¿Y los abusos que sí padecemos en internet?

Betty Astudillo
Mirada Pública
¿Y los abusos que sí padecemos en internet?

La semana pasada hablábamos de la ley antimemes. Mientras el debate legislativo se concentra en la responsabilidad de los proveedores y el uso de obras protegidas, quedan relegados abusos cotidianos: fraudes, suplantación de identidad, robo de datos, publicidad engañosa, acoso, amenazas y difusión de información personal sin consentimiento.

El usuario no necesita sólo reglas sobre lo que puede publicar, sino rutas claras para denunciar fraudes, detener cobros indebidos, proteger sus datos y obtener respuesta cuando una plataforma, anunciante o proveedor incumple.

El problema es especialmente delicado cuando internet ofrece consultas, tratamientos, medicamentos o supuestas curas sin información suficiente, supervisión verificable ni advertencias claras. La publicidad engañosa puede entonces afectar el patrimonio, retrasar la atención médica y poner en riesgo la salud.

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¿Ante quién se denuncia cuando el anuncio desaparece, la cuenta cambia de nombre o la plataforma alega que sólo conecta a usuarios y proveedores? La víctima suele repetir información ante distintas autoridades y esperar respuestas tardías o inexistentes.

México tiene disposiciones sobre protección al consumidor, datos personales, publicidad, salud y delitos, pero el entorno digital avanza más rápido que su actualización, coordinación y aplicación. Las competencias están fragmentadas, los procedimientos no responden siempre a operaciones digitales y persisten zonas grises sobre la responsabilidad de las plataformas.

Ese rezago favorece a quien defrauda: mientras la víctima busca qué autoridad debe intervenir, el anuncio se replica, el dinero desaparece y la cuenta adopta otra identidad. Una ley sin denuncia sencilla, seguimiento oportuno y medidas rápidas de protección deja sola a la ciudadanía frente al daño; en los hechos, no sirve.

La regulación debe abarcar a todos los actores. Más que nuevas cargas o restricciones indirectas, hacen falta procedimientos transparentes, criterios verificables, coordinación institucional, derecho de audiencia, vías de impugnación y obligaciones para conservar evidencia, identificar anunciantes y responder denuncias.

La publicidad digital de servicios médicos también exige reglas eficaces: quien anuncie consultas, tratamientos o productos debe identificar al prestador, acreditar credenciales e informar riesgos, precio total y canales de reclamación. Las plataformas no pueden lucrar con esos anuncios y desentenderse cuando son falsos o peligrosos.

La denuncia tampoco puede convertirse en una segunda barrera mediante formularios sin folio, respuestas automatizadas, plazos inciertos o trámites que obligan a empezar de nuevo, sobre todo cuando están en juego el patrimonio, los datos personales o la salud.

Combatir estos abusos no debe servir de pretexto para debilitar la libertad de expresión. Los memes y las caricaturas políticas son formas contemporáneas de opinión y crítica; que sean incómodos, mordaces o exagerados no los convierte automáticamente en delitos.

La crítica política debe distinguirse del fraude, la suplantación de identidad y el uso ilícito de obras protegidas. Ante una infracción, la respuesta debe ser proporcional, clara y respetuosa de las garantías legales. No basta negar una intención censora: la redacción y los mecanismos de revisión deben impedir abusos.

El Estado debe construir un entorno digital seguro, pero su responsabilidad va más allá de crear infracciones y sanciones: debe prevenir, proteger a las víctimas, investigar, exigir transparencia a las plataformas y permitir que las decisiones sobre anuncios, servicios y contenidos sean cuestionadas.

Internet necesita reglas claras, pero la discusión central es cuáles, para qué, con qué límites y, sobre todo, mediante qué procedimientos una denuncia producirá una respuesta real y oportuna.

México no puede seguir legislando para un entorno digital que ya no existe. Mientras las estafas se automatizan, la publicidad cruza fronteras en segundos y los servicios médicos se ofrecen desde perfiles difíciles de identificar, las instituciones responden con trámites lentos, normas dispersas y responsabilidades poco claras.

Una sociedad democrática puede perseguir el fraude sin debilitar la sátira; proteger a pacientes y consumidores sin vigilar sus opiniones; y regular a las plataformas sin convertirlas en árbitros opacos de la conversación pública.

Y usted, ¿qué piensa?

Porque el Estado debe proteger a la ciudadanía de los abusos digitales, no conseguir que la ciudadanía tenga miedo de expresarse en internet.

Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.

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