El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este viernes el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana en materia de energía, luego de que el pasado miércoles la Comisión Permanente del Congreso declarara su validez constitucional.

Con esta que es una de las reformas más trascendentales en las últimas cinco décadas, inicia una nueva etapa para el desarrollo del país y se crea un marco jurídico de avanzada, que convertirá al sector en una auténtica fuente de desarrollo nacional, declaró en un mensaje emitido en Palacio Nacional.

Tras reiterar que este cambio constitucional asegura la propiedad de la nación sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como sobre los hidrocarburos y la renta petrolera, enfatizó que en México habrá más energía a menores costos, con un incremento a la soberanía y la seguridad energética.

El presidente Peña Nieto sostuvo que esta reforma permitirá que México “crezca más rápido y se generen más empleos”.

Con esta reforma, se fortalecerá la soberanía nacional y se incrementará la seguridad energética de México”.

Gracias por decir sí, a una reforma histórica, fundamental para el futuro”, expresó el mandatario.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que “habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en mejoras para la calidad de vida de todos los mexicanos”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.

Asimismo, mencionó que “mantengo la firme convicción de que esta legislatura ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso”. 

El presidente se encuentra en Palacio Nacional, tras su llegada de una gira de trabajo por Turquía.

Algunos puntos clave sobre la reforma energética

– Pemex y CFE pasarán de ser organismos descentralizados a “empresas productivas del  Estado”, cuya operación se sustentará en criterios de eficacia, eficiencia, honestidad,  productividad y transparencia con base en las mejores prácticas de su sector respectivo. Mientras cambian de régimen, Pemex y CFE podrán celebrar contratos con particulares bajo el nuevo marco legal vigente. Establece un plazo de dos años, a partir de la publicación de esta reforma, para que ambas se conviertan en empresas productivas del Estado.

– Se excluye al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de participar en el Consejo de Administración de Pemex, con lo que desaparecerá su influencia en las decisiones que tome en el futuro este órgano de gobierno. Este Consejo se conformará por cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo el secretario de Energía ‒quien lo presidirá y tendrá voto de calidad‒, y cinco consejeros independientes.

– Los esquemas de contratación reconocen que el petróleo es propiedad de la nación en carácter de inalienable e imprescriptible, por lo que un esquema de concesiones permanece prohibido.

– La nación llevará a cabo la exploración y explotación de los hidrocarburos (líquidos y gaseosos) mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Las empresas productivas del Estado podrán también contratar con particulares.

-Se llamará ahora Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y recibirá todos los ingresos, con excepción de los impuestos. Este Fondo deberá transferir recursos de 10 por ciento al Sistema de Pensión Universal, de 30 por ciento para las inversiones en infraestructura y hasta de 10 por ciento para la formación de capital humano en universidades y postgrados. El fideicomiso se constituirá en 2014 para comenzar a operar en 2015. Será un fideicomiso público con el Banco de México como fiduciario.

– La nación conservará el control exclusivo del Sistema Eléctrico Nacional, el cual será operado por el órgano correspondiente, así como el servicio público de transmisión y distribución ‒en estas actividades no se otorgarán concesiones‒, sin perjuicio de que la nación pueda celebrar contratos con particulares en los términos que habrá de establecer la legislación secundaria. Se quitan las palabras “generar”, “conducir”, “transformar” y “abastecer” energía eléctrica como potestades exclusivas de la nación.