350 para profesionales de enfermería y 11 mil para personal técnico de enfermería. En contraste, el Observatorio Laboral, con datos de la STPS y el INEGI del segundo trimestre de 2026, reporta ingresos promedio mensuales de 25 mil 776 pesos en Medicina y 16 mil 954 en Enfermería y cuidados.
La comparación no condena de antemano al programa, pero sí obliga a revisar si las condiciones ofrecidas serán suficientes para contratar y retener al personal que exige una expansión de esta magnitud, sobre todo en regiones donde ya es difícil cubrir plazas.
El otro eje es el financiamiento. El Gobierno debe explicar con precisión cuánto costará atender a la población adicional, qué institución absorberá cada servicio, cómo se compensarán los costos entre dependencias y qué recursos acompañarán al paciente cuando pase del consultorio al hospital. La cobertura universal no puede descansar sobre una infraestructura saturada ni sobre transferencias de responsabilidad sin presupuesto.
Defender esta cautela no significa excluir a quienes carecen de seguridad social. Al contrario, la salud debe ser un derecho y no un privilegio condicionado por una credencial. Precisamente por eso, la promesa necesita presupuesto, infraestructura, medicamentos y trabajadores suficientes. Sin esos soportes, el derecho corre el riesgo de existir en el discurso y diluirse en la sala de espera.
El mecanismo de registro merece la misma claridad. Los Servidores de la Nación participan en la credencialización del Servicio Universal de Salud y la presidencia ha señalado que estas estructuras ya registran beneficiarios de programas sociales. Tratándose de información sanitaria —especialmente sensible— es indispensable definir qué datos se recopilarán, quién podrá consultarlos, cómo se protegerán y de qué manera se vincularán con el expediente clínico electrónico.
La universalización puede transformar históricamente el sistema mexicano de salud, pero no se concreta con decirle al ciudadano “puedes entrar”. Debe garantizar que al cruzar la puerta encuentre un médico, medicamentos, estudios, un especialista cuando sea necesario y una cama cuando la enfermedad sea grave. También debe asegurar condiciones dignas para quienes sostienen la atención.
México quiere salud para todos, es indiscutible. Lo decisivo es cuánto costará, quién lo pagará y qué capacidad real tendrá el sistema para cumplir lo prometido.
Abrir la puerta de la salud pública es un buen comienzo. La verdadera medida del proyecto estará del otro lado: en la capacidad de atender, resolver y acompañar a cada persona sin convertir el acceso universal en una lista de espera universal.
Y usted, ¿qué piensa? Esa también es salud pública, y ése es el examen que la propuesta presidencial tendrá que aprobar, pero ante las evidencias, está en duda.
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.