Sanciones, ya… Un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE denuncia que al corte del 7 de mayo, el 67 por ciento de los cuatro mil 41 candidatos en contienda en 14 entidades del país (dos mil 713), no han presentado reporte de operaciones de ingresos y gastos de campaña a través del Sistema Integral de Fiscalización de esta autoridad electoral.

Precisa que a través del SIF se tiene el registro de sólo 11 mil 619 operaciones, que equivalen a 2.88% de operaciones reportadas por cada candidato. Los candidatos a gobernador elevaron en la última semana, su registro promedio de 15 operaciones por ciudadano a 34.5. En diputados, pasó de una operación por aspirante a 2.6 movimientos, y para presidentes municipales subió de 0.8 a 2.2 por abanderado.

Durante la sesión de este miércoles del Consejo General del máximo organismo comicial, se expuso que en promedio, el número de operaciones en los últimos siete días se incrementó en 200%; aunque el porcentaje de candidatos sin reporte de operaciones sigue siendo alto.

Los consejeros electorales conocieron y aprobaron, por unanimidad, diversas sanciones por errores y omisiones administrativas en la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precandidatos partidistas a distintos cargos de elección popular, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.

Además, fijó sanciones por omisiones y errores administrativos en los Informes de los Ingresos y Gastos del proceso de obtención del apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes al cargo de Gobernador en los estados de Oaxaca y de Hidalgo; así como de gobernador, diputado local y ayuntamientos en el estado de Tamaulipas.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, anota que “la fiscalización es una tarea colectiva”, en la cual los partidos y los candidatos “tienen una obligación para que la fiscalización llegue a buen puerto, y el INE tiene la obligación de auditar”.

La intención de la autoridad al impulsar las actuales acciones de fiscalización –subrayó- es crear a los partidos políticos y sus candidatos “un contexto de exigencia para que cumplan con la ley. Si los partidos no registran la fiscalización va a fracasar, ese es el tamaño del desafío y de la alerta que estamos poniendo sobre la mesa; si no reportan la fiscalización va a fracasar”.

Expuso que la transparencia rige la fiscalización, y el informe evidencia “un incumplimiento de gran escala”, no sólo por no reportar informes de ingresos y gastos, sino “también del incumplimiento y la obligación de reportar avisos de contratación”; y pide que la próxima semana se presente ante el Consejo General “un informe sobre el reporte a la autoridad de las agendas de actividades”.

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, acusa que el informe evidencia que “dos de cada tres candidatos que están en campaña, no han rendido cuentas de sus ingresos y gastos”.

En otro punto de la sesión, el Consejo General declaró -por unanimidad- infundado un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, iniciado en contra del Partido de la Revolución Democrática y de su entonces candidato a Presidente Municipal de Centro, en el estado de Tabasco.

Cierto, la recuperación de la confianza ciudadana “es imposible sin rendición de cuentas y transparencia por parte de los actores políticos”. Si bien, no basta tener partidos fuertes, competitivos y con sólidas maquinarias; también se necesitan partidos que muestren sus fuentes de financiamiento y sus formas de gasto. Partidos y candidatos abiertos al escrutinio financiero…

Justicia, en Edomex… Los seis diputados federales antorchistas exigen a las autoridades mexiquenses que encabeza el gobernador Eruviel Ávila Villegas, investiguen el asesinato de Christian Ramos Melchor, quien era responsable del trabajo de esa organización en Atlacomulco y otros 15 municipios de la zona norte del Estado de México; y claman se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Además, reclaman no quede impune este hecho, como ha ocurrido con el caso de Manuel Serrano Vallejo, padre de la diputada federal Maricela Serrano Hernández, de quien a dos años de su asesinato, se desconoce el paradero de sus restos mortales; incluso los autores intelectuales se encuentran libres.

Christian Ramos Melchor fue asesinado la mañana de este martes. De 30 años de edad, realizaba trabajo en 16 municipios de la zona norte mexiquense. No tenía vicios y era disciplinado. Su vida fue ordenada, de manera que no se le puede relacionar con otras circunstancias que pudieran motivar su homicidio.

Por ello, los legisladores federales por el Estado de México: Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón y Héctor Javier Álvarez Ortiz; como los de Puebla: Juan Manuel Celis Aguirre, Edith Villa Trujillo y Hersilia Córdova Morán, se pronuncian porque en la entidad mexiquense no haya impunidad y se castigue el delito, que “se debe a motivos políticos”.

Y es que el asesinato –aducen–, se registra en un contexto particular, cuando el antorchismo mexiquense sostiene luchas ante varios ayuntamientos cuyos alcaldes se niegan a atender las necesidades de miles de familias, como los casos de la alcaldesa de Nicolás Romero, Angelina Carreño, y los presidentes de Los Reyes La Paz y Toluca.

Con todo, el antorchismo prepara dos protestas multitudinarias para celebrar los aniversarios de la organización en Chimalhuacán, que reunirá a 100 mil personas; e Ixtapaluca, que concentrará a 80 mil.

En tanto, los diputados antorchistas afirman que darán seguimiento a la investigación que realicen las autoridades correspondientes; porque en México no debe prevalecer la impunidad ni atropellos en contra de la ciudadanía. Sería más fácil que ese homicidio sea aclarado, a esperar marchas, plantones y protestas continuas…