MIRADA PÚBLICA
Betty Astudillo
Cuando enfermarse también empobrece
Hay derechos que creemos tener garantizados hasta que necesitamos ejercerlos. Uno de ellos es el derecho a la salud. En México, enfermarse no solamente puede significar dolor, incertidumbre o miedo; para millones de personas también significa sacar la cartera, endeudarse, elegir qué medicamento comprar y cuál dejar para después.
En el reciente webinar “¿Qué es la inflación médica y cómo afecta a los pacientes?”, organizado por Soy Paciente, especialistas pusieron sobre la mesa una realidad que debería preocuparnos a todos: enfermarse puede convertirse también en un problema económico.
La doctora Judith Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, señaló que México destina actualmente alrededor del 2.6 por ciento del PIB a salud, mientras que el nivel internacional recomendado como piso es del 6 por ciento. La brecha presupuestaria no se queda en las cifras: se traduce en consultas postergadas, recetas incompletas y tratamientos interrumpidos.
Mientras el gobierno nos dice que estamos de maravilla, entre 2018 y 2024, la inflación general acumulada fue de 39.6 por ciento, pero los medicamentos registraron un incremento mayor: 53.6 por ciento desde 2018, de acuerdo con los datos presentados por especialistas.
El ejemplo de la metformina resulta revelador: una presentación de 30 tabletas que en 2018 podía encontrarse entre 30 y 150 pesos, en 2024 llegó a costar entre 45 y casi 400 pesos. Ahora pensemos en quien necesita medicamentos todos los días.
En 2024, cada hogar destinó en promedio 6 mil 421 pesos a gastos relacionados con salud, y el 38.3 por ciento correspondió a medicamentos. La consecuencia se siente directamente en los bolsillos, incluso entre quienes cuentan con seguridad social.
Según los especialistas, 40 por ciento del gasto en salud de una persona derechohabiente del IMSS sale de su propio bolsillo. En el caso del ISSSTE, la proporción llega al 52 por ciento. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué significa ser derechohabiente si una parte tan importante del costo termina recayendo en el paciente?
Y todavía hay otro dato que debería encender las alarmas: seis de cada diez personas que necesitan atención terminan recurriendo al sector privado, incluso cuando cuentan con algún esquema de seguridad social. Eso incluye consultorios adyacentes a farmacias. No necesariamente porque la gente quiera pagar, sino porque necesita resolver.
Cuando hablamos de medicamentos, la diferencia también puede ser enorme. De acuerdo con el estudio referido de Profeco, los medicamentos originales de marca pueden costar hasta diez veces más que los genéricos. Comparar precios y conocer alternativas puede ayudar, pero no resuelve por sí solo el fondo del problema.
Porque quizá el dato más doloroso es este: una de cada cinco personas interrumpe su tratamiento por algún problema económico. No estamos hablando solamente de consumidores que buscan una oferta; estamos hablando de personas que pueden dejar de tomar un medicamento porque no pueden pagarlo.
Y cuando se trata de enfermedades crónicas, suspender un tratamiento puede significar complicaciones y, paradójicamente, mayores gastos en el futuro. Los especialistas lo resumieron de una manera contundente: cada peso que no se gasta en salud puede convertirse después en un costo dos o tres veces mayor.
Frente a este escenario, instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Profeco y la Conamed tienen responsabilidades distintas, pero conectadas por un mismo principio: que la salud no se convierta en un privilegio condicionado por la capacidad económica.
Los especialistas recomiendan utilizar los mecanismos institucionales de queja cuando una receta no sea surtida o cuando existan obstáculos para consultas, especialistas, estudios o tratamientos. También señalan la posibilidad de recurrir a Cero Desabasto para reportar irregularidades, acudir a la Conamed ante problemas relacionados con la calidad de la atención médica y, cuando sea necesario, promover un amparo para hacer valer el derecho a la salud.
Pero no podemos aceptar que toda la responsabilidad recaiga en quien está enfermo. No basta con decirle: compare precios, busque un genérico, presente una queja, consiga una cita o denuncie el desabasto. El sistema también tiene que funcionar, porque una persona enferma no debería convertirse en administradora de obstáculos.
La inflación médica no solamente encarece consultas y medicamentos: puede profundizar la desigualdad. Quien tiene dinero puede comprar el medicamento; quien tiene menos recursos puede partir la dosis, retrasar la consulta, pedir prestado o simplemente dejar el tratamiento.
Por eso el debate sobre el presupuesto de salud no es solamente un asunto de economistas. Es un asunto de derechos humanos, de justicia social y de dignidad. También es una llamada de atención para nuestras instituciones.
Cuando una persona deja de tratarse por falta de dinero, no estamos ante una simple decisión de consumo. Estamos ante una falla que debería preocuparnos a todos.
Y usted ¿qué piensa?
Porque la enfermedad ya es suficientemente dura. No hagamos que la pobreza sea otra de sus complicaciones.
Nos escuchamos en la próxima Mirada Pública.